El 18 de marzo de 2013, la jueza Isabel Conejo, que investiga en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González, reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler que el exmandatario del PP madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, abonaron desde 2008 y hasta diciembre de 2012 por el alquiler del dúplex de lujo de la localidad malagueña.
Cuatro años después, la extrema lentitud de las traducciones y los continuos errores en las comisiones rogatorias, de cuya tramitación se encarga la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Rafael Catalá, han impedido a los investigadores determinar la identidad de las personas que recibían el dinero del matrimonio González-Cavero, ambos imputados en el caso como presuntos autores de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Pero tampoco se sabe quién era el auténtico dueño del ático en 2008, cuando el expresidente madrileño alquiló el inmueble a un precio muy por debajo del mercado.
Con cuatro años de parálisis, el Ministerio de Justicia confirmó esta semana que el ministro Rafael Catalá envió el pasado 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido, adelantado por laSexta y el diario digital El Español: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líosNacho". Justicia desvincula sin embargo esta última frase de cualquier asunto judicial que pudiera estar relacionado con el exmandatario madrileño.
Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".
Además, en las conversaciones grabadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Operación Lezo a los integrantes de la trama, González se refiere al mensaje que recibió del ministro en una conversación posterior con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien le dijo a González: "Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, NachoNacho", en relación al caso del ático del expresidente madrileño en Estepona. Fuentes del caso asegura que las grabaciones muestran un interés continuo de González sobre el caso del dúplex, especialmente sobre el papel de la jueza y el fiscal.
El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).
El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá, un conocido seguidor colchonero, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo de 2015, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza. Catalá también fue invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions de Milán.
Un nuevo error el 27 de marzo
De forma paralela, las comisiones apenas han avanzado en cuatro años. Y una prueba de estos errores se constata de forma reciente, en concreto el 27 de marzo, al leer una providencia en la que la jueza remite un documento a a la Policía Judicial para que los agentes completen la información que reclaman desde Londres. Y según las autoridades del Gobierno británico, tal y como consta en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre, de nuevo tampoco podían colaborar con la instructora, porque la documentación remitida desde el Juzgado de Estepona adolecía de los datos básicos, pues no incluían el número de cuenta bancaria de la que se reclamaba la información al Reino Unido, propiedad de la empresa Coast Investors, que compró el ático en 2008.
Tal y como ha podido constatar este diario, este último error tiene su origen en el auto de 6 de noviembre de 2015, en el que la jueza pedía más documentos a las autoridades de Londres. La petición no fue traducida al inglés hasta el 3 de marzo de 2016, y no llegó al Ministerio de Justicia hasta el 8 de abril de 2016.
El 11 de abril, seis meses después del auto de la jueza, la documentación fue remitida al Reino Unido, cuya contestación se recibió el 22 de diciembre de 2016, pero que no llegó traducido al castellano al juzgado de Estepona hasta el 1 de marzo, aunque nuevamente contenía un error, que se comunicó a las partes el 27 de marzo de 2017, año y medio después de la petición, y sin haber conseguido ningún dato de interés.
Números erróneos de una cuenta
Pero esta no es la primera vez que se remiten datos erróneos en las comisiones rogatorias, ya que el 19 de febrero de 2015, las autoridades de Washington, que habían recibido la primera petición de auxilio judicial en septiembre de 2013, explicaban que el banco de este país aseguraba que en virtud de los datos aportados por España no encontraba las transferencias. Sin embargo, la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid detectó que la jueza había comunicado de forma errónea los números de la cuenta que se quería investigar.
Todos estos errores de la justicia y de la Policía estuvieron a punto de acabar con el caso. De hecho, en 2015 el Reino Unido llegó a advertir su intención de cerrar el expediente si no recibía los datos necesarios. Así, Londres dio un ultimátum: "Las autoridades británicas comunican que si no reciben la información antes del próximo 31 de octubre de 2015, procederán al cierre del expediente", indicó el Ministerio de Justicia, que en un escrito se dirigía a la jueza: "Por ello, le ruego nos facilite dicha información, debidamente traducida, al objeto de remitirla a las autoridades de Reino Unido para que, a la mayor brevedad, puedan continuar con la ejecución de su solicitud".
Ignacio González y Rafael Catalá.
Por su parte, Estados Unidos comunicó a España que el banco desde el que se realizaron las transferencias del dinero ya no disponía de los extractos bancarios de las operaciones de compraventa del ático, que había realizado en 2008 un testaferro profesional, el ciudadano mexicano Rudy Valner, que acordó la compra del dúplex de lujo en 2008 de forma telefónica, según aseguró la vendedora, que reconoció que la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, había visitado previamente el inmueble, por el que el matrimonio acabó pagando en diciembre de 2012 un total de 770.000 euros.
Madrigal quiso acelerar el caso
La lentitud de los auxilios judiciales internacionales en el caso del ático se han mantenido en todo momento, pese a que la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó en marzo de 2015 que había pedido al embajador de Estados Unidos en España, James CostosEstados Unidos, que agilizara la comisión rogatoria en Delaware de la que dependía especialmente el avance de la investigación. Dos años después, las rogatorias siguen colapsadas, y Madrigal ha cedido su puesto a José Manuel Maza, fiscal general del Estado desde que fue propuesto en noviembre de 2016 por el Consejo de Ministros.
Los errores en la tramitación de las peticiones a EEUU, Reino Unido y Panamá estuvieron presentes casi desde el primer día. Así, la rogatoria a Londres se reclamó de forma claramente errónea, ya que se solicitó vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los ministerios de Justicia.
El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: "Ojalá se cierren pronto los líos".
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Esta grave equivocación, que ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia de Andalucía asumieron, provocó un vacío en la investigación, que tuvo que reactivar la jueza el 16 de junio de 2014, un año y tres meses después del primer auxilio judicial enviado a las autoridades británicas.
Además, la colaboración con Londres y Washington también también ha sufrido otros importantes problemas. La petición de información realizada por la jueza Isabel Conejo el 3 de mayo de 2016 a Estados Unidos no fue enviada traducida a la Subdirección General del de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia hasta el 26 de septiembre de 2016. El 4 de febrero de 2016, la jueza constató que no se había traducido al inglés otra rogatoria reclamada por la jueza el 6 de noviembre de 2015.
La traducción de los documentos judiciales, que lleva a cabo la empresa Seprotec, depende de las Comunidades Autónomas, y en este caso del Gobierno de Andalucía. El Ministerio de Justicia sostiene que no tiene ni competencias ni medios para hacer frente a la traducción de los expedientes judiciales.
El 18 de marzo de 2013, la jueza Isabel Conejo, que investiga en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González, reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler que el exmandatario del PP madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, abonaron desde 2008 y hasta diciembre de 2012 por el alquiler del dúplex de lujo de la localidad malagueña.