La investigación parlamentaria sobre el asesinato a manos de la policía de Manuel José García Caparrós, un joven de 19 años abatido durante una manifestación por la autonomía andaluza en 1977 en Málaga, continúa siendo un "secreto" oficial. Atendiendo la voluntad de la familia de García Caparrós, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere solicitó formalmente a la Mesa del Congreso el 31 de marzo toda la documentación de la comisión de investigación abierta tras los hechos, que nunca fueron esclarecidos y quedaron impunes. La respuesta, con fecha de 22 de mayo, lleva la firma de la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), y su contenido es terminante: "la documentación solicitada tiene carácter secreto", por lo que "no procede atender" la petición de su señoría. El Congreso explica a través de un portavoz que la negativa se fundamenta en el carácter secreto que tenían todas las "comisiones de encuesta", las antiguas comisiones de investigación, en virtud del reglamento provisional del Congreso en vigor de 1977 a 1982. Levantar ese carácter secreto depende de la Mesa del Congreso, explica este portavoz.
Casi 40 años después del disparo letal, el principal órgano de representación democrática del Estado mantiene a oscuras el resultado de la investigación política sobre la muerte de García Caparrós, hijo predilecto de Andalucía y símbolo del autonomismo andaluz, a pesar del empeño de su familia por arrojar luz sobre el caso. La respuesta de Pastor se produce previa consulta a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados, que emitió informe considerando "secreta" la documentación solicitada. La diputada García Sempere, de IU, ya dirigió en febrero una petición a la Mesa del Congreso para obtener de la Administración General del Estado "copia del informe completo", incluyendo las tres sesiones sin acta pública, de la comisión abierta tras el asesinato. La respuesta de la Mesa fue que la información no estaba en la Administración General del Estado, sino en el Congreso. La diputada volvió a intentarlo, requiriendo a la Mesa "toda la documentación archivada" en la Cámara. Y ahora ha obtenido un no por respuesta. Es material "secreto". Así lo acordó la Mesa de la Cámara en reunión celebrada el 18 de mayo.
García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria y militante de Comisiones Obreras, participó en la manifestación por la autonomía andaluza que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1977 en las principales ciudades de la comunidad. Concretamente, asistió a la de Málaga, una de las más multitudinarias. El joven murió de un disparo procedente de una pistola de la Policía Armada, que había empezado a cargar contra los manifestantes. La manifestación en Málaga ya había empezado con los ánimos muy crispados. El presidente de la Diputación, el falangista Francisco Cabeza López, se había opuesto a que en el edificio institucional ondeara la bandera andaluza junto a la española. Un manifestante subió a colocarla y se produjo una brutal reacción policial. García Caparrós fue la víctima inocente. Su muerte causó gran conmoción social.
El joven fue abatido en la confluencia entre la calle Vendeja y la Alameda de Colón, a la altura de un quiosco. Murió durante su traslado en coche al hospital Carlos Haya. El crimen quedó irresuelto y así sigue. La investigación se archivó en 1985 sin responsables. Ni siquiera se consideró técnica o políticamente responsable al gobernador civil, Enrique Riverola, que tras el crimen prometió una investigación de la que no hubo resultado. La muerte de García Caparrós lo convirtió en mártir del autonomismo y símbolo de la izquierda andalucista. Hubo dos días de choques entre policía y manifestantes en Málaga tras su fallecimiento. El presidente de la Diputación dejó su cargo. El 4 de diciembre, tras las masivas manifestaciones de aquel año en toda la comunidad, se convirtió desde entonces en una especie de día nacional informal de Andalucía, si bien la jornada festiva oficial es el 28 de febrero, por el referéndum de 1980
Una muerte sin responsables
La muerte de García Caparrós y de otro joven en Tenerife llevó en diciembre de 1977 a la apertura de la conocida como Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y la Laguna por parte del Congreso de los Diputados. Participaron UCD, el PSOE, el PCE, el Grupo Mixto, Alianza Popular y el PNV. Se cerró sin responsables. Tres de las sesiones de la comisión no tienen diario: las de 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978. Es decir, no se pueden consultar en el diario de sesiones del Congreso. No hay rastro. Una parte de la comisión es confidencial, no tiene carácter público. Ahí es donde quiere poner luz la familia de García Caparrós. El Congreso dice que es secreto.
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El reglamento del Congreso establece que "las sesiones de las comisiones, incluidas las de investigación, serán secretas cuando lo acuerden por mayoría absoluta de sus miembros" (artículo 64). El artículo 96 dice: "De las sesiones secretas se levantará acta taquigráfica, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los diputados, previo acuerdo de la Mesa". No obstante, un portavoz del Congreso afirma que la negativa a la petición de Unidos Podemos no se fundamenta en lo establecido en el reglamento del Congreso en vigor desde 1982, sino en el anterior, provisional y pre-constitucional, que regulaba las comisiones de encuesta, hoy inexistentes y no reguladas. Dicho reglamento provisional establecía: "Las sesiones de las comisiones de encuesta serán secretas en todo caso".
La familia siempre ha denunciado, desde la muerte del joven, trabas y obstáculos para conocer la verdad de un crimen ocurrido en plena transición, con una situación política inestable. La policía arrastraba una cultura de brutalidad e impunidad propia de una dictadura, pero las calles bullían de entusiasmo democrático. Esos tiempos convulsos han pasado, pero las puertas a la información siguen cerradas. Purificación (59 años), Francisca (55) y Dolores García Caparrós (52), hermanas de Manuel José, llevan meses en una campaña reivindicativa exigiendo la reapertura del caso. Han sido recibidas en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos de Andalucía y Navarra. La respuesta de la Mesa es un mazazo a su causa.
"Es la propia Mesa la que tiene la potestad de permitir el acceso a los diputados [a las actas de las comisiones]. Hay una decisión política clara", afirma la diputada Eva García Sempere. Más que posibles responsabilidades concretas –que penalmente estarían extinguidas y que probablemente afectarían a sujetos ya ancianos o fallecidos–, la diputada considera que la decisión pretende "ocultar la realidad de unos años sobre los que hay un pacto de silencio para mantener una visión idílica de la transición". García Sempere señala que su grupo recurrirá esta negativa de la Mesa y continuará insistiendo para obtener o consultar la información completa de la comisión.
La investigación parlamentaria sobre el asesinato a manos de la policía de Manuel José García Caparrós, un joven de 19 años abatido durante una manifestación por la autonomía andaluza en 1977 en Málaga, continúa siendo un "secreto" oficial. Atendiendo la voluntad de la familia de García Caparrós, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere solicitó formalmente a la Mesa del Congreso el 31 de marzo toda la documentación de la comisión de investigación abierta tras los hechos, que nunca fueron esclarecidos y quedaron impunes. La respuesta, con fecha de 22 de mayo, lleva la firma de la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), y su contenido es terminante: "la documentación solicitada tiene carácter secreto", por lo que "no procede atender" la petición de su señoría. El Congreso explica a través de un portavoz que la negativa se fundamenta en el carácter secreto que tenían todas las "comisiones de encuesta", las antiguas comisiones de investigación, en virtud del reglamento provisional del Congreso en vigor de 1977 a 1982. Levantar ese carácter secreto depende de la Mesa del Congreso, explica este portavoz.