Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigan si algunas de las principales editoriales de libros de texto del país infringieron la ley al llegar a acuerdos para repartirse el mercado de la edición y comercialización de manuales didácticos. Estudian, por ejemplo, si limitaron las políticas comerciales que pueden promover los cambios de editoriales de referencia en los centros educativos.
Las empresas investigadas son Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide y Serbal. También la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria.
Asimismo, la CNMC investiga la posible existencia de acuerdos o prácticas concertadas adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edebé, McMillan, Pearson, Teide y Serbal para "la fijación de precios y otras condiciones comerciales" sobre los libros de texto en formato digital. Los expertos de Competencia indagan sobre posibles acuerdos entre el Grupo SM, Edebé y Edelvives para "repartirse el mercado" de los libros de texto de centros de titularidad católica. Estas tres últimas editoriales están ligadas a organizaciones de la Iglesia católica.
En el lobby editorial se muestran convencido de que durante la tramitación del expediente se probará que "no se ha desarrollado por parte de ninguna empresa asociada práctica anticompetitiva alguna", según explicó un portavoz a preguntas de infoLibre. Anele también anunció este martes que hará un análisis "más detallado" de las cuestiones que han provocado esta investigación tras conocer más datos y cuando tenga acceso al expediente. La investigación se inició tras la denuncia de la Editorial Vicens Vives.
De acuerdo con los datos del informe Evolución de los precios de los libros de texto publicado por Anele, el sector facturó 882,24 millones de euros por los libros vendidos para el curso 2016-2017, un 3,09% más que en el curso anterior. Según este documento, el incremento es fruto de la mejoría económica, de una mayor aportación de las administraciones públicas y de que todas las comunidades autónomas han culminado la implantación de los currículos de la LOMCE.
La reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 obligó a cambiar en tres cursos los libros de texto de 180 asignaturas, lo que supuso una oportunidad de negocio para los editores de libros de texto. Las editoriales si habían acusado, aunque de forma tímida, la situación coyuntural de crisis en términos de facturación. El curso pasado vendieron 38,7 millones de libros destinados a la enseñanza no universitaria.
"Indicios racionales"
El fin de la clase media (editorial)
El regulador anunció este martes la apertura de un expediente sancionador tras haber tenido acceso a "información inicial" de la que se deducen "indicios racionales" de la comisión por parte de las citadas empresas de posibles infracciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por "conductas restrictivas de la competencia".
La citada ley establece sanciones que pueden ser de hasta el 1% del volumen de ventas global realizado por la empresa en el año anterior a la imposición de la multa si la infracción se considera leve, de hasta el 5% en caso de ser calificada de grave, y de hasta el 10% si se declara muy grave. Teniendo en cuenta que el sector facturó 882,24 millones de euros el curso pasado, una simple operación aritmética permite estimar que las sanciones podrían alcanzar varios millones de euros.
En todo caso, la CNMC recuerda que la apertura del expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". De hecho, se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. Preguntado al respecto, un portavoz de Anele asegura que la patronal está colaborando con las autoridades de Competencia poniendo a su disposición toda la información de la que dispone.
Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigan si algunas de las principales editoriales de libros de texto del país infringieron la ley al llegar a acuerdos para repartirse el mercado de la edición y comercialización de manuales didácticos. Estudian, por ejemplo, si limitaron las políticas comerciales que pueden promover los cambios de editoriales de referencia en los centros educativos.