La Comunidad de Madrid entregó entre mayo de 2011 y marzo de 2015, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la gestión de 98,5 millones para innovación a Madrid Network, una "asociación privada" sin ánimo de lucro que funciona integrada por clusters de empresas –una figura similar a los lobbies–, mantiene sus cuentas anuales en secreto y durante años ha funcionado con una estructura directiva que en sí misma es un misterio. Los datos extraídos este lunes por infoLibre del Registro de Asociaciones de Madrid señalan que Arturo Fernández, ahora condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid e imputado en la Operación Púnica por presunta financiación del PP madrileño, fue vicepresidente de Madrid Network siete años por su condición de jefe de la patronal madrileña: exactamente, entre el 30 de junio de 2009 y la misma fecha de 2016. Pero Fernández, en declaraciones a este periódico, niega de forma tajante haber tenido el menor vínculo efectivo con Madrid Network: "Jamás –dijo por teléfono este martes– he participado en nada, ni he aprobado cuentas ni nada, no sé ni dónde está su sede". Una portavoz de Madrid Network aseguró que la patronal CEIM comunicó a Madrid Network el "cambio de representante" en enero de 2015. En el Registro de Asociaciones no consta ninguna dimisión ni cese en esa fecha.
Entre el 23 de mayo de 2011 y el 15 de marzo de 2015, Madrid Network firmó con la Comunidad de Madrid cuatro convenios: el primero, para la gestión de un macropréstamo de 80 millones librado por el Gobierno central y del que solo se beneficiaron las entidades afiliadas a la asociación. Los otros tres acuerdos tenían por objeto canalizar otras tantas líneas de ayudas públicas igualmente destinadas a innovación y cofinanciadas por la Unión Europea. Los cuatro convenios dejaron en manos de la asociación el reparto efectivo de 98,5 millones de euros en total. Adicionalmente, ha recibido otros 6,8 millones de euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Entre los beneficiarios de aquel macropréstamo de 80 millones figuran empresas vinculadas a antiguos altos cargos, entre ellos, Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II. Tanto la asociación que capitaneaba Lamela y a la que Madrid Network otorgó medio millón para promover la medicina privada como las dos empresas de Ildefonso de Miguel que obtuvieron 3,2 millones aparecían a comienzos de año en el listado de deudores morosos que se niegan a devolver el dinero pese a haber incumplido las condiciones del préstamo.
Una portavoz de Madrid Network confirmó a este diario que las cuentas de la asociación no se depositan ni en el Registro Mercantil ni en el de Asociaciones y destacó que, "aunque no está obligada", Madrid Network "siempre" las ha sometido a auditoría externa. Este diario había solicitado acceso a los balances y memorias anuales de actividad dado el carácter eminentemente público de los fondos que maneja la asociación, que entre noviembre de 2007 y enero de 2011 tuvo como presidente nato al consejero de Economía de Madrid. Madrid Network no ha accedido a facilitar ni sus balances ni sus memorias. Fuentes del Ejecutivo madrileño dice que tampoco han visto nunca esos documentos.
El único atisbo de fiscalización a que está sometida Madrid Network lo proporciona la comisión bilateral Gobierno-Comunidad que hace seguimiento periódico del préstamo de 80 millones. Pero nadie ajeno a la asociación sabe a ciencia cierta si, tal como sostuvo en la Asamblea de Madrid la diputada de Ciudadanos Susana Solís, Madrid Network ha cobrado a los destinatarios de créditos un tanto por gestión que habría incrementado el tipo de interés efectivo en más de cinco puntos.
Constituida en mayo de 2007, en vísperas de que Arturo Fernández, amigo de infancia de Esperanza Aguirre, se convirtiera en líder de la patronal madrileña, la asociación tuvo tres socios fundadores: la Comunidad de Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio, entonces también controlada por Fernández. Hasta junio de 2009, la presidencia correspondió estatutariamente a la Consejería de Economía. Pese a que el grueso de los fondos que desde el inicio ha manejado son gubernamentales, Madrid Network jamás ha solicitado ser declarada como asociación de utilidad pública. Hacerlo le habría reportado ventajas fiscales. Pero le habría obligado a presentar cada año un balance y una memoria en el Registro de Asociaciones.
¿Y quién dirigía entonces la asociación?
Fue Antonio Beteta, hasta noviembre secretario de Estado de Administraciones Públicas y en 2011 consejero de Economía de Madrid, quien en mayo de aquel año firmó con Madrid Network el primero de los cuatro convenios encomendados por el equipo de Aguirre a esa asociación. El convenio consideraba a Madrid Network beneficiaria y al mismo tiempo canalizadora del crédito de 80 millones que siete meses antes había concedido el ahora extinto Ministerio de Ciencia al Ejecutivo regional para I+D. A un tipo de interés del 1,232%, con un periodo de carencia de cinco años desde el año siguiente al de concesión del préstamo y un periodo de reembolso de 10 años adicionales, la concesión de los préstamos no estuvo sujeta ni a publicidad ni a concurrencia universal: solo los en torno a 600 asociados de Madrid Network –"grandes y pequeñas empresas, centros de investigación y universidades"– accedieron a ellos.
El aspecto más sorprendente de aquel convenio es que se firmó como continuación de otro que, el 29 de diciembre de 2010, había suscrito Madrid Network con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) el 29 de diciembre de 2010. Organismo netamente público adscrito al Gobierno regional, el Imade era el protagonista oficial del acuerdo original de la serie: aquel que el 27 de octubre 2010 habían sellado Cristina Garmendia como ministra de Ciencia e Innovación y Esperanza Aguirre como presidenta de Madrid para asegurar el reparto de aquellos 80 millones de créditos blandos. Pero el 13 de diciembre de 2010, es decir, solo un mes y medio después, el Gobierno de Aguirre decretó por ley la extinción del Imade como parte de lo que entonces se presentó como un ambicioso programa de ahorro y racionalización que implicaba eliminar 102 entes regionales.
Lo anterior no fue óbice para que el 29 de diciembre el Imade rubricase después de legalmente muerto un acuerdo de colaboración con Madrid Network. A los cinco meses, llegó el paso lógico en la secuencia: el consejero de Economía, Antonio Beteta, suscribió un segundo convenio por el que Madrid Network, una asociación privada ajena a la fiscalización pública y que para ese momento ya había prescindido del trámite de adjudicar su presidencia a la Consejería de Economía de Madrid, asumía las obligaciones y derechos del difunto Imade en cuanto al préstamo para innovación. Fuentes del actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid sostienen que el Ministerio de Ciencia, dirigido por Garmendia hasta que el Gobierno de Rajoy tomó posesión el 22 de diciembre de 2011, no puso objeciones a la entrada en escena de Madrid Network.
Uno de los asesores de Casado hizo el informe que permitió dar a dedo a una asociación privada el reparto de 80 millones públicos
Cuando el convenio quedó firmado, Beteta ya había dado el relevo en la cúpula de Madrid Network a Aurelio García de Sola. Es decir, a quien presidió el Imade hasta su extinción.
Según fuentes ajenas a Madrid Network pero que aseguran conocer lo sucedido, García de Sola cesó como máximo responsable de esa asociación en octubre de 2012. A tenor de esa versión, Madrid Network quedó desde entonces y hasta junio de 2016 bajo control de "sus vicepresidentes". Desde luego, uno de los dos que habían sido reelegidos para el cargo en la asamblea celebrada el 10 de enero de 2011 para un periodo de cinco años, niega haber pertenecido ni entonces ni nunca a la junta directiva: el ya citado Arturo Fernández. Quién dirigió oficialmente la asociación hasta el 30 de junio de 2016 es otra incógnita. En esa última fecha, Madrid Network nombró una directiva profesionalizada con la Asociación Plataforma de la Biotecnología en la presidencia. Este diario no ha logrado contactar con García de Sola.
La Comunidad de Madrid entregó entre mayo de 2011 y marzo de 2015, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la gestión de 98,5 millones para innovación a Madrid Network, una "asociación privada" sin ánimo de lucro que funciona integrada por clusters de empresas –una figura similar a los lobbies–, mantiene sus cuentas anuales en secreto y durante años ha funcionado con una estructura directiva que en sí misma es un misterio. Los datos extraídos este lunes por infoLibre del Registro de Asociaciones de Madrid señalan que Arturo Fernández, ahora condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid e imputado en la Operación Púnica por presunta financiación del PP madrileño, fue vicepresidente de Madrid Network siete años por su condición de jefe de la patronal madrileña: exactamente, entre el 30 de junio de 2009 y la misma fecha de 2016. Pero Fernández, en declaraciones a este periódico, niega de forma tajante haber tenido el menor vínculo efectivo con Madrid Network: "Jamás –dijo por teléfono este martes– he participado en nada, ni he aprobado cuentas ni nada, no sé ni dónde está su sede". Una portavoz de Madrid Network aseguró que la patronal CEIM comunicó a Madrid Network el "cambio de representante" en enero de 2015. En el Registro de Asociaciones no consta ninguna dimisión ni cese en esa fecha.