“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Así reza el artículo primero de la Constitución española, que este martes sopla 44 velas dejando atrás otra legislatura perdida para su reforma y en pleno bloqueo de instituciones que emanan de ella.
El clima político está muy crispado, enfangado principalmente por la ultraderecha. Ese espíritu de la Carta Magna no templa las sesiones en las Cortes. Sin visos de afrontar la renovación que llevan pidiendo constitucionalistas desde hace años para poner a punto un texto que ha soportado crisis tan fuertes como la de Cataluña en 2017, pero que necesita engrasarse en los tiempos que se viven.
No parece que llegue nunca el momento. “Lo veo peor que el año anterior, el consenso cada vez es más difícil porque se han roto ya todos los puentes. Nos hemos instalado en una polarización extrema, en un bibloquismo, y eso hace imposible ese acuerdo mínimo necesario para que se traduzca en las mayorías que requieren las reformas”, radiografía Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
“Hay que decir que el consenso es el punto de llegada, no de partida, pero sí tiene que haber un acuerdo de inicio sobre lo que hay que reformar. Y no lo hay. Es que ni siquiera hay pacto entre los partidos sobre qué funciona mal. Es tremendo”, incide este constitucionalista.
Acto seguido, Tajadura define como “escándalo” la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Critica que la situación lleve cuatro años enquistada, aunque el problema “viene de atrás”, desde el propio acuerdo de 2013. “Se repartieron tantos para el PP, tantos para el PSOE, uno para el PNV… Que el plazo no nos desvíe. El problema es más de fondo y es que sea por cuotas, algo que constituye una radical inconstitucionalidad a la que nos hemos acostumbrado. La Constitución dice mayorías cualificadas de tres quintos, no unos para unos y otros para otros. Aunque mañana lo renovaran, no habría que aplaudir si lo vuelven a hacer como antes”, explica el profesor de la UPV.
"Estamos peor"
¿Qué estado de salud tiene la Carta Magna? Tajadura responde: “Me voy a remitir a un dato objetivo. La Constitución española tiene como grandeza establecer un Estado de Derecho en una democracia parlamentaria. Tiene mucho predicamento el ranking sobre democracias de The Economist. Hace cuatro años estábamos arriba, como una democracia perfecta, y ahora en el último informe hemos bajado escalones y somos una democracia defectuosa. Lo comparto, estamos peor. Un país que es incapaz de reformar la Carta Magna tiene un problema y, además, si no es posible renovar las instituciones, pues el estado de salud es malo”.
Al hilo, reflexiona sobre las reformas que habría que hacer de manera más inmediata: “Objetivamente, la pendiente es la territorial porque el tema autonómico está mal resuelto. Hay que cerrarlo, no se terminó en la Constitución. Hay que hacer un Estado viable y federal. Es lo más urgente y necesario, eso determina que funcionen mal muchas cosas”.
“Y lo segundo, hay que plantear cómo reformar instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial para liberarlas de la colonización de los partidos”, hilvana Tajadura.
"Hay que defender el valor de la Constitución"
Para Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, la Constitución sí “está muy bien de salud, pero no tanto el constitucionalismo, entendido como aquellas actitudes, ideas e ideologías transversales para mantener los valores y el Estado de Derecho”. ¿Por qué? “Por el grado de polarización”, responde. Y pone como ejemplo el nombramiento de Juan Carlos Campo en el Tribunal Constitucional y el “bloqueo, mirando al PP, del Consejo General del Poder Judicial”. Sí señala que se ha mejorado respecto a la tensión en Cataluña. “Hay que defender, aunque sea pesado, el valor de la Carta Magna”, apunta.
Si se abriese el melón de la reforma constitucional, el catedrático apunta que lo “apremiante es restablecer un clima político que haga posible el consenso necesario para cualquier cambio”. “Lo más higiénico para la sociedad no es tanto un cambio en la Constitución sino alejarse de esa polarización. Aunque hay algunos más culpables que otros, los espectáculos en el Congreso son desoladores de cara a la opinión pública”, sostiene. Apela al “espíritu constituyente”: “La Transición no va a volver, por suerte, pero las generaciones jóvenes deberían saber que cuando hablamos de ella es porque añoramos un periodo en el que los políticos gozaban de un respeto social y se ponía de acuerdo gente que se había enfrentado”.
“La sociedad era capaz de esto. Ahora ni siquiera se ponen de acuerdo para cambiar el adjetivo de disminuidos. No se trata de una nostalgia generacional, pero sí de un tiempo en el que los acuerdos eran posibles. Hay que poner de nuevo en primer plano la capacidad de pacto. Son actitudes, eso no se impone a través del BOE. Significa un cambio en los comportamientos públicos”, indica.
Si se superara esto, el catedrático apunta algunas de las posibles reformas en las que se tendrían que trabajar: la racionalización de las autonomías, el régimen de sucesión de la corona y un cambio para dejar claro, en relación al rey, que su inviolabilidad se refiere solo a sus actos como jefe del Estado. “Eso sería importante”, remacha Arbos.
"Una buena Constitución envejecida"
También lanza su diagnóstico el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Gregorio Cámara: “Una buena Constitución envejecida”. Para él, el texto se adaptó muy bien a su tiempo, que fue en la segunda mitad del siglo XX, con un “pacto impresionante” y con “un desarrollo muy interesante”. De hecho, analiza, España funciona de facto como un Estado federal.
“Pero tiene problemas. Hay necesidad de reformas”, sostiene Cámara, que reflexiona que es un texto metafóricamente “analógico”. Y hay que tener en cuenta, continúa, las nuevas realidades y factores como las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial. Por ejemplo, añade, no se habla de protección de datos en la Carta Magna de 1978. Por lo tanto, habría que hacer “un aggiornamento a la realidad de nuestros días”.
Esto pasaría, comenta Cámara, por tocar varios aspectos. Uno de los primero sería revisar el Título VIII, sobre la estructura territorial, para fijar las competencias. Apuesta al hilo por una verdadera reforma del Senado para convertirlo en su verdadera misión: una Cámara territorial. Asimismo, habría que incidir en los principios de lealtad y cooperación colectiva de las comunidades autónomas.
Más puntos, subraya el catedrático, tendrían que ver con la desconcentración de los órganos y abordar dentro del texto el sistema de financiación de las autonomías. Esto debe implicar, a la vez, una reforma de la autonomía local.
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Pone al hilo énfasis Cámara en otro aspecto: “No hay precepto o título sobre las cláusulas europeas”. Se tendría que incluir esto, en su opinión, en una reforma de la Carta Magna para remarcar el vínculo con los derechos supranacionales. Y cose dentro de esos futuros cambios que hay que mejorar el propio mecanismo para modificar la ley de leyes, ya que ahora mismo es muy “rígido”. Pero como sus colegas lamenta que “la situación política es un desastre”. “Hay dos bloques ideológicos y mucha polarización que está llegando al seno de la sociedad”, retrata.
Con esta petición directa: “Los partidos tienen que hacer un esfuerzo para evitar la desafección y hacer de la política algo muy noble para solucionar los problemas de la gente. Con una situación como esta, ¿cómo van a hablar de reformar la Constitución? ¿Cómo se hace efectivo eso si no hay un clima propicio? Se huye del diálogo, del pacto”.
Sobre la monarquía, el catedrático recuerda que ya el Consejo de Estado, en su informe de 2006, apuntó que había que cambiar la preferencia del varón sobre la mujer para heredar la Jefatura del Estado. De hecho, cree que una buena manera de empezar a hacer reformas sería abordar este asunto. “Son normales los continuos cambios constitucionales en Europa. No pasa nada por hacer reformas”, puntualiza. Lanza la idea, para concluir, que se debería convocar una comisión en el Congreso de los Diputados para poner sobre la mesa qué se quiere cambiar e ir creando un clima de consenso. “Pero en estos momentos no se da”, resalta.
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Así reza el artículo primero de la Constitución española, que este martes sopla 44 velas dejando atrás otra legislatura perdida para su reforma y en pleno bloqueo de instituciones que emanan de ella.