La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, dará cuenta este martes en el Congreso del informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, en el que se afea al órgano que vela por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que no publicite adecuadamente algunos aspectos relativos a las cuentas del organismo, los contratos que adjudica o los complementos o gratificaciones recibidos por parte de su personal, según informa Europa Press.
Los distintos grupos parlamentarios podrán analizar esta situación durante la comparecencia de De la Fuente ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas según informa Europa Press.
En opinión del tribunal, las cuentas anuales rendidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial" de la institución, lo que no es óbice para que le haga varias recomendaciones tendentes a subsanar las deficiencias detectadas, como la aprobación del Reglamento para su funcionamiento.
Otra de las deficiencias que señalaba el informe ya ha sido subsanada con el reciente nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como nuevo presidente del Consejo, un puesto que ha estado vacante casi tres años, desde el fallecimiento en noviembre de 2017, de Esther Arizmendi, que estuvo al frente de este organismo desde su creación en 2014.
Más de tres años con vocales pendientes
Desde entonces ejercía como presidente en funciones el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, pero, según el fiscalizador, la ausencia de un presidente con plenas funciones dificultaba la toma de decisiones.
El tribunal también destacaba en su informe que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno había funcionado más de tres años teniendo vacantes los puestos de los vocales correspondientes al Congreso, el Senado y la Secretaría de Estado de la Función Pública.
Según el informe, el Consejo ha incumplido la ley de Función Pública al no dar publicidad a las cantidades que percibe cada funcionario por complementos de productividad ni describir adecuadamente las actividades fuera de la jornada laboral que realizaron dos funcionarios que recibieron gratificaciones por servicios extraordinarios por un importe total de 15.000 euros en 2016.
Las cuentas completas, no resúmenes
El fiscalizador hace una serie de sugerencias al Consejo para que mejore la claridad de su página web con el objetivo de facilitar que los usuarios la entiendan, le pide que feche sus publicaciones, y destaca que no se han publicado los contratos celebrados en 2018, que la información relativa a los de 2015 y 2016 no está completa y que no consta la ejecución presupuestaria correspondiente a 2018.
Tampoco aparecían en la web cuando el tribunal la fiscalizó las cuentas anuales completas del Consejo, tan sólo resúmenes. El órgano que preside María José de la Fuente también reprocha que no se publique su periodo medio de pago a proveedores como establece la ley y que el Consejo no haya remitido anualmente al Gobierno su inventario de bienes y derechos.
El tribunal también ha descubierto que no se han publicado en el BOE convenios suscritos con las Universidades Autónoma (UAM) y Carlos III (UC3M) de Madrid y que la web del Consejo no recoge la evolución y el cumplimiento de otros dos suscritos, respectivamente con la Administración General del Estado y la UNED.
La plantilla es insuficiente
Asimismo, el informe pone de relieve la "insuficiente plantilla de personal" con que cuenta el Consejo para llevar a cabo el "ejercicio eficaz de las competencias asignadas" y le recomienda establecer una programación de actividades "eficaz y eficiente", adecuada a sus posibilidades de financiación y sus medios personales y materiales.
Además, el Tribunal insta al Consejo a adoptar las medidas oportunas para corregir y subsanar las deficiencias de control interno observadas en la gestión económico financiera, que achaca en parte de su insuficiente personal.
En el ámbito de la tesorería, por ejemplo, señala que cada una de las personas que figuran como titulares en las dos cuentas bancarias pueden operar libremente, sin necesidad de contar con el consentimiento por parte de otro titular, lo que se identifica como un riesgo en el control de su gestión, y que tampoco existe un control adecuado respecto a las firmas autorizadas en las citadas cuentas.
Además, en el área de personal, la institución no cuenta con un documento de gestión que contenga, al menos, la descripción de los derechos y obligaciones del personal del Consejo, los requisitos de
formación, evaluación y forma de acceso, la composición y estructura de las retribuciones salariales y la jornada laboral; ni ha implantado un sistema efectivo de control horario.
Incumplimientos con contratos menores
Respecto al ámbito contractual, el informe reseña que el Consejo ha infringido la normativa relativa a la duración de los contratos menores en el caso del de los servicios de limpieza y también la cuantía máxima para este tipo de contratación en el de asistencia jurídica, en cuya ejecución también ha detectado incumplimientos legales por falta de una factura.
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Además se tramitaron dos expedientes de contratación menor con el objeto de realizar informes sobre la Ley de Transparencia sin justificar con datos que el Consejo carecía de medios para hacer esa tarea. También se ha incurrido en varios incumplimientos en un procedimiento negociado sin publicidad en 2015 para la apertura de dos cuentas bancarias.
Otro de los puntos que destaca el fiscalizador es que la competencia para ordenar los pagos y movimientos de fondos es del presidente, pero está siendo ejercida por la Unidad de apoyo, sin que conste la delegación del ejercicio de esa competencia.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, dará cuenta este martes en el Congreso del informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, en el que se afea al órgano que vela por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que no publicite adecuadamente algunos aspectos relativos a las cuentas del organismo, los contratos que adjudica o los complementos o gratificaciones recibidos por parte de su personal, según informa Europa Press.