Las conexiones con la Fundación FAES y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de cuatro de los cinco magistrados encargados de resolver si Pablo Casado pasará a estar sometido a investigación judicial se perfilan hoy como una nueva fuente de dificultades en la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo sobre el líder del PP.
Como publicó infoLibre este lunes, dos de los cinco jueces que integran la Sala de Admisión han participado en actividades de FAES, la fundación que preside José María Aznar, de quien Casado fue asistente personal entre julio de 2009 y octubre de 2016. Se trata de Pablo Llarena –que figura como ponente en unas jornadas de FAES celebradas en 2010 y como asistente a otras en 2012, 2013 y 2014– y Miguel Colmenero, que asistió a dos cursos en 2005 y 2007.
En lo que respecta a los vínculos con la Rey Juan Carlos (URJC), la universidad involucrada en el caso máster, estos afectan a tres jueces, como adelantó también este lunes el digital elplural.com. Y son Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Miguel Colmenero y Francisco Monterde. Los tres coincidieron en al menos un curso académico –2011-2012– como profesores del Máster Universitario en Derecho Penal Económico, organizado por la URJC y el gigante de la auditoría KPMG. En esa misma edición del máster impartió también clases Ignacio Ayala, el abogado que representa a Pablo Casado. [Puedes ver el folleto oficial y la relación de profesores pinchando aquí].
Marchena ha participado de manera habitual en las sesiones del denominado Observatorio de Derecho Penal Económico, promovido por la Cátedra de Investigación Financiera y Forense Universidad Rey Juan Carlos-KPMG. En la desarrollada el 22 de mayo de 2015 en la sede madrileña de KPMG, coincidieron de nuevo el magistrado y el letrado Ignacio Ayala, del bufete Oliva-Ayala. Y Colmenero asistió, como mínimo y en 2010, a otro curso de la URJC.
InfoLibre preguntó a FAES si los dos jueces, Pablo Llarena y Miguel Colmenero, habían cobrado por sus intervenciones. No hubo respuesta.
Igualmente, intentó –sin éxito– recabar ese mismo dato en relación a Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Francisco Monterde a través de los portavoces oficiales de la URJC. Fuentes internas de la citada universidad aseguraron que los profesores externos que se suman al plantel docente de un máster cobran hasta 120 euros brutos por clase. "A más alumnos, mayor es la remuneración".
Silencio oficial
Las fuentes oficiales consultadas en el Supremo rehusaron responder a las dos preguntas formuladas por este periódico: si los magistrados que acudieron a cursos de FAES o impartieron clases en la Rey Juan Carlos aprecian que podrían estar ante un potencial conflicto de intereses; y si percibieron alguna remuneración por su participación en actividades académicas de esa universidad o en las jornadas organizadas por la fundación que hasta la ruptura de 2016 operó como el gran laboratorio de ideas del PP.
"El criterio de la Sala –se limitaron a asegurar los portavoces por este periódico– es no entrar en este tipo de informaciones".
Otras fuentes jurídicas indicaron, no obstante, que ni su asistencia a los cursos enumerados ni la percepción de honorarios, que en absoluto la descartan, introducen factores de distorsión. "Si alguno de los cinco creyera que lo hay se habría abstenido", dijo uno de los interlocutores sondeados por este periódico.
La misma fuente asegura que, por ejemplo, el juez Pablo Llarena ha acudido a numerosos actos del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, extremo que este periódico no ha logrado verificar. "Y cuando llegó el momento de actuar no le tembló el pulso", agregó en referencia clara a su papel como instructor en las diligencias contra dirigentes independentistas catalanes. En el relato del interlocutor de infoLibre, este fue el corolario: "Ninguno de ellos resulta equiparable a otros jueces que sí que han estado abonados a FAES", lo que parece una referencia nítida al juez Enrique López, cuyas colaboraciones habituales con esa fundación le costaron verse apartado de todas las piezas del caso Gürtel.
Colmenero, sostiene la fuente, acudió "solo a dos cursos en 2005 y 2007, antes de que Casado empezara a trabajar directamente con Aznar, y Llarena iba a FAES como ha ido siempre allí donde le han invitado a hablar del sistema de elección de vocales del Poder Judicial". en 2010 2012, su relación con FAES se limitó, efectivamente, a participar en cursos sobre esa materia. En 2013, consta como asistente a una jornada sobre el futuro de la Policía Judicial en España y a otra sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2014, y todavía como presidente de la Audiencia de Barcelona, participó en un seminario sobre la tutela judicial efectiva.
La Fundación Francisco Franco ingresó en 2015 de sus socios 97.605 euros y 75.372 de subvenciones y donaciones
La semana pasada, el Tribunal Supremo pidió a la Fiscalía que informe sobre si debe abrir causa al presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).
La Sala de Admisión pregunta a la Fiscalía si el Supremo tiene competencia para investigar al líder del PP, ya que es aforado y si comparte los delitos que señaló la juez de Instrucción número 51 de Madrid, que inició esta causa.
La magistrada de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid Carmen Rodríguez-Medel elevó una exposición razonada al Supremo a principios de agosto reclamando que cite como investigado a Casado al sospechar que junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad pudieron conseguir el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Las conexiones con la Fundación FAES y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de cuatro de los cinco magistrados encargados de resolver si Pablo Casado pasará a estar sometido a investigación judicial se perfilan hoy como una nueva fuente de dificultades en la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo sobre el líder del PP.