Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anuncian estos días rebajas de impuestos para sus ciudadanos incompatibles con el mensaje de infrafinanciación con el que exigen más dinero al Ministerio de Hacienda. Una práctica poco respetuosa con la responsabilidad fiscal que el departamento que dirige María Jesús Montero ya ha reprochado en varias ocasiones a los gobiernos de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia.
A las puertas de que el Gobierno central haga públicas las líneas generales de su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que Montero quiere presentar el próximo mes de noviembre, las “gobiernos de la libertad”, como le gusta llamarlos a Pablo Casado, han empezado a presentar sus respectivos proyectos de presupuestos para el año que viene con un denominador común: reducciones fiscales en nombre de la buena gestión, de la necesidad de fomentar el crecimiento económico o de ambos objetivos a la vez.
Lo singular es que las cinco comunidades que voluntariamente han decidido recaudar menos dinero se quejan de falta de fondos para financiar sus proyectos y para gestionar servicios tan importantes con la sanidad o la educación. Tanto es así que varias de ellas ya se han movilizado para tejer alianzas que les permitan obtener más dinero del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno central quiere empezar a negociar en los próximos meses.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el único que no necesita negociar con nadie para aprobar sus cuentas, anunció esta misma semana que su proyecto de presupuestos para 2022 incluye rebajas de impuestos que afectarán al tramo autonómico del IRPF. Feijóo no lo ha detallado todavía, pero sí avanzó que la rebaja en el impuesto sobre la renta se dirige a personas con ingresos medios y bajos y beneficiará al 90% de los contribuyentes.
Galicia se queja a menudo de que recibe del Gobierno central menos dinero de lo que debería si se tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció este mismo jueves que el proyecto de presupuestos que presentará la semana que viene incluirá “la mayor bajada de impuestos de la historia”. Unas cuentas que, para que salgan adelante, deberá pactar necesariamente con los diputados de Vox, aunque sólo sea para que se abstengan. Los ultras no pondrán obstáculos a la reducción fiscal pero sí a otros gastos de la comunidad.
A pesar de las rebajas fiscales que ya son una marca de fábrica de la gestión del PP en Madrid, Ayuso se queja a menudo de supuesta discriminación en el reparto de los fondos que el Gobierno distribuye a las comunidades autónomas, en especial de los que la administración central empleó, de forma extraordinaria, para ayudar a la sanidad pública y el sistema educativo durante la pandemia.
En el caso andaluz, los presupuestos para 2022 son todavía una incógnita. El presidente Juanma Moreno, que gobierna en minoría con Ciudadanos y hasta hace poco se apoyaban en Vox, ensaya desde hace semanas la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Pero eso no le ha impedido aprobar con sus socios de la derecha —naranjas y ultras— una reforma de su Ley de Tributos Cedidos para reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos y ampliar la cobertura del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos.
Es, según el propio Bonilla, la tercera bajada de impuestos que lleva a cabo la comunidad andaluza durante su mandato. Una renuncia a la obtención de ingresos que, sin embargo, no le ha impedido cifrar entre 800 y 900 millones la infrafinanciación de su comunidad por parte del Gobierno central.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha anunciado nuevas rebajas fiscales, en este caso en el mundo rural, destinadas a las familias y las empresas, en el marco del proyecto de Presupuestos para 2022. Entre ellas un incremento de la deducción por nacimiento o adopción en municipios de menos de 5.000 habitantes y del impuesto de transmisiones en las empresas que se instalen en el mundo rural, además de bonificar la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y de fincas rústicas. Según el presidente castellanoleonés, habrá otras rebajas que todavía no ha detallado.
Las rebajas fiscales de Mañueco contrastan con sus quejas, muy parecidas a las de Feijóo, de que su comunidad recibe menos dinero del que necesita para atender “los sobrecostes de servicios públicos”que padece.
El caso de Fernando López Miras, el presidente tránsfuga de Murcia, es muy parecido. Además de mantener una exención del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, vigente desde 2018, y la reducción de la tarifa autonómica del IRPF que el año que viene privará a las arcas de su comunidad de 421 millones de euros, su Gobierno va a poner en marcha una bonificación íntegra en el impuesto de Patrimonio a quienes realicen inversiones “de excepcional interés público regional” y una rebaja del IRPF a mujeres trabajadoras.
Rebajas fiscales que, sin embargo, trata de hacer compatibles con pedir al mismo tiempo más dinero al Gobierno central, porque el modelo de financiación autonómica, dice, está “perjudicando gravemente” a su comunidad.
Propuesta en noviembre
Hacienda presentará en noviembre la propuesta básica de criterios de reparto del nuevo modelo de financiación autonómica que ha elaborado después de mantener contactos “discretos” con las comunidades autónomas del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra— para conocer cuáles son sus preferencias.
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La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades. Las primera es la que defienden Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (ERC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE) que, en líneas generales, quieren que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo.
En segundo lugar están Andalucía (PP), Murcia (PP) y la Comunitat Valenciana (PSOE), que “defienden claramente una reforma que nivele las diferencias del sistema” porque entienden que están por debajo en proporción a su población. Por eso reclaman un fondo transitorio que corrija estas diferencias hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Esta comunidades “defienden un cambio urgente y sustancial del modelo”, según Hacienda.
El mapa se completa con Illes Balears (PSOE), Cataluña (ERC-Junts) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anuncian estos días rebajas de impuestos para sus ciudadanos incompatibles con el mensaje de infrafinanciación con el que exigen más dinero al Ministerio de Hacienda. Una práctica poco respetuosa con la responsabilidad fiscal que el departamento que dirige María Jesús Montero ya ha reprochado en varias ocasiones a los gobiernos de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia.