En política, se dice con frecuencia, no hay nada imposible. Pero la hipótesis de un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, alimentada por sectores empresariales y medios de comunicación conservadores y temida por los sindicatos, los partidos de izquierda, asociaciones de pensionistas y buena parte de la militancia socialista, está lejos de ser una posibilidad real. No sólo por razones de estrategia política sino por la dificultad objetiva que supone conciliar los programas políticos de ambas formaciones, radicalmente contrapuestos en asuntos nucleares tanto para Pedro Sánchez como Albert Rivera.
Más allá de la enemistad que ambos líderes políticos han desarrollado —Rivera ni siquiera llamó a Sánchez para felicitarle tras su victoria del domingo y no mantienen ningún contacto personal desde que hace meses el máximo responsable de Cs puso en duda en el Congreso que el presidente sea el verdadero autor de su tesis doctoral— las estrategias de ambos partidos son absolutamente divergentes.
La preferencia del PSOE es un Gobierno monocolor apoyado en Unidas Podemos y en los nacionalistas. Su prioridad es gobernar como lo ha hecho desde la moción de censura a Rajoy, en solitario, pero en la calle Ferraz no descartan ningún escenario: un pacto de legislatura a cuatro años, un simple pacto de investidura o incluso la entrada de Pablo Iglesias y los suyos en el Ejecutivo. Todo va a depender de lo que pase el 26M y de la necesidad que los socialistas vayan a tener de Unidas Podemos —y viceversa— para gobernar en comunidades y ayuntamientos.
¿Por qué los socialistas no descartan formalmente un pacto con Cs si, como aseguran sus dirigentes, su preferencia es mantener la orientación progresista de los últimos diez meses? La respuesta está en el contexto electoral: el 26M los españoles volveremos a votar —hay que renovar las corporaciones locales, la mayoría de las asambleas autonómicas y la representación española en el Parlamento Europeo— y los estrategas del PSOE están convencidos de que cuanto más insista Rivera en mantener el cordón sanitario impuesto a los socialistas más margen tienen los socialistas para crecer en el espacio de centro. La dirección del PSOE es muy consciente de las preferencias de sus electores —“¡Con Rivera no!”, el grito de militantes socialistas en la noche electoral se ha convertido en una consigna compartida por pensionistas y sectores progresistas de toda España que amenaza con repetirse a diario durante la campaña que se avecina— pero en estos momentos da prioridad a los mensajes que le permitan captar a los electores centristas descontentos con la derechización de Rivera.
Y si el pacto no cuadra en la estrategia del PSOE, mucho menos cabe en la de Ciudadanos. Rivera cree que el resultado de las elecciones generales, que les han dejado a una distancia relativamente corta del PP en votos y escaños, y la crisis interna a la que previsiblemente se verá abocado el partido de Pablo Casado en los próximos meses, le ofrecen una oportunidad única de hacerse con el liderazgo del centroderecha. Y quiere aprovecharla. Ese es el objetivo de Cs en estos momentos y nada lo puede poner más en peligro que un pacto con Sánchez.
Por si eso fuese poco, los programas electorales del PSOE y de Ciudadanos contienen un buen número de compromisos incompatibles entre sí que dejan poco o ningún espacio para el acuerdo. Son, además, propuestas que forman parte del núcleo del discurso tanto de Sánchez como de Rivera y renunciar a ellas implica un cambio de posición difícilmente asumible para sus respectivas formaciones.
Cataluña: solución negociada o artículo 155
Las visiones territoriales del PSOE y Ciudadanos son radicalmente opuestas. “La España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad” y para eso hace falta, según el compromiso electoral socialista, una reforma constitucional que incorpore a la Carta Magna “los principios que deben regir el sistema de financiación” autonómica y “el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios” para que “los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado”.
Los socialistas defienden también reconocer “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. El PSOE quiere relanzar la comisión parlamentaria para la evaluación del Estado autonómico cerrada en el Congreso en la pasada legislatura —y boicoteada por el resto de los grupos— para que sirva de punto de partida a “una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución, que sólo cabe abordar desde el mayor consenso social y político posible”.
Los socialistas se han comprometido por escrito a rechazar un referéndum de autodeterminación, pero también se oponen frontalmente a un “Estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155”. “Aspiramos a un funcionamiento más integrado del modelo, de forma que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe”.
El PSOE apuesta por mejorar el autogobierno como fórmula para resolver el conflicto político en Cataluña y por mantener abiertas todas las vías de diálogo para conseguir ese objetivo. Y propone además incrementar la participación de las comunidades en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España. En concreto, “la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad; la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado”.
Ninguna de esas propuestas es compatible con el programa de Ciudadanos. La única solución que plantea Rivera para resolver el conflicto catalán es aplicar el artículo 155 en unos términos que implican la suspensión indefinida del autogobierno en Cataluña.
El programa territorial de la formación naranja incluye además propuestas contra la supuesta persecución del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales que el PSOE rechaza, especialmente las que tienen que ver con la enseñanza y con el derecho de los ciudadanos de esos territorios a ser atendidos en su lengua. Y una amplísima agenda recentralizadora que pasa por rescatar competencias en materia de educación y dependencia o por privar al Gobierno vasco de su capacidad de negociar con la administración central el cupo, el sistema de financiación que se aplica en Euskadi y que siempre ha tenido el respaldo de todos los partidos, incluido el PP.
Ciudadanos quiere retirar a las comunidades las competencias que tienen en la actualidad que afecten al funcionamiento de las empresas, así como su capacidad de poner en marcha organismos en asuntos de su competencia. En su programa figuran numerosas iniciativas recentralizadoras que afectan a una gama muy variada de asuntos: desde la gestión de las adopciones a la igualación de la cartera de servicios que ofrece la sanidad en cada territorio, pasando por las competencias hidrológicas o la igualación de las rentas mínimas de inserción social, todas ellas contrarias a las previsiones de la Constitución y los estatutos de autonomía.
Política Fiscal: del blanco al negro
El segundo elemento nuclear que más difícil resultaría resolver en una hipotética negociación entre Sánchez y Rivera para gobernar afecta a la política fiscal. El programa socialdemócrata del PSOE propone revertir los recortes sociales puestos en marcha por los gobiernos del PP sin incumplir los compromisos de reducción de déficit y deuda pública que España tiene con la Unión Europea. Para conseguirlo, los socialistas pretenden, como ya intentaron en los últimos meses, reformar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas no puedan burlar su contribución al erario público, gravar las transacciones financieras que afecten a las corporaciones del Íbex 35 y poner en marcha un impuesto sobre la actividad de las tecnológicas que comercian con los datos de los usuarios. También pretenden incrementar el IRPF a las grandes fortunas y revertir —en este caso por razones medioambientales— las ventajas fiscales de las que ahora goza el diésel.
Ciudadanos defiende todo lo contrario. Su programa económico, de inspiración neoliberal, descansa sobre una reducción y supresión generalizada de impuestos que, según la formación naranja, estimulará la economía y se traducirá en una mayor recaudación del Estado.
En concreto quieren bajar el IRPF “a las familias” creando deducciones fiscales para las que tengan dos o más hijos y las monoparentales con uno o más hijos y limitar el gravamen a las grandes fortunas a un máximo del 44%. Pretenden también suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y reformar el de sociedades. Y bajar impuestos en una amplia gama de actividades, desde la creación de startups innovadoras a la factura de la luz, pasando por las viviendas de alquiler y por el simple hecho de vivir en áreas despobladas, que Cs quiere compensar con una reducción del 60% en el IRPF.
La lista de asuntos irreconciliables es larga. Entre los más llamativos están el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE quiere mantener en su formulación actual pero Ciudadanos propone cambiar para que sea una responsabilidad exclusiva de los jueces, la legalización de los llamados vientres de alquiler —una propuesta que el partido de Rivera defiende en solitario en España y a la que los socialistas se oponen frontalmente, en línea con la inmensa mayoría del movimiento feminista— o el futuro de las diputaciones provinciales —Cs las quiere suprimir y el PSOE es partidario de mantenerlas—.
Pedro Sánchez y Albert Rivera tienen poco margen para el acuerdo en muchos otros asuntos. Entre ellos la regulación de los VTC —Ciudadanos quiere derogar inmediatamente la normativa impulsada por el Gobierno socialista para favorecer la actividad de los vehículos que amenazan la supervivencia del sector del taxi— o la prisión permanente revisable, que Cs desea ampliar.
Las discrepancias se extienden a la reforma de la ley electoral, que los de Rivera quieren cambiar hacia un modelo que deje de favorecer a los partidos más votados ampliando sus representantes en el Congreso o para poner en marcha sistemas de listas abiertas. O a las televisiones autonómicas, que Ciudadanos pretende cerrar y que el PSOE no cuestiona.
En política, se dice con frecuencia, no hay nada imposible. Pero la hipótesis de un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, alimentada por sectores empresariales y medios de comunicación conservadores y temida por los sindicatos, los partidos de izquierda, asociaciones de pensionistas y buena parte de la militancia socialista, está lejos de ser una posibilidad real. No sólo por razones de estrategia política sino por la dificultad objetiva que supone conciliar los programas políticos de ambas formaciones, radicalmente contrapuestos en asuntos nucleares tanto para Pedro Sánchez como Albert Rivera.