El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una nueva pieza separada en la macrocausa de corrupción PúnicaPúnica para centrarse en una nueva línea de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid cuando el partido estaba presidido por Esperanza Aguirre, desgajando así las pesquisas sobre esa supuesta caja b en dos partes. El magistrado toma esta decisión después de recibir un escrito del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo.
La supuesta financiación ilegal del PP de Madrid se investiga en la pieza 9 del caso Púnica y la propia expresidenta está imputada, junto con los exdirigentes del partido Francisco Granados e Ignacio González, así como el exgerente Beltrán Gutiérrez y exconsejeros y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid. Ortega declaró en el marco de esta pieza separada, pero ahora el juez ha decidido, sin contar con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, separar los hechos que denuncia el exalcalde del resto de la investigación. Según fuentes jurídicas, la intención es no retrasar el avance de la pieza 9, sobre todo después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional urgiera urgieraa García Castellón a ir concluyendo la instrucción de una macrocausa cuyos inicios se remontan a 2014.
En un auto del 12 de mayo al que ha tenido acceso infoLibre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que a finales de abril recibió el escrito de Ortega en el que éste asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre "un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que García Castellón ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las examine y las compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de la empresa Mercado Puerta de Toledo.
El verano pasado, el exalcalde afirmó en sede judicial que siendo gerente de la empresa pública inflaba contratos de publicidad incluyendo sobrecostes que luego iban al "fondo de armario" –caja b– del partido y que Aguirre era la persona que controlaba todo lo que se hacía en el PP regional y la que daba las directrices. También dijo que la propia expresidenta llamó tras las elecciones de 2007 a empresarios que donaban dinero al partido para agradecérselo.
Tras esta declaración, el instructor de Púnica, a petición del Ministerio Público, requirió a la Comunidad de Madrid que remitiese la contabilidad de Mercado Puerta de Toledo correspondiente a los años 2006-2009, tanto las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil como el informe de auditoría y los contratos con agencias de medios o de publicidad adjudicados la empresa durante el mismo periodo. También solicitó a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía que aportara contratos adjudicados por las Entidades Públicas Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y Puerta de Toledo así como copia de las facturas abonadas en ejecución de dichos contratos.
En su escrito de finales de abril, Ortega aporta unas facturas que, según indica, servirían de ejemplo para poner de manifiesto la "existencia de una facturación impuesta para satisfacer las necesidades económicas" del PP de la Comunidad de Madrid. Según se desprende del auto, García Castellón tiene dudas acerca de la documentación entregada por el exalcalde, por lo que pide a la UCO un nuevo informe comparando estas facturas con la documentación enviada por el Gobierno regional.
El magistrado desgaja esta parte de la investigación alegando que los hechos que Ortega refiere suponen un "salto considerable respecto a aquellos que son objeto" de la pieza separada 9, pues consistirían en una "presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo". "Atendida la complejidad de la presente investigación, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, los hechos denunciados por el señor Ortega darán lugar a la formación de la pieza separada número 13", explica el auto.
Las dudas del juez
El juez traslada a acusaciones e imputados su intención de cerrar 'Púnica' tras siete años de investigación
Para el juez, de la documentación presentada por el exalcalde "sólo" se pueden inferir "indicios de la presunta comisión de un delito de falsedad documental del artículo 393 del Código Penal, cometida por particular en documento mercantil", y advierte de que, "al tiempo de producirse los hechos", ese delito "no excedía de los tres años de prisión", por lo que habría quedado prescrito, una prescripción que "habría tenido lugar antes incluso de la interposición de la querella que dio lugar a la incoación" de las diligencias que dieron lugar a la macrocausa Púnica.
"Más allá de los documentos presentados, facturas presuntamente modificadas, no se aporta ningún indicio de la desviación monetaria ni se acredita de modo alguno que pudiera haber existido el fondo al que hacía mención el denunciante en su declaración en sede judicial", explica el juez, que aprovecha también para recordar que hay que "tomar en consideración" las "circunstancias personales" de Ortega a la hora de "valorar la credibilidad de su testimonio, al tratarse de una persona condenada". El exalcalde de Majadahonda cumple una condena de 40 años en la cárcel de Soto del Real por el caso Gürtelcaso Gürtel.
"A ello debe sumarse que no ha aportado ningún indicio que permita advertir gastos o desembolsos que se hubieran podido realizar con cargo a este referido fondo, ni se identifica qué actos, qué personas o entidades pudieran haber recibido contraprestacionesfondo con cargo a este fondo, ni se justifica su existencia, siquiera indiciariamente, de ninguna manera", subraya el magistrado, que reprocha al exalcalde que "resulta cuanto menos sorprendente que, tratándose de una documentación que al parecer Ortega guardaba en una cuenta de correo electrónica personal, la presente en este momento sin dar más explicaciones sobre el motivo de hacerlo ahora ni de las razones por las que no se presentó con anterioridad".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una nueva pieza separada en la macrocausa de corrupción PúnicaPúnica para centrarse en una nueva línea de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid cuando el partido estaba presidido por Esperanza Aguirre, desgajando así las pesquisas sobre esa supuesta caja b en dos partes. El magistrado toma esta decisión después de recibir un escrito del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo.