Que las personas dependientes puedan seguir viviendo en sus casas recibiendo la atención que necesiten. Ese es el objetivo con el que nace el plan que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva al Consejo de Ministros y que cuenta con una dotación de 731 millones de euros para este año. Ese dinero será transferido a las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte de políticas sociales, y tendrá un carácter finalista. Es decir, las autonomías estarán obligadas a invertir la totalidad de los transferido en los proyectos comprometidos. Para ello, el ministerio firmará un convenio bilateral con cada gobierno regional, y se establecerá un mecanismo de coordinación para asegurar que se cumplen los objetivos.
La inversión está destinada a aspectos muy concretos como mejorar la atención domiciliaria, el apoyo a la movilidad o incluso las ayudas directas para los familiares con personas dependientes a su cargo. El departamento de Ione Belara tiene la ambición de que inversiones de este tipo supongan "un cambio de paradigma" en la atención de la dependencia en España, ajustándola más a los sistemas de los países de nuestro entorno. La idea es que, frente al modelo residencial, se fomente un modelo de atención domiciliaria en el que las personas dependientes puedan acometer reformas en sus propias casas para adaptarlas a sus necesidades de accesibilidad y que también se mejore la asistencia recibida por parte de las personas cuidadoras. O lo que es lo mismo: que las personas dependientes puedan recibir la atención que necesitan en su propia casa. Una aspiración que, según fuentes del propio ministerio, "cobrá aún más sentido" tras la experiencia de la gestión del sistema residencial durante la pandemia.
Partida de los fondos europeos
Los 731 millones de euros será una de las inversiones a cuenta de los conocidos Fondos Europeos, ya que el detalle del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con un capítulo concreto sobre “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social”. En ese capítulo se encuentra esta partida, que en cualquier caso será adelantada a las comunidades autónomas aunque los fondos comunitarios aún no se hayan transferido, ya que el Gobierno también la incluyó en los Presupuestos Generales del Estado.
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Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, "se trata de una inyección histórica y fundamental para acometer la transición social que necesita nuestro país, que nos asemejará a Europa en lo que respecta a cuidados de larga duración y que creará empleo de calidad en un sector altamente precarizado y feminizado".
El estreno de Belarra
La propia ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 comparecerá por primera vez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde su toma de posesión. Lo hará para detallar el plan y con su comparecencia romperá una tendencia de cuatro meses justos en los que ningún miembro de Unidas Podemos ha desfilado ante los medios tras la reunión de los martes en Moncloa.
Que las personas dependientes puedan seguir viviendo en sus casas recibiendo la atención que necesiten. Ese es el objetivo con el que nace el plan que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva al Consejo de Ministros y que cuenta con una dotación de 731 millones de euros para este año. Ese dinero será transferido a las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte de políticas sociales, y tendrá un carácter finalista. Es decir, las autonomías estarán obligadas a invertir la totalidad de los transferido en los proyectos comprometidos. Para ello, el ministerio firmará un convenio bilateral con cada gobierno regional, y se establecerá un mecanismo de coordinación para asegurar que se cumplen los objetivos.