El Congreso de los Diputados ha gastado 3.750.589 euros en nueve meses en los desplazamientos de los parlamentarios en el territorio nacional. Dividiendo esta cantidad entre los 350 diputados que integran la Cámara Baja, la media de gasto de cada uno de ellos es de 10.716 euros. Son los datos oficiales que figuran en el Portal de la Transparencia de la institución a fecha de 30 de septiembre.
De la cantidad total gastada hasta septiembre, 2.664.937 euros se corresponden con los desplazamientos en sentido estricto, divididos por actividades –oficial, parlamentaria y política–. El resto, 1.085.652 euros, tienen que ver con gastos de gestión, cancelaciones y cambios. También, con billetes emitidos pendientes de ser utilizados por sus titulares. El grueso del desembolso es para los llamados desplazamientos "parlamentarios". Es decir, para los que tienen estricta relación con la labor del político como diputado.
En 2017, la Cámara baja destinó más de 4,5 millones de euros a este concepto, según puede consultarse en la mencionada herramienta de transparencia.
Los datos se hacen públicos, por trimestres, desde enero de 2015, poco después del estallido del bautizado como caso Monago, en alusión al dirigente conservador José Antonio Monago. caso Monago, En noviembre de 2015 el diario digital publico.es desveló que el líder del PP de Extremadura, en su etapa de senador por designación autonómica, había viajado en 32 ocasiones a Canarias de forma privada y con cargo al erario público. El destino chirriaba porque las islas nada tenían que ver con la circunscripción por la que trabajaba en el Senado. Tras varias versiones contradictorias, el líder de los conservadores extremeños compareció acompañado de un dossier que pretendía demostrar que todo estaba en orden. Los periodistas que acudieron a esta cita tuvieron acceso a la documentación, en la que había comprobantes de pago de sus viajes privados con tarjeta de crédito, pero no pudo ser reproducida ni fotocopiada.
En marzo de 2015, el Tribunal Supremo (TS) archivaba la querella presentada contra él por sus viajes a Tenerife en su época de senador. Desde el Partido Popular se llegó a asegurar que, además de su circunscripción, el Grupo Parlamentario le había asignado labores de apoyo en Andalucía y Canarias.
El Supremo reclamó mejor regulación
El alto tribunal consideró que los hechos, denunciados por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, no eran constitutivos de delito de malversación de caudales públicos porque las normas de funcionamiento interno de las Cámaras autorizan el pago de esos gastos con cargo a sus cuentas. No obstante, reclamó una mejor regulación de los gastos que sus señorías hacen en sus desplazamientos públicos.
Este caso sirvió para poner de manifiesto la opacidad de las Cortes a la hora de rendir cuentas sobre el uso del dinero público. Y la presión social condujo a que Congreso y el Senado, diez días después de que se publicaran las primeras informaciones, acordasen una resolución "en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los señores diputados".
"En el ejercicio de la labor parlamentaria, [el político] representa al conjunto de los españoles por lo que, a efectos de su función, su ámbito de trabajo es el conjunto del territorio nacional", puede leerse. Con esta precisión, las Cámaras evitaban nuevas polémicas como las del expresidente extremeño.
La resolución estaba integrada por dos puntos: "Supervisión" y "Publicidad y Transparencia". "Cuando se trate de desplazamientos del diputado [o senador] para el desempeño de su actividad parlamentaria desde o hacia su lugar de residencia habitual u ocasional, y desplazamientos desde o hacia su circunscripción de elección, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, dentro de los 15 días siguientes a su realización", refleja. Estos son los llamados desplazamientos parlamentarios.
Hay otros desplazamientos. Son los de índole política. La resolución los define como aquellos "a otra circunscripción distinta para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional por su pertenencia a un Grupo Parlamentario". Y estos "deberán contar con la supervisión o aval de la dirección de dicho Grupo". Si no se comunican en tiempo y forma, el diputado deberá reembolsar a la Cámara su importe.
Sin contar con los billetes cancelados o los pendientes de utilización, en los nueve primeros meses de año sus señorías han gastado 2,3 millones en viajes parlamentarios por el territorio nacional y 304.555 euros en los que tienen que ver con su actividad política.
Además de publicar el Congreso [o el Senado] con carácter trimestral en su web el gasto total de los desplazamientos, los Grupos Parlamentarios tienen la obligación de hacer un informe de la actividad de los parlamentarios que respalda esos gastos. No hay norma que indique que estos informen han de ser públicos. Es el grupo parlamentario el que decide hasta dónde quiere llegar en este ejercicio de transparencia.
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Actividad internacional
A estos datos, hay que sumar los 887.907 euros destinados a la "actividad internacional" de sus señorías, aquellos viajes oficiales que se realizan fuera de España en delegaciones parlamentarias. Según los datos que facilita el Congreso, pendientes de actualizar desde el 28 de septiembre, los diputados han participado en 99 de estos viajes. Los 887.907 euros se corresponden con 80 de esos desplazamientos. Diecinueve están "pendientes de facturación".
En base a la misma resolución, el Senado también publica los datos. De 2018, a día de hoy sólo son públicos los datos de los dos primeros trimestres de año: 1,7 millones de euros. En 2017 el gasto fue de tres millones de euros.
El Congreso de los Diputados ha gastado 3.750.589 euros en nueve meses en los desplazamientos de los parlamentarios en el territorio nacional. Dividiendo esta cantidad entre los 350 diputados que integran la Cámara Baja, la media de gasto de cada uno de ellos es de 10.716 euros. Son los datos oficiales que figuran en el Portal de la Transparencia de la institución a fecha de 30 de septiembre.