La vida política española pivota en torno a los partidos, de los históricos —como PSOE, PP, ERC o el PNV— a los nuevos —entre los que destacan Podemos, Vox o Sumar—. En los últimos años ha habido mutaciones y adhesiones, desapariciones —es el caso de Ciudadanos y UPyD— o divisiones —con Más Madrid o Adelante Andalucía, cuyos dirigentes comenzaron en Podemos—, pero los partidos siguen siendo los actores clave del sistema. La Constitución les otorga un papel básico en el sistema democrático, en su artículo 6 señala que los partidos deben expresar "el pluralismo político" y su "estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".
Las formaciones políticas, por lo general, presentan tendencias de concentración de poder, pero mientras las de la derecha acusan un claro déficit en cuanto a democracia interna se refiere, otras como Podemos o el PSOE sí recurren a sus bases como fuente de legitimidad en asuntos que consideran de especial importancia como los acuerdos electorales y poselectorales o el rumbo del partido. El pasado fin de semana ambas formaciones dieron a conocer los resultados tras lanzar sendas consultas —los socialistas para avalar sus pactos de cara a la investidura y Podemos para marcar su hoja de ruta al margen de Sumar— con un apoyo superior al 85% en ambos casos.
En ambas cuestiones pone el acento José Pablo Ferrándiz, doctor en Sociología y director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España: "Estos procesos de participación favorecen la cultura democrática de un país, otra cuestión es cómo se llevan a cabo y cuál es su objetivo, pero no debemos obviar que hay formaciones que nunca recurren a ellos", destaca. Sin embargo, Ferrándiz también subraya que el papel de la militancia es "muy limitado" y plantea la duda de hasta qué punto se tendría que ampliar a más temáticas.
"Ninguna dirección somete a consulta algo que cree que va a perder"
Los socialistas obtuvieron un 87,1% de votos a favor de la pregunta lanzada por Ferraz de si apoyaban formar un Gobierno con Sumar "y lograr el apoyo de otras formaciones para alcanzar la mayoría necesaria". Una consulta en la que participaron 109.453 personas, el 63,4% de las bases. A juicio del director de Opinión de Ipsos, se trata de una pregunta "muy genérica" que deja fuera el principal elemento de debate, la amnistía. El sociólogo cree que la consulta tiene un carácter "plebiscitario" frente a la opción de repetición electoral y el riesgo de que gobierne la derecha: "Se suele decir que ninguna dirección somete a consulta algo que cree que va a perder, aunque—añade— a veces se subestima el poder que uno tiene, como vimos en el caso de Joaquín Almunia o Susana Díaz".
Una lógica que también impera, a su juicio, en la consulta interna de Podemos, que se ha saldado 86,6% de votos afirmativos a tener más autonomía y configurar las listas "mediante primarias y sin vetos" pero que ha obtenido un mínimo histórico de participación, 30.883 inscritos de un censo total que Podemos no da a conocer, pero que contrasta con otras votaciones, como los 52.000 militantes que se pronunciaron para aprobar la coalición electoral con Sumar o los más de 130.000 que votaron para dar el visto bueno al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos en 2019.
Tal y como lo ve el experto consultado, la baja participación en esta última consulta es una muestra de "la debilidad" de la formación dirigida por Ione Belarra. "Una debilidad que es patente no solo dentro de movimiento Sumar, sino también en la propia sociedad. Podemos ha perdido esa capacidad de movilización de sus inscritos y la participación refleja muy bien el peso específico que tenía antes en la política nacional y el que tiene ahora", sintetiza Ferrándiz. Los morados discrepan y sostienen que sus participación es mucho mayor a la de otras formaciones dentro de su mismo espacio. "Estamos orgullosos", ha subrayado la coportavoz de la formación, Isa Serra, en rueda de prensa.
Fuentes de la dirección morada sostienen que la del sábado no fue una "consulta al uso" ya que se decidía sobre un documento de 44 páginas en el que parte de la militancia ya había estado trabajando. "Si fuera la elección de una Asamblea Ciudadana o sobre un acuerdo de gobierno, hubiéramos tenido más participación", razonan. Es más, creen que los números de su próxima consulta, en la que preguntarán sobre cuál debe ser el sentido del voto de sus cinco diputados en la investidura de Pedro Sánchez, serán mayores.
Aun así, también advierten del riego que puede suponer esa consulta si finalmente no entran en el Gobierno, ya que identifican que sus bases están muy descontentas con Sumar. La dirección cree que sus militantes respaldarían su posición — destacan que "normalmente respaldan la postura de la Ejecutiva"— y no impedirían ese Ejecutivo de coalición, pero también consideran que dejarán patente su malestar.
El argumento de la dirección de Podemos va en la línea de lo que expone la Ley de May, también conocida como ley de disparidad ideológica curvilínea, que señala que la militancia de un partido siempre es más esencialista o extremista que la cúpula del mismo. En los años 90 los autores Mónica Méndez y Julián Santamaría hicieron un estudio tomando como ejemplo el caso del PSOE. Lo que encontraron es que al estudiar la ubicación ideológica de los líderes del PSOE, sus bases estaban más cerca de los dirigentes de Izquierda Unida que de sus cuadros medios.
¿Han dejado de interesar los procesos participativos? El caso de Podemos
Desde su creación en 2014 la formación morada ha sometido a sus bases todos los asuntos que han considerado de especial importancia, pero eso no impidió al anterior líder de la formación, Pablo Iglesias, señalar a su sucesora en el cargo dentro del Ejecutivo de coalición, Yolanda Díaz, sin procesos democráticos de por medio. Durante su trayectoria el exvicepresidente del Gobierno fue el líder que más recurrió a este tipo de consultas, incluso para dirimir la polémica interna por su chalé. Esa votación suscitó más movilización que, por ejemplo, la decisión sobre si entrar o no en un gobierno de coalición con los socialistas.
Lo cierto es que en sus primeros años como formación en cada consulta participaba un número nada desdeñable de militantes. En la primera, realizada en abril de 2014 cuando apenas contaban con estructura ni bases, votaron 33.156 personas. En el mes de febrero de 2017, en la celebración de Vistalegre II, la que enfrentó a Iglesias con el ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, participaron 155.275 de los 456.878 inscritos —entonces la formación sí facilitaba esos datos—, es decir, el 34% del censo total.
Una cifra que, aunque celebrada en su momento, quedó debilitada después de la consulta sobre si Iglesias y la entonces portavoz parlamentaria de Podemos y actual número dos del partido, Irene Montero, debían dimitir por la compra de un chalé de más de 600.000 euros en el municipio madrileño de Galapagar. Un 38,5% de sus bases contestaron a la pregunta. Fueron, en números absolutos, 188.176 personas de un total de 487.772 inscritos. Un número nunca superado.
Tampoco cuando se eligió a su actual secretaria general, la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, que accedió al cargo en sustitución de Pablo Iglesias en la cuarta Asamblea Ciudadana que los morados celebraron en junio de 2021. Obtuvo el 88,69% de los votos válidos emitidos. En total, participaron 53.443 inscritos.
El riesgo de los hiperliderazgos apoyándose en las primarias
El espíritu del hiperliderazgo se ha consolidado en todos los partidos. Un ejemplo de ello es cuando Pedro Sánchez convocó al Comité Federal del PSOE el pasado año para dar un vuelco a la dirección del partido que los militantes socialistas habían elegido en el congreso de València apenas nueve meses sin intervención de nadie más dentro del partido. Lo hizo gracias al procedimiento de primarias dejó en manos de los militantes la elección directa del secretario general. La mecánica de esa elección situó en una posición de subordinación a los demás órganos del partido.
Con Sumar pero sin sumar: Podemos diseña su estrategia al margen de Díaz y no le "regalará" sus votos
En el PP se da exactamente la misma circunstancia. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, dispone de todo el poder dentro de la organización, también gracias a un proceso de primarias que vincula su cargo directamente con la voluntad de los afiliados. En este caso, la subordinación de la dirección al líder es tal que, de acuerdo con los estatutos, ni su composición depende enteramente del congreso del partido.
Tampoco se libra Podemos ni Movimiento Sumar. En el caso de Podemos, es la secretaria general quien elige a los integrantes del Consejo de Coordinación, el equivalente a la ejecutiva de los partidos clásicos. A todos ellos. Los estatutos morados le atribuyen la capacidad de decidir quién se ocupa de cada área y quién les sustituye en caso de destitución o dimisión. En la práctica, nada muy distinto de lo que ocurre en el resto de los partidos. En el de Sumar, nadie ha ratificado a Yolanda Díaz como líder ya que es un partido que, a día de hoy, carece de vida interna y ha sido la propia Díaz la que ha elegido a sus cargos de confianza, tanto en el partido como en el Congreso.
Otro ejemplo es Vox. Los estatutos de la formación ultra establecen que son los militantes los que eligen directamente a su presidente, aunque en la última asamblea celebrada en Madrid en 2020, en plena pandemia, el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada y sin votación. El pasado año el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, puso fin a cualquier atisbo de democracia interna dentro del partido suprimiendo por sorpresa y sin debate interno la elección directa de los comités ejecutivos provinciales del partido. Abascal y los suyos consumaron la reforma de lo estatutos en 24 horas.
La vida política española pivota en torno a los partidos, de los históricos —como PSOE, PP, ERC o el PNV— a los nuevos —entre los que destacan Podemos, Vox o Sumar—. En los últimos años ha habido mutaciones y adhesiones, desapariciones —es el caso de Ciudadanos y UPyD— o divisiones —con Más Madrid o Adelante Andalucía, cuyos dirigentes comenzaron en Podemos—, pero los partidos siguen siendo los actores clave del sistema. La Constitución les otorga un papel básico en el sistema democrático, en su artículo 6 señala que los partidos deben expresar "el pluralismo político" y su "estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".