Las comunidades autónomas remuneran los resultados electorales de los partidos políticos que obtienen representación parlamentaria con sumas de dinero que alcanzan diferencias de hasta un 156%. Tal es la distancia proporcional que separa el dinero que el Gobierno de Euskadi, en aplicación de sus normas electorales, entrega a los partidos políticos por cada escaño que consiguen en las elecciones al Parlamento Vasco (26.761 euros, según las cifras actualizadas para la convocatoria más reciente, de 2016) del que el Ejecutivo de Castilla y León dedica al mismo fin (10.205 euros).
En medio de ambas comunidades se sitúan las otras quince: Andalucía, Galicia, Canarias y Madrid están entre las más generosas (en el entorno de los 20.000 euros); Cataluña, Asturias, Illes Balears y Extremadura en la zona media (de los 16.101 euros que pagó la Generalitat por cada escaño obtenido en las elecciones de diciembre a los 14.304 que remunera el Gobierno extremeño en las de 2015). Les siguen Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Aragón en la franja de los 12.000 euros y cierran la tabla, con la mitad o menos que el País Vasco, las comunidades de Navarra (11.850 por escaño), La Rioja (11.646), Murcia (11.223) y Cantabria (10.867), además de la ya citada Castilla y León.
La asignación por escaño la decide cada comunidad autónoma de acuerdo a sus propios criterios. A veces establecen actualizaciones y en ocasiones acuerdan congelar la cifra sin que trascienda el criterio que utilizan para hacerlo.
La consecuencia de esta situación es que uno de los mecanismos supuestamente más objetivos de financiación de los partidos políticos en España está condicionado por el ámbito de la convocatoria y que las cantidades que reciben los partidos no guardan relación ni con la población ni con el tamaño de las asambleas legislativas (los parlamentos autonómicos oscilan entre los 135 escaños de Cataluña y los 33 de Castilla-La Mancha y La Rioja).
Lo que, por basarse en criterios objetivos —el número de escaños— debía convertirse en un elemento de homogeneización del sistema de financiación de los partidos, está distorsionado por las discrecionalidad y las diferencias entre comunidades.
Porque cada territorio remunera a los partidos siguiendo su propio criterio sin que exista una razón que justifique las variaciones. De ello ha dejado constancia en numerosas ocasiones el Tribunal de Cuentas: “El análisis de la normativa electoral autonómica, dictada en el ámbito de las respectivas competencias, pone de manifiesto significativas diferencias en la determinación de las subvenciones a abonar a las formaciones políticas en función de los resultados obtenidos”.
La constatación de estas divergencias ha llevado al Tribunal de Cuentas a “recomendar reiteradamente en sus informes la armonización de la normativa electoral”, como el organismo fiscalizador recordó el año pasado al Congreso en la presentación de sus propuestas para la mejora de la calidad democrática.
“La cuantificación de las subvenciones”, defiende el Tribunal, “ha de estar directamente relacionada con el límite máximo de gastos autorizado en cada caso”. Pero las modificaciones de la normativa electoral, especialmente como consecuencia de la creación de la subvención de los gastos por envío personal y directo de propaganda electoral, hacen que “con frecuencia la subvención que correspondería percibir en función de los resultados obtenidos” sea “muy superior al límite de gastos autorizado”.
Esta circunstancia ha originado que, en ocasiones, las formaciones políticas hayan tenido que acabar devolviendo parte del dinero como resultado de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
La falta de “congruencia técnica” entre subvención y límite de gastos se aprecia también en las elecciones locales. En este caso, subraya el Tribunal, las formaciones políticas de reducida implantación, que tienen un exiguo límite de gastos porque no pueden sumar el dinero que corresponde a la escala provincial, ven cómo ese límite queda normalmente superado por el importe de la subvención a percibir en el caso de que alguno de sus candidatos haya resultado elegido.
Este problema —las diferencias entre territorios a la hora de remunerar a los partidos— no se limita a los escaños obtenidos sino que se extiende al dinero público que reciben las formaciones con representación parlamentaria en proporción a los votos que logran en las elecciones. En ambos casos “se observan importantes divergencias que no resultan suficientemente explicadas por su diferente situación demográfica”, recuerda el Tribunal de Cuentas.
Las diferencias en la remuneración de los votos van de los 1,01 euros que paga la Comunidad de Madrid a los partidos por cada sufragio que hayan recibido a los 0,4 euros que abona la Comunidad de Castilla y León, de nuevo el territorio menos generoso con los partidos. Una diferencia del 152%.
La Rioja y el País Vasco vuelven a aparecer en los puestos de cabeza (pagaron a razón de 0,92 y 0,9 euros a los partidos por voto obtenido en sus últimas elecciones autonómicas), esta vez en compañía de Navarra (0,95).
En la franja del 0,8 se mueven Cantabria (0,86) y Andalucía (0,8229). Asturias, Galicia y Canarias coinciden en un 0,77 por voto obtenido, un céntimo más que Aragón (0,76).
Les siguen, ya por debajo de la media, la Comunitat Valenciana (0,64), Cataluña (0,61), Castilla-La Mancha (0,6), Murcia (0,59) y Extremadura (0,57), Por debajo del medio euro sólo hay dos comunidades muy diferentes entre sí: Illes Balears (0,47) y la citada Castilla y León (0,4 euros por voto a formaciones con representación parlamentaria).
Estas cifras divergen también de las que se utilizan para remunerar a las diferentes candidaturas cuando las elecciones las organiza la Administración central. En el caso del Congreso, el Gobierno de España pagó en 2016 —las últimas elecciones celebradas— 21.167,64 euros por escaño obtenido y entregó a cada partido con representación parlamentaria 0,81 euros por voto. Son cifras que se sitúan en la zona media-alta en comparación con las Comunidades Autónomas.
Las elecciones más rentables por escaño
Mucho más rentables son, en principio, las elecciones europeas. En 2014 el Gobierno de España remuneró a los partidos que consiguieron escaño en Estrasburgo con 32.508,74 euros por diputado —muy por encima del País Vasco, la comunidad que mejor paga por este concepto— y 1,08 euros por voto obtenido.
En el caso de las elecciones municipales —en las últimas se eligieron 67.515 concejales— el dinero se repartió a razón de 270,9 euros por edil y 0,54 euros por voto a candidaturas.
Se miren como se miren, las cifras decididas por cada comunidad no guardan relación de proporcionalidad alguna con el tamaño de la asamblea legislativa ni con la población. País Vasco, Galicia y Canarias, por citar sólo tres ejemplos, pagan más por escaño que Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana a pesar de tener mucha menos población. Y tienen asambleas significativamente más pequeñas.
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Tampoco existe lógica alguna en la decisión de pagar más o menos por voto obtenido. Entre las más generosas están comunidades demográficamente grandes como Madrid, medianas como el País Vasco y pequeñas como Asturias, Navarra o La Rioja. Lo mismo sucede entre las que menos pagan, donde conviven una comunidad de las más pobladas (Cataluña) con otras más pequeñas como Murcia o Illes Balears.
En busca de una variable que permita hacer una comparación homogénea, infoLibre ha calculado la proporción de gasto por diputado en relación con la población. Si nos atenemos a este criterio, las comunidades más generosas con los partidos políticos que se presentan a sus elecciones son La Rioja y Navarra: casi cinco veces más que Castilla-La Mancha o la Comunitat Vakenciana, que están a la cola en asignación por escaño teniendo en cuenta el tamaño de sus parlamentos y su población, seguidas muy de cerca por Cataluña y Andalucía.
Los puestos segundo y tercero en gasto proporcional los ocupan el País Vasco y Extremadura, seguidos de Illes Balears y Asturias. En la parte media están Cantabria, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid. Y ya cerca de los últimos lugares se encuentran Castilla y León y Murcia.
Las comunidades autónomas remuneran los resultados electorales de los partidos políticos que obtienen representación parlamentaria con sumas de dinero que alcanzan diferencias de hasta un 156%. Tal es la distancia proporcional que separa el dinero que el Gobierno de Euskadi, en aplicación de sus normas electorales, entrega a los partidos políticos por cada escaño que consiguen en las elecciones al Parlamento Vasco (26.761 euros, según las cifras actualizadas para la convocatoria más reciente, de 2016) del que el Ejecutivo de Castilla y León dedica al mismo fin (10.205 euros).