El control de los fondos de reconstrucción para evitar fraude y reparto clientelar, como denuncia el PP, se rige a través del Real Decreto que la mayoría del Congreso aprobó hace un año. Una norma que además sirve de marco al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía España (PRTRE) que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entregó en Bruselas y que mereció un aprobado con nota de la Comisión Europea el pasado mes de junio.
La evaluación de la Comisión no pudo ser más favorable. Consideró entonces que el plan de España incluye “una extensa gama de reformas que se refuerzan entre ellas e inversiones que contribuyen a atajar por completo o reducen significativamente los desafíos económicos y sociales destacados en las recomendaciones específicas por país para España”. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Este plan transformará profundamente la economía de España, la hará más verde, más digital y más resiliente. Hemos apoyado este plan porque es ambicioso, previsor y ayudará a construir un mejor futuro para los españoles”.
Es ese plan, responsabilidad del Gobierno por decisión de la mayoría del Congreso, el que establece las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales que, con arreglo a los principios de “concurrencia competitiva”, condicionan cómo, cuándo y por qué procedimiento llega el dinero a las empresas y a las administraciones públicas.
El Real Decreto detalla entre otras muchas cosas “los mecanismos de control y auditoría” y deja en manos del Gobierno la decisión sobre el destino de los fondos siempre de acuerdo con el plan aprobado por la Union Europea.
Y no es cierto que ese modelo sea diferente del de otros países. El líder del PP, Pablo Casado, lleva año y medio diciendo que en el resto de Europa son comisiones independientes las que deciden el uso del dinero. No es cierto, como reveló en su día infoLibre.
El Ejecutivo español, como ocurre con otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia, será quien gobierne el desarrollo del plan a través de órganos diseñados a varios niveles. Pero que haya diseñado el plan —cuánto dinero se dedicará, por ejemplo, a fomentar la digitalización de las pymes o a poblar las carreteras de puntos de recarga para vehículos eléctricos— no significa que vaya a decidir qué empresa se llevará cada contrato. De hecho su ejecución estará en gran parte en manos de las comunidades autónomas.
El mecanismo de adjudicación de cada proyecto es el de cualquier concurso público y, como tal, se rige por criterios y baremos conocidos. Cumplir los requisitos que se establezcan es esencial para acceder a un dinero que, en cualquier caso, no cubre más que una parte de la inversión: Economía calcula que, según el proyecto del que se trate, podrá movilizar entre cuatro y ocho euros por cada euro público invertido.
¿Nadie controla el uso del dinero, como sostiene Casado? El Real Decreto es claro en este punto. Según su artículo 21, es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como autoridad de auditoría de fondos estructurales, la que se ocupa del control administrativo y financiero.
Para poder certificar que el dinero se adjudica cumpliendo la legalidad y que se destina al proyecto correspondiente, tiene “libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos para garantizar la evaluación continuada de las operaciones, así como a cualquier otro registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de fondos europeos. Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información que en el ejercicio de estas funciones le sea solicitada”.
Autoridad de control
La IGAE tiene “a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación”. En particular, según el Real Decreto aprobado hace un año, le corresponden “las actuaciones derivadas del diseño y ejercicio del control de los fondos que se exijan por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles asignados a cualquiera otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como el ejercicio de las relaciones con las Instituciones Comunitarias y Nacionales para asegurar un sistema de control eficaz y eficiente”.
De hecho, la componente 12 del plan redactado por el Gobierno y aprobado por Bruselas prevé el refuerzo de “las capacidades humanas, materiales y organizativas” para controlar el uso de los fondos. Tanto a través del centro directivo competente del Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de Fondos Europeos, en cuanto Autoridad Responsable ante las instituciones europeas “de cara a la rendición de cuentas y el control” de los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación, como de la Intervención General de la Administración del Estado, en cuanto Autoridad de Control. El plan prevé realizar contrataciones externas de carácter temporal de aquí al año 2026 e incluso cifra su coste en 74.000.000 de euros.
El diario La Información cuantificó en 122 los primeros contratos de refuerzo en mayo pasado. El ministerio que dirige María Jesús Montero tenía previsto, según este periódico, incorporar a 65 nuevos efectivos en el ámbito de la Secretaría General de Fondos Europeos, la mayoría de ellos para la nueva Dirección General del Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de nueva creación. Y otros 57 en el ámbito de la Intervención General de la Administración del Estado con el fin de reforzar las nuevas funciones de control, supervisión y fiscalización que el Gobierno ha asignado a la Oficina Nacional de Auditoría, la Oficina de Informática Presupuestaria y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del departamento dependiente de Hacienda.
Al mismo tiempo, “el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en el ejercicio de sus funciones para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal, promoverá las labores de prevención, detección e investigación del fraude que sean precisas, manteniendo a estos efectos las relaciones necesarias con los órganos de gestión y control”.
No hay, en esto, mucha novedad, porque la IGAE ya venía siendo —con gobiernos del PSOE o del PP— la entidad encargada de certificar ante Bruselas el buen uso de los fondos europeos.
El líder del PP dice a menudo que tampoco hay control judicial, pero tampoco es cierto. Nada en el Real Decreto impide recurrir cualquier decisión o adjudicación ante los tribunales de justicia.
En su día PP, Vox y Ciudadanos se quejaron de que el Real Decreto, con “la excusa de la imperiosa necesidad de ejecutar rápidamente los fondos, se lleva por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España”. La “relajación de los requisitos exigidos para tramitarlos o el acortamiento de algunos plazos, como los de los informes medioambientales, conforman significativas áreas de riesgo para quienes se encargan de la cosa pública”, denunciaban.
Son, por cierto, los mismos partidos que ahora denuncian que la ejecución del dinero va con retraso y exigen al Gobierno que agilice su tramitación para no demorar el efecto beneficioso que se supone van a tener sobre la economía española.
Es verdad que la norma aprobada en 2020 acortó plazos y simplificó procedimientos. Pero no lo hizo a escondidas: esa siempre fue su razón de ser y así lo anunció el Ejecutivo desde el primer momento. El Gobierno defiende que esa es la única manera de garantizar que España aproveche al máximo posible el potencial de recuperación que ofrecen los fondos europeos.
Para conseguirlo, el Real Decreto incorporó instrumentos dirigidos a “reducir las barreras normativas y administrativas” y adoptó medidas que persiguen “una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los fondos”.
Por si hubiera alguna duda sobre lo que el Real Decreto y el plan aprobado por Bruselas dicen, la Comisión Europea recordó este viernes la existencia de mecanismos de control para la distribución de los recursos.
La portavoz comunitaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts, al ser preguntada en una rueda de prensa en Bruselas por la decisión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cuestionar la legalidad del reparto de una partida de fondos de promoción de empleo llevando al Gobierno de España a los tribunales, confirmó la existencia de esos controles. De hecho, España se convirtió a finales de diciembre en el primer Estado miembro que recibió el primer tramo del fondo —9.000 millones en verano y 10.000 millones de euros a final de año— precisamente después de haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso y recibir el visto bueno de los Veintisiete a la decisión de desbloquear el pago.
El Gobierno de Ayuso lleva a los tribunales al Gobierno por el reparto "arbitrario" de fondos europeos
Nuyts explicó que son los Estados miembros los principales responsables de llevar a cabo esos controles, si bien la Comisión está capacitada para “tomar acciones” por propia iniciativa si detectasen “irregularidades” en la gestión de los fondos por alguno de los países. El procedimiento habitual es que la Comisión aplique su propia estrategia de control, con España y con cualquier otro país perceptor de fondos, para asegurarse de que han sido “utilizados apropiadamente".
“Los Estados miembros deben explicar, y España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia”, detalló, “las disposiciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación”.
¿Hay discriminación entre territorios? Para que la hubiera tendría que haber un reparto entre comunidades autónomas que fuese proporcional o con arreglo a determinadas reglas. Pero, como explicó el Gobierno desde el primer momento, estos fondos no funcionan así. No se distribuye entre territorios sino que el volumen final de cada sitio depende de los proyectos que se presenten y resulten finalmente aprobados.
El control de los fondos de reconstrucción para evitar fraude y reparto clientelar, como denuncia el PP, se rige a través del Real Decreto que la mayoría del Congreso aprobó hace un año. Una norma que además sirve de marco al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía España (PRTRE) que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entregó en Bruselas y que mereció un aprobado con nota de la Comisión Europea el pasado mes de junio.