La totalidad de los grupos parlamentarios, con excepción del PP, ha defendido este martes en el Pleno del Congreso la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que tras una reforma auspiciada por el PP en 2015 limita el plazo para la instrucción de los procesos a 6 meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. Estiman que los límites han servido para dar alas a la impunidad en las causas de corrupción.
El Congreso ya aprobó en mayo de 2017, con el voto en contra de los conservadores, la toma en de consideración de esta misma propuesta de Podemos y sus confluencias para derogar la reforma que llevó a cabo el PP en 2015 del artículo 324 de la Lecrim. No obstante, esta iniciativa sufrió hasta 67 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas sin que llegara siquiera a despegar.
La práctica totalidad de grupos parlamentarios han criticado durante su intervención que el PP y Ciudadanos acordaran la presentación de estas prórrogas, un reproche con el que incluso han coincidido grupos colocados en posturas ideológicas tan dispares como son Vox y Unidas Podemos, impulsor de la iniciativa legislativa.
En palabras de la diputada encargada de su defensa, la diputada y juez Victoria Rosell, durante el Gobierno del PP se realizaron reformas que fortalecieron la idea de una justicia "fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes", como fueron esta de los plazos de instrucción, la denominada "ley mordaza" y la de tasas judiciales, que fue finalmente anulada por inconstitucional.
La diputada morada ha comenzado su discurso aludiendo a la reciente condena por el Tribunal Supremo del juez que maniobró contra ella por una denuncia falsa, lo que ha calificado de "utilización de las cloacas del Estado contra el adversario político".
Ha añadido que ya advirtieron que la reforma causaría impunidad al impulsor de la misma, el exministro Rafael Catalá, de quien ha comentado que es conocido como "Rafa" "por los amigos y los imputados del caso Lezo, y ahora cobra de las casas de apuestas que inundan nuestros barrios".
Según Rosell son sonados los casos en los que los límites a la investigación penal propiciados por el artículo 324 han beneficiado a altos cargos del PP, como es el del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel. "La impunidad era y fue la consecuencia ineludible porque ese era el motivo de la ley", ha señalado Rosell, recordando que desde Jueces para la Democracia (JpD) se llamó a la reforma "ley de punto y final" y desde Podemos se refieren a ella como "ley Berlusconi", al suponer "la degradación de las intituciones en beneficio de la impunidad de los poderosos".
Además de a los casos de corrupción, Rosell se ha referido a otros supuestos como damnificados por la reforma, como son los referidos a causas por delitos sexuales, contra menores, malos tratos etc, que no pueden ser calificados como causa compleja pero cuya instrucción puede tener que precisar más de seis meses si la petición de informes periciales, por ejemplo, supone precisar de un poquito más de ese tiempo.
La diputada del Grupo Mixto Miriam Nogueras i Camero se ha limitado ha señalar que apoyan la iniciativa de Podemos porque "fijar límites tiene que ser siempre en beneficio de los ciudadanos como no puede haber límites sin recursos asociados", postura con la que ha coincidido Mikel Legarda, del PNV, que ha lamentado que esta iniciativa, pese a prosperar, terminará de nuevo en el cajón si decae la semana que viene la legislatura.
También Carolina Telechea i Lozano, de ERC ha manifestado que una reforma como la que hizo en su día el PP no puede llevase a cabo sin dotarse a los jueces de los medios, "y lo peor, a sabiendas de esa falta de medios", demostrando que lo único que le interesa es que los casos que les afectan sigan impunes.
Durante su intervención, la diputada de Vox Margarena Olona ha expresado su apoyo a la propuesta aunque su grupo se encuentre "en las antípodas de la exposición de motivos" defendido en la sesión por Rosell.
La anécdota personal de Olona
La parlamentaria, para ilustrar la defensa de la impunidad que a su juicio propicia la "partitocracia" ha hecho alusión a un capítulo de su vida personal como jefa de la Abogacía del Estado en el País Vasco, de donde afirma que fue removida por el PNV debido precisamente a su lucha contra la corrupción.
Estas afirmaciones le han valido las críticas tanto del PP, cuya diputada Maria Jesús Moro las ha calificado de uso del hemiciclo para "vendettas personales"; como del PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban ha recordado que Olona no ganó un solo caso de corrupción en el País Vasco y que "eso pasa con quienes más que funcionarios son militantes de una ideología".
El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera ha anunciado su apoyo a la iniciativa a pesar de criticar duramente al PSOE y a Unidas Podemos por pactar junto al PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces, por lo que a su juicio "ni este Gobierno ni sus socios preferentes tienen credibilidad cuando hablan de independencia judicial".
El PSOE, por su parte, ha mostrado por boca de su portavoz Juan Carlos Campo su apoyo a la propuesta, si bien ha aprovechado para reclamar a los morados su apoyo a un Gobierno de Pedro Sánchez, "para que esta iniciativa no caiga en saco roto". Si no se produce este apoyo, ha añadido, dentro de varios meses el asunto volverá al Congreso "y muchos se habrán ido de rositas".
Finalmente, la diputada del PP María Jesús Moro ha sido la única en defender la reforma de 2015, que ha desvinculado de las causas de corrupción al señalar que, dada su condición de complejas en muchos casos, no están afectadas por la reforma.
"Nunca imaginé que una aburrida norma procesal sirviera para la demagogia política", ha añadido, para concluir que su grupo no se iba a oponer a la toma en consideración de la propuesta, aunque no está de acuerdo con que se derogue el artículo y no se ponga ningún plazo. "No se puede volver atrás, el derecho se construye hacia adelante", ha afirmado Moro.
La totalidad de los grupos parlamentarios, con excepción del PP, ha defendido este martes en el Pleno del Congreso la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que tras una reforma auspiciada por el PP en 2015 limita el plazo para la instrucción de los procesos a 6 meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. Estiman que los límites han servido para dar alas a la impunidad en las causas de corrupción.