Asociaciones de automovilistas y motoristas se han manifestado en contra de que se baje de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima para poder circular en las carreteras convencionales, una medida que se aplicará a turismos y motos. Para el resto de vehículos (autobuses, camiones y furgonetas), se establecerá un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. La normativa se ha aprobado este viernes 28 de diciembre en el último Consejo de Ministros del año.
Según ha indicado a Europa Press David Fernández, técnico de Seguridad Vial del RACE, la bajada de velocidades, como ya ocurrió cuando se bajó en autovías y autopistas de 120 a 110 km/h, son soluciones "bastante estériles". "En las convencionales abogamos por una mayor inversión en infraestructuras, como mejorar el trazado y la iluminación para la conducción en condiciones meteorológicas adversas", ha comentado Fernández, que ha lamentado que todo el foco se pone en el conductor del vehículo.
También Automovilistas Europeos Asociados (AEA) está en contra de esta medida. "No somos favorables a la adopción de esta medida de limitar genéricamente la velocidad en convencionales porque entendemos que no van a provocar una reducción de accidentes en este tipo de carreteras", ha señalado su presidente, Mario Arnaldo. Según comenta, la causa principal de mortalidad en estas vías no es por exceso de velocidad sino por colisión frontal al realizar adelantamientos, por lo que sí se encuentra a favor de establecer límites específicos según el tramo de carretera para evitar los adelantamientos.
En la misma línea se muestra el colectivo de motoristas. Así, la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, ha afirmado que bajar la velocidad "no es la solución". "No va a servir absolutamente para nada, es gastar dinero donde no toca", dice Alonso, que apuesta más por la reforma del carné por puntos y reeducar a la ciudadanía en Seguridad Vial.
Desde Mutua Motera, su presidente, Juan Manuel Reyes, ha asegurado que no están de acuerdo con esta medida que, a su juicio, "va en contra de los tiempos" porque, según recalca, los accidentes causados por exceso de velocidad "son muy poquitos y porque no se respetan los límites". "No va a suponer una mejora significativa de la seguridad, en general", resume Reyes, que además, considera que las motos deberían poder circular a velocidades ligeramente superiores a las de otros vehículos para así reducirse el riesgo de colisión o arrollamiento.
"Viene de lejos"
Por el contrario, las asociaciones de víctimas se han mostrado a favor de esta normativa, que podría entrar en vigor en enero o febrero de 2019.
"Estamos conformes, María Seguí lo intentó en su momento y no recibió apoyo, es algo que viene de lejos y estábamos a favor de ello", ha asegurado a Europa Press la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, que justifica su posición en que "está constatado que la velocidad mata". Por ello, considera esta iniciativa un "éxito", teniendo en cuenta que se trata de una medida que no cuenta con el visto bueno de la ciudadanía.
Desde la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico PAT-APAT, también se muestran conformes. "Para nosotros es un gran logro, estamos muy de acuerdo y muy contentos de que se vaya a aprobar", ha aseverado su vicedirector, Vicente Sánchez, que considera que rebajar la velocidad máxima "es una gran medida" para reducir la siniestralidad vial. "Espero que pronto se baje en las ciudades a 30 kilómetros por hora, esto sería otro frente que sería muy positivo", ha añadido.
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El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (Asociación DIA), Francisco Canes, también está de acuerdo con la propuesta, ya que de este modo se elimina la necesidad de hacer adelantamientos. Sin embargo, no están a favor de que se baje la velocidad a todos los vehículos porque así se mantiene la obligación de que aquellos que pueden circular a más velocidad adelanten a los demás. "Mantiene el riesgo exactamente igual, si todos los vehículos tienen el límite a 90 km/h, no hay necesidad de adelantar", ha precisado. Por tanto, "es un éxito relativo y con muchos matices".
Desde la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici), también veían con buenos ojos esta petición del director general de Tráfico, Pere Navarro. Uno de sus portavoces, Manuel Martín, justificó esta medida en que es en las convencionales donde se producen más accidentes y por donde precisamente circulan los ciclistas.
Por su parte, Fundación PONS –del que era asesor Navarro antes de incorporarse a la DGT–, recuerda que desde 2015 lleva pidiendo que el límite de carretera convencional sea homogéneo en 90 kilómetros por hora. "Los países con buenos índices de siniestralidad en Europa cuentan con límite de carretera convencional entre 80 y 90 kilómetros por hora", inciden desde la entidad.
Asociaciones de automovilistas y motoristas se han manifestado en contra de que se baje de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima para poder circular en las carreteras convencionales, una medida que se aplicará a turismos y motos. Para el resto de vehículos (autobuses, camiones y furgonetas), se establecerá un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. La normativa se ha aprobado este viernes 28 de diciembre en el último Consejo de Ministros del año.