Ya no es sólo el desplome de los presupuestos asignados a I+D. Ni siquiera la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención que hizo que el año pasado la Administración General del Estado (AGE) dejara sin gastar 3.260 de los 4.635 millones consignados en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, el 70,3% total. El actual caballo de batalla de los científicos españoles es la excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.
Denuncian que, desde 2010, se han sucedido una serie de reformas legislativas que han intensificado los trámites administrativos dificultando que puedan sacar adelante sus proyectos. Hartos de esta situación, miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) empezaron a coordinarse la semana pasada a través de una reunión por Skype para trazar una hoja de ruta común que les permita hacer llegar sus reivindicaciones a la opinión pública y al Gobierno.
Aseguran que los problemas de la I+D española son muchos y variados, aunque lo que amenaza con llevarla a una situación de "colapso" a corto plazo es una "acumulación" de medidas de fiscalización y control del gasto que son ajenas a las particularidades de los centros de investigación, en los que las dinámicas de trabajo son particulares por su constante interacción con la industria y con instituciones.
El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.
"Cualquier gestión que implique un pago requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo impresionante para todo el personal administrativo e investigador. Los tiempos se dilatan de tal manera que tardamos hasta un año en contratar a una persona para un proyecto autorizado de tres años de duración", asegura a infoLibre Julio Cárabe, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), uno de los siete organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio de Economía, e impulsor de este movimiento de científicos.
También temen la "rigidez" de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impone limitaciones a los contratos menores –de hasta 15.000 euros y para los que no se necesita concurso público– sin tener en cuenta las particularidades de los centros de investigación. "Vamos a perder competitividad con nuestros socios extranjeros e incluso con nuestros colegas de las universidades", señala la ecóloga Marina Albentosa, del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
En este centro, según cálculos de sus trabajadores, el año pasado se dejó sin gastar el 50% del presupuesto. Además, su incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Albentosa recuerda que no siempre ha sido así: en 2013 la ejecución fue del 90% porque había "más flexibilidad".
"La ley tiene que estar hecha a la medida de aquello para lo que se aplica. Los medios siempre han sido escasos y ahora lo son todavía más, pero actualmente eso es casi menos urgente para nosotros que el hecho de poder gastar con agilidad lo poco que tenemos. Eso sí, con todo el control que haga falta porque el dinero público es sagrado", añade Cárabe, que pone el ejemplo de las cuotas de alrededor de 3.000 euros que estos organismos tienen que pagar para participar en foros internacionales y que tienen incluso que ser autorizadas por el Consejo de Ministros tras una larga serie de trámites. "No se puede trabajar así", subraya.
Reivindicaciones
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La iniciativa de coordinarse para visibilizar ante la opinión pública la situación de los organismos públicos de investigación surge después de años de protestas internas. "Nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar en un impasse como consecuencia de la crisis y de esta falta de sensibilidad sobre lo que implica y sobre cómo funciona la I+D", dice Albentosa."No buscamos culpables, buscamos soluciones. La situación es muy grave, los OPI pueden colapsar en pocos meses si no se ponen en marcha unas medidas que ni siquiera tienen coste presupuestario", añade Cárabe.
De hecho, en las últimas semanas coincidieron varias cartas y manifiestos en los que, por separado, miembros de diferentes OPI denunciaban su situación. El primero, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceanografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos".
Después le siguió el Ciemat, que en una carta publicada en el El País, atribuyeron la situación de "asfixia" del organismo a tres factores: la precarización laboral "crónica", las "fuertes limitaciones presupuestarias" y unas normas administrativas "letales" que no están diseñadas para estos organismos públicos. Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias.
Ya no es sólo el desplome de los presupuestos asignados a I+D. Ni siquiera la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención que hizo que el año pasado la Administración General del Estado (AGE) dejara sin gastar 3.260 de los 4.635 millones consignados en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, el 70,3% total. El actual caballo de batalla de los científicos españoles es la excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.