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Un contrato de 52 millones y otros 200 de los denominados menores, que se otorgan sin concurso, son pila edra angular del supuesto caso de corrupción municipal que el miércoles desató en Murcia un auténtico seísmo para horas después registrar una réplica aún más intensa en la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño. Origen fundamental del pacto para una doble moción de censura que con el sello del PSOE y Ciudadanos preveía desalojar al PP del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento de la capital, los contratos bajo sospecha ya están en manos del fiscal anticorrupción de Murcia. Pero no desde hace una semana sino, en buena parte, desde el verano de 2020.
En julio, recién cumplidos los 25 años de la llegada del PP a la Alcaldía de Murcia y al Gobierno autonómico, los socialistas presentaron una denuncia tras detectar lo que consideran un signo evidente de que la formación conservadora había acudido a las municipales de 2019 "dopada" con dinero municipal. Y en septiembre, el hasta ahora vicealcalde murciano, Mario Gómez, de Ciudadanos, incluyó en un informe dirigido a todos los grupos municipales un correo electrónico cuyo texto apuntaba a un delito en lo que a casi 200 contratos menores de iluminación navideña se refiere. En el email, la empresa adjudicataria proponía a un cargo municipal trocear el encargo para mantener la adjudicación en la categoría de contratos menores, lo que permite eludir cualquier competencia. "El presupuesto –decía el correo– supera el importe máximo que una junta [municipal] puede contratar para un solo trabajo, por lo que tenemos dos opciones, podemos hacer una parte como 'navidad 2019' y otras como 'año nuevo y reyes 2020' ya sea con nosotros o también con nuestra empresa de fabricación y venta, esto lo tendrás que ver con vuestro administrador". Hace una semana, Mario Gómez denunció que estaba siendo víctima de un acoso –apareció frente a su casa una pintada con insultos– y aportó a la unidad policial que investiga los delitos de corrupción, la UDEF, varios gigas de documentación, como adelantó eldiario.es
De nuevo, la sombra de un comportamiento delictivo como el atribuido también al PP de Madrid en el caso Púnica –utilizar fondos públicos en beneficio del partido y manipular los contratos menores– se instaló a partir de ahí en la escena política murciana. Pero pasó casi inadvertida para el resto del país: exactamente igual que había ocurrido en ocasiones anteriores en una comunidad que no sobrepasa el millón y medio de habitantes y donde investigar casos de corrupción les costó varias querellas de cargos del PP al anterior fiscal jefe, Manuel López Bernal, ya jubilado, y al responsable de Anticorrupción, Juan Pablo Lozano. A este último llegaron a robarle el ordenador.
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El punto débil del contrato multimillonario, aunque de momento nada permite extraer conclusiones definitivas, se resume así: el alcalde José Ballesta había utilizado en su campaña de la primavera de 2019 unos vídeos render –que proyectan la ilusión de tridimensionalidad– para mostrar parques y jardines sometidos a una completa mejora. Y esos vídeos, sostienen los socialistas, son los mismos que incorporaban a su proyecto las dos empresas (Actúa-STV Gestión) con que la Corporación firmó en agosto de ese mismo año un contrato de 52 millones, IVA incluido y divididos en cuatro lotes, para abordar un ambicioso plan de mantenimiento de zonas verdes y otras áreas conexas hasta 2022. Tres lotes adicionales de menor cuantía recayeron en otras tantas empresas.
El coste de los vídeos superaba los 80.000 euros. Nunca –remarcan fuentes conocedoras de la denuncia y la investigación– se había incluido tal requisito en un pliego de condiciones. Desde el anuncio de la licitación hasta la fecha final para presentar ofertas, el pliego de condiciones daba menos de un mes hábil de plazo. La convocatoria se publicó el 26 de octubre de 2018. Y se cerró la puerta el 29 de noviembre. ¿Disponían de tiempo las empresas interesadas en estudiar, diseñar y formular un oferta de tal magnitud en un mes o es que en realidad quienes ganaron el concurso sabían que el contrato sería para ellos antes de la licitación formal? Esa es una de las principales dudas.
El PP niega de forma tajante cualquier irregularidad o ilegalidad. La víspera de la explosión política que ha puesto en jaque –jaque mate salvo sorpresas– al PP en su feudo murciano, el grupo municipal conservador subrayó que no hay ningún procedimiento judicial abierto en torno a ese contrato. Y lanzó un comunicado donde incorporaba esta frase: "Es un bulo y una falsedad interesada". Es cierto que no hay ningún procedimiento judicial abierto. Pero solo porque la Fiscalía lleva meses investigando. Y hasta que no concluya sus pesquisas el caso no irá a parar a ningún juzgado si se observan indicios de delito o a la papelera si nada irregular aparece. La primera hipótesis, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, es la más probable. De momento, la UDEF se encuentra analizando los documentos aportados por el concejal Mario Gómez, ya descabalgado del Gobierno local por el PP. Según las fuentes consultadas, la investigación se encuentra también a la espera de otros documentos solicitados al ayuntamiento.
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