Desde que comenzó la legislatura la ley de amnistía ha acaparado todo el foco mediático, tanto dentro del Congreso como fuera. Fue la primera proposición de ley que registró el grupo parlamentario socialista, en solitario, el pasado mes de noviembre. Tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confiaban en que se tramitara rápido —la Mesa de la Cámara aceptó que se hiciera de urgencia para acortar los plazos—, pero tras la negativa de Junts a aprobar el texto se devolvió a la Comisión de Justicia por un plazo de quince días que este martes se amplió a otros quince. Por el momento, la negociación está atascada a la espera de alguna solución "inédita" acordada entre el grupo independentista y el PSOE para reconducir la situación.
Aunque Junts condicionó la duración de la legislatura a la aprobación de la ley, hay más normas, una veintena, que ya han pasado su primera prueba —la toma en consideración— en el Pleno y que siguen su tramite en la Cámara Baja. Aunque algunos grupos como el PNV a través de su portavoz, Aitor Esteban, advertían esta semana de los riesgos de la "fiebre legislativa" del Ejecutivo en una legislatura en la que las mayorías no son fáciles de alcanzar, en el PSOE se muestran dispuestos a seguir adelante con la legislatura incluso sin la ley de amnistía.
Actualmente hay 20 iniciativas tramitándose al margen de la amnistía: ocho proyectos de ley del Gobierno, tres proposiciones de los grupos —dos de Sumar y una de Esquerra Republicana—, cuatro normas que provienen del Senado —todas del Partido Popular— y cinco iniciativas que vienen de las comunidades autónomas —dos de la Asamblea de Murcia, una del Parlament de Cataluña, otra de Galicia y una última de la Comunidad de Madrid—. Las comisiones encargadas de tramitarlas son Igualdad, Justicia, Hacienda, Agricultura, Educación, Sanidad, Economía, Trabajo y Derechos Sociales, mientras que hay cinco proyectos pendientes de ser asignados a su comisión correspondiente.
Los proyectos de ley del Gobierno: paridad, desperdicio alimentario, salud pública...
Una vez el Consejo de Ministros aprueba una ley, el trámite continúa. El Gobierno tiene dos posibilidades: tramitarla vía decreto-ley o vía proyecto de ley. En el primer caso entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después se manda al Congreso para que en el plazo de un mes la Cámara Baja lo convalide o no. Es lo que sucedió, por ejemplo, el pasado mes de enero con los decretos ómnibus y de medidas anticrisis aprobados in extremis tras una votación con Junts. Si el decreto-ley consigue mayoría necesaria y no se introducen cambios, el trámite parlamentario termina ahí y la norma se aprueba.
Sin embargo, en el caso de los decretos anteriormente citados se acordó tramitarlos vía proyecto de ley y ambos están en la Comisión de Justicia. En ese caso el proceso es más largo y complejo, con pasos que van desde la admisión a trámite —con su correspondiente votación en Pleno—, las enmiendas de los grupos —parciales o a la totalidad— la fase de comisión, ponencia y finalmente su debate y votación el Congreso. Si la norma cuenta con el respaldo suficiente se traslada al Senado, que tiene dos meses máximo para convalidarla. En total, todo el trámite puede durar meses o incluso más de un año.
Actualmente se están tramitando proyectos como el de la ley de paridad, que sigue su trámite parlamentario después de que el Congreso rechazara el jueves la enmienda a la totalidad de Vox, la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se presentó la pasada legislatura pero que decayó por el adelanto electoral, lo mismo que sucedió con el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública y la norma para regular las Enseñanzas Artísticas Superiores. Asimismo, el Ejecutivo también ha llevado ya al Congreso la ley del derecho de defensa y una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones en materia laboral para la transposición de una directiva europea.
Las iniciativas de los grupos y del Senado: libertad de expresión, deportistas, discapacidad...
Los grupos también pueden presentar sus iniciativas, lo que se conoce como proposiciones de ley, que pueden ser registradas por cualquier diputado con las firmas de otros 14 o un grupo parlamentario, con la firma de su portavoz. Tras calificar una proposición de ley, la Mesa ordena su publicación en el Boletín del Congreso y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio y su conformidad o no a la tramitación, en función de si supone un desajuste de los créditos presupuestarios. Una vez superado esa fase, su trámite es similar al del proyecto de ley.
Actualmente hay tres iniciativas, dos presentadas por Sumar y otra por ERC, que han superado su primera prueba. En el caso de coalición liderada por Yolanda Díaz se trata de una propuesta para reformar hasta seis delitos del Código Penal sobre libertad de expresión y otra para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España. En el de los republicanos su ley busca acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes, de tal manera que sólo sea una opción voluntaria.
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Además, el Senado también tiene potestad para enviar leyes al Senado. El Partido Popular ha sacado partido de su mayoría absoluta en la Cámara Alta con cuatro iniciativas: una para rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%, otra contra la ocupación ilegal, también para asimilar la situación de personas con dependencia a las que tienen discapacidad y una cuarta para ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable.
De los parlamentos autonómicos al Congreso: cajeros automáticos, trasvase...
Las asambleas de las comunidades autónomas también pueden presentar iniciativas legislativas y la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, que gobierna en 12 de las 17 autonomías, se sirve de su mayoría para llevar iniciativas a la Cámara Baja. Actualmente hay cinco normas que provienen de los parlamentos autonómicos y, a excepción de Cataluña, el resto proceden de comunidades lideradas por la formación conservadora.
La del Parlament catalán propone que haya cajeros automáticos en los municipios en riesgo de exclusión financiera, la de Galicia reclama la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a su comunidad, en Murcia demandan tanto el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como la modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el establecimiento de la custodia compartida de manera preferente en menores y, por último, desde la Asamblea de Madrid piden reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial, como también reclama el PP nacional.
Desde que comenzó la legislatura la ley de amnistía ha acaparado todo el foco mediático, tanto dentro del Congreso como fuera. Fue la primera proposición de ley que registró el grupo parlamentario socialista, en solitario, el pasado mes de noviembre. Tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confiaban en que se tramitara rápido —la Mesa de la Cámara aceptó que se hiciera de urgencia para acortar los plazos—, pero tras la negativa de Junts a aprobar el texto se devolvió a la Comisión de Justicia por un plazo de quince días que este martes se amplió a otros quince. Por el momento, la negociación está atascada a la espera de alguna solución "inédita" acordada entre el grupo independentista y el PSOE para reconducir la situación.