La educación concertada recibe 7.200 millones en su séptimo récord seguido

Protegerás la familia, la vida... y la concertada. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se plantó ante el último pleno de los obispos, en la sede del órgano coordinador de la cúpula eclesial, y fijó claramente tres prioridades. Eran casi tres mandamientos: defensa de la familia –la natural, la que une a hombre y mujer en matrimonio para alumbrar descendencia bendecida por la Iglesia–, de la vida –es decir, el rechazo al aborto y la eutanasia– y de la educación concertada. A primera vista parece un conjunto dispar, en el que un elemento mundano, el tercero, no casa con dos trascendentales. Pero para la Iglesia española la educación concertada, es decir, la privada financiada con dinero público, es un asunto trascendental, existencial, en el que está casi todo en juego.

Así que, al igual que hace con la vida y la familia, Omella, en su discurso de apertura de la asamblea plenaria, convocó a los fieles católicos a movilizarse para defender la concertada, que presentó bajo amenaza. Pero, ¿es eso lo que indican los datos y la tendencia? La respuesta es breve: en absoluto.

Gratuito para el alumno y acorde a las "convicciones"

Inspirándose en "san Juan Pablo II", Omella llamó a los cristianos a "promover un sistema educativo gratuito que respete la libertad de los padres a la educación de sus hijos". Es el mensaje clásico. Con ello, el presidente de la CEE volvía a entrar en una vieja cuestión: ¿Cuál debe ser la plasmación efectiva del artículo 27 de la Constitución? Su punto 3 dice: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Su punto 4 añade: "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita".

Hay múltiples formas de resolver estas previsiones. La elegida en España fue doble. Por un lado, se introdujo en la enseñanza pública una asignatura optativa, la Religión, impartida por profesores elegidos por los obispados y pagados por el Estado. Es decir, gratuita para las familias y acorde a sus "convicciones". Pero con eso no bastó. Además, se creó el sistema de educación concertada. Su acta fundacional es la ley educativa de 1985, impulsada por el Gobierno de Felipe González, que tenía como fin racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos desde el franquismo, creando un sistema que en la práctica los integraba en el esquema público a través de la financiación pero manteniendo la titularidad privada y el ideario religioso. Es decir, otra vez gratuita para las familias –al menos a priori– y acorde a sus "convicciones".

En "riesgo" de ser "recortado" y sufrir "arbitrariedades"

A mediados de los 80 aquella decisión estaba inspirada por motivos prácticos. El sistema educativo tenía que atender un pico de demanda vinculado al boom demográfico y al cambio cultural, empresa difícil ignorando a los múltiples colegios de la Iglesia, a los que el franquismo había entregado la primera y segunda enseñanza. Camino de los 40 años después, Omella no parece satisfecho con el resultado del modelo. Así se dirigió a los obispos, arzobispos y cardenales en la sede de la CEE: "Nuestro mundo contemporáneo necesita con urgencia que le ofrezcamos el encuentro con Jesucristo [...]. Por ello, apostamos por un modelo educativo que abra a los niños, adolescentes y jóvenes a este encuentro con Dios en la persona de Jesucristo".

Con estas palabras, cualquiera diría que Omella protesta por la falta de aplicación de ese modelo que "abra a los niños" al "encuentro con Dios". "Apostamos –continuó– por una educación gratuita con independencia de la titularidad privada o pública del centro y del modelo educativo. Las familias deben exigir el derecho a poder elegir la educación que prefieren para sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan". Pero, ¿no es exactamente eso lo que brinda el modelo de concertada? Sí, sobre el papel, pero en la práctica no, según Omella. El "modelo educativo vigente", dijo, "no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado". Y añadió: "Nuestro sistema de enseñanza concertada [...] está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos".

Es una línea de discurso tradicional del alto clero español, defendida con más o menos nivel de dramatismo. "Vuelve la dictadura totalitaria", clamaba el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, en julio de 2018, tras llegar el PSOE al poder ejecutivo con sus planes de derogar la Lomce. El extenso movimiento católico de agitación política también está en continua alerta por un supuesto ataque a la concertada. NEOS, una destacada organización aglutinante, tiene en la defensa de la "libertad de educación" una de sus principales líneas de acción, por ser un "pilar esencial del ordenamiento jurídico en Occidente" al que ahora la Lomloe le pone "trabas". Hay una campaña, Más Plurales, impulsada por grupos católicos y que organizó las principales manifestaciones contra el Gobierno en 2020 por una supuesta "agresión a la libertad de conciencia".

Gasto en la pública y en la concertada

Lo cierto es que la educación concertada en realidad luce números de récord. Para entender lo que ha ocurrido es útil regresar a la ley de 1985. Existía en aquella España, señalaba la norma, un sistema "dual" en el que miles de colegios privados recibían subvenciones "en cuantía rápidamente creciente", algo que "que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas". La ley, que creaba un modelo con pretensión de transitoriedad, debía corregir aquella disfunción.

A la luz de los datos, no lo ha hecho. Basta ver la evolución de las series de gasto educativo, que chocan no sólo con las pretensiones de 1985, sino con la afirmación de Omella según el cual la concertada "está siempre en riesgo" de ser "recortada" o sufrir "arbitrariedades". Vayamos a los números.

El gasto educativo total en 2021, último año del que hay datos, fue de 59.657,24 millones, distribuidos así: 52.375,33 en la red pública y 7.281,91 en la privada, es decir, la concertada (la gran mayoría, 7.221,32 millones, en educación no universitaria). Si miramos desde el inicio de la serie, en 1992, el gasto en la red pública ha crecido un 225,43%, frente a un 350,72% la concertada. Hay que repetirlo: 225,43 frente a 350,72. No parecen los números de un modelo sometido a caprichos y recortes. La concertada lleva en expansión desde su mismísimo origen. Ya no es, si alguna vez lo fue, un recurso transitorio. Está insertada en el corazón del modelo y cada vez recibe más recursos.

Acortemos el plazo de comparación. En los últimos diez años, entre 2011 y 2021, el gasto en la red pública ha subido un 16,77%, mientras en la concertada lo hacía un 26%. Son casi 10 puntos de diferencia. Y no crece sólo en la educación obligatoria, también en la no obligatoria, dando satisfacción a la demanda la asociación Escuelas Católicas, que invoca la "libertad de elección". El gasto público en bachillerato privado se ha elevado un 26,02% desde 2011. El caso de la Comunidad Valenciana es ilustrativo de las dificultades para poner coto a la financiación pública a la concertada. Allí el Govern del Botànic del PSPV y Compromís intentó rebajar estas ayudas a la educación privada no obligatoria, pero se encontró con el rechazo del Tribunal Supremo. La financiación pública de la educación privada católica no sólo está aquilatada legalmente, sino que cuenta con jurisprudencia a favor.

Ahora miremos los datos sólo de los concertados que el INE etiqueta como "religiosos". En el curso 2020-2021, último cerrado, de los 3.165 centros religiosos de educación no universitaria, el 82,08%, un total de 2.598, eran concertados, lo que expresa un alto grado dependencia de los recursos públicos. Dichos centros recibieron 4.689,59 millones de euros públicos, un 20,08% más que en el anterior curso explorado, 2014-2015.

Dos velocidades

El equilibrio entre ambas patas del sistema –pública y concertada– ha variado durante la pandemia. Entre 2019 y 2021 el gasto público ha crecido un 9,45% en el caso de la concertada y un 12,73% en el caso de la red pública. Es decir, durante la crisis sanitaria, que ha exigido un esfuerzo extraordinario, sí ha crecido más el gasto en la red pública, pero no porque el dedicado a la concertada haya crecido más despacio. Es más, los porcentajes de subida de la concertada, por encima del 4,5% de media, superan el promedio de la década pasada. Los tres últimos años, de 2019 a 2021, son los tres únicos por encima del 4% en crecimiento desde 2009 (8,72%).

La curva de evolución de ambas partidas permite extraer un dato elocuente. El gasto en concertada encadenó en 2021 su séptimo récord histórico seguido, desde que en 2015 recuperase los niveles precrisis. En cuanto a la red pública, sólo lleva dos récords, dado que no alcanzó la cuantía de 2009 hasta 2020. La reacción inversora tras aquella crisis muestra dos velocidades, con la concertada por delante. Mientras tanto, el porcentaje del gasto educativo público –incluyendo todas las partidas– en relación con el PIB sigue por debajo del 5%, cuando antes de la crisis llegó a superar esa cifra.

Cobros irregulares y educación sexual sin "ideología de género"

infoLibre preguntó a la Conferencia Episcopal a qué recortes y arbitrariedades se refería Omella y en qué datos se apoyaba, sin respuesta. Una posibilidad es que la alusión fuera dirigida a la prohibición de que los concertados segreguen por sexos, recogida en la Ley Celaá y avalada por el Tribunal Constitucional. Se trata de una medida que, si llega a completarse hasta el final, golpearía sobre todo al Opus Dei. Los colegios en Asturias de La Obra ya han anunciado que dejarán de segregar para retener la financiación pública.

El Ministerio de Educación, a través de un portavoz, aclara que "la ley se ha ido aplicando a los nuevos conciertos a medida que se han ido actualizando", pero no a los firmados antes y que aún tienen vigencia. El resultado es que los colegios con convenio en vigor que segregan por sexos, en su mayoría del Opus, siguen percibiendo fondos públicos.

Lo que también sigue, y en este caso no hay excusa en ningún contrato, son los cobros irregulares en los centros, no sólo de la Iglesia, detectados por un estudio sobre 326 concertados elaborado Cicae, una asociación de colegios privados, y por la Confederación de Padres de Alumnos (Ceapa). La investigación detecta un incumplimiento generalizado de la prohibición de este tipo de prácticas, que junto a la ubicación selectiva de los centros ha contribuido al incremento de la segregación escolar, es decir, de la agrupación homogénea de alumnos según origen y clase social, con los alumnos de mejor posición concentrados en mayor medida en la escuela concertada.

También es dudoso, a tenor de las palabras de Omella, el compromiso de la Iglesia en la aplicación de la educación sexual en sus centros sostenidos con fondos públicos, línea en la que la Lomloe profundiza. El presidente de la CEE hizo una alusión al tema en su discurso ante el pleno de los obispos: este tipo de educación debe estar libre de "ideologías de género".

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Las memorias anuales de la CEE tampoco describen un panorama marcado por el recorte o la arbitrariedad. Entre 2010 y 2020, según estas memorias que el propio Tribunal de Cuentas ha criticado por poco detalladas, el número de alumnos en centros católicos pasó de 1,42 a 1,52 millones. En la misma década ha habido una pérdida de curas (-14,36%), bautizos (-34,58%) y bodas (-41,68%). Es en esta doble dinámica, por la que la Iglesia compensa en las aulas su retroceso en el púlpito, donde hay que inscribir el énfasis de Omella en la defensa de la concertada, que se ha convertido en una reserva de influencia de la Iglesia católica, que a su vez engrasa su rama universitaria. "El Estado no puede olvidar su deber de respetar el principio de subsidiariedad y evitar identificarse con un determinado modelo educativo, adscripción ideológica, o titularidad de la escuela. De otro modo nuestro Estado estaría pasando a ser un estado confesional laicista, discriminando a los ciudadanos cristianos o de otras religiones", afirmó Omella.

Es pronto para valorar el impacto de la Lomloe, en vigor desde enero de 2021. El curso pasado, 2021-2022, el porcentaje de alumnos en la concertada –no exclusivamente católica– fue del 25%, frente a un 25,2% el ejercicio anterior. La bajada se explica por la formación profesional –donde cayó del 15,5% al 14,6%– y por los otros programas formativos –del 29,2% al 28,1%–. En Infantil y Primaria sube la cuota de alumnado en la concertada, del 25,4% al 26,6% y del 28,4% al 28,5%, respectivamente, mientras experimenta leves descensos en ESO –29,6% al 29,3%– y Bachillerato –10,9% al 10,8%–.

El tiempo dirá si la concertada, en la que la Iglesia ocupa una posición dominante, empieza a recibir menos fondos o a perder una cuota significativa de su bocado en el sistema. De momento, no ha ocurrido. Es más, encadena récords, aunque no lo parece si escuchamos los altavoces de la Iglesia.