Una hora y media después de que el primer macrojuicio a la trama Gürtelcomenzara a las 10.55 horas de este martes, la secretaria judicial acabó de leer la lista de delitos de corrupción atribuidos a los 37 acusados. Entre todos se arriesgan a más de 360 años de prisión y a sanciones multimillonarias: solo las fianzas de responsabilidad civil sumaban 449 millones.
El PP y su exministra de Sanidad Ana Mato ocupan la posición de partícipes a título lucrativo, es decir, la de beneficiarios económicos de los manejos que entre 1999 y 2005 –la etapa que se juzga desde hoy– protagonizó una trama nacida y crecida a la sombra de ese partido e instituciones bajo su gobierno como el Ejecutivo regional de Madrid, varios ayuntamientos de esa comunidad y, también, el de la malagueña Estepona.
Mato no ha acudido la vista: optó por enviar a su abogado. Al finalizar la lectura de los cargos que pesan sobre los acusados, la secretaria judicial ha enunciado que la exministra no ha asistido pese a que estaba llamada. Fuentes jurídicas subrayan no obstante que Mato no tenía la obligación legal de comparecer personalmente.
Soborno, malversación, blanqueo, prevaricación, fraude, delito fiscal y asociación ilícita figuran en la larga panoplia delictiva. Francisco Correa, Pablo Crespo y el extesorero del PP Luis Bárcenas conforman el triunvirato de acusados principales. A su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, fueron recibidos al grito de "¡chorizo!" por un grupo de ciudadanos.
Considerado el jefe de la trama corrupta, la Fiscalía pide 125 años de cárcel para el hombre que durante años dirigió el montaje de mítines y congresos del PP y que solo del Ejecutivo de Esperanza Aguirre recibió más de 300 contratos a dedo entre 2004 y 2008.
Al arrancar la vista es cuando se ha conocido que Correa ha cambiado de abogado. Y que en la vista le representará ahora Juan Carlos Navarro, el mismo letrado que le ha asistido en el juicio contra la trama celebrado en Valencia. Todo apunta a que el cambio es una muestra de cómo el principal acusado busca a la desesperada minorar la petición de penas de la Fiscalía, que reclama para él 125 años de cárcel. Su nuevo abogado ha renunciado a plantear cuestiones previas. Es ese un nuevo gesto tras el exhibido una vez que su antiguo número dos, Pablo Crespo, recusó a uno de los tres magistrados del tribunal, el único de signo progresista: a diferencia del PP, Correa no se adhirió a la recusación.
En los últimos días, Correa ya había intentado el acercamiento a Anticorrupción para ver rebajada la pena: de hecho, ha pedido formalmente acceder a los 22 millones que tiene bloqueados en Suiza para pagar dos millones y "reparar el daño" pagando dos millones.
Pero, de momento, las posiciones siguen siendo las mismas. ¿Ha conseguido algo con la Fiscalía? "No", respondió escueto alguien del entorno de Correa mientras el durante años conocido como Don Vito esperaba separado del pelotón de acusados y defensores antes de entrar en la sala de vistas.
Considerado el jefe de la trama, el hombre que pasó a la posteridad vestido de chaqué en la boda de la hija de Aznar y que ayer escuchó cabizbajo la lectura de los cargos penales afronta una petición de 125 años de cárcel. Para su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, la Fiscalía reclama 85 años. Para Bárcenas, 42.
El extesorero del PP ha aportado a última hora correos internos del partido que demostrarían cómo las decisiones sobre a quién se contrataba para mítines y congresos no era suya. Esos correos, publica el diario El Mundo, apuntan a Ana Mato y a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Su entorno enfatiza que "a lo que apuntan es a que las decisiones eran colegiadas".
¿Guarda Bárcenas algún as? "La suya va a ser una defensa muy técnica, no gana nada enredando", señala en el hall de espera una persona de su círculo. Si las sesiones del juicio confirman ese aserto, se verá reforzada la tesis de que Bárcenas ha optado -con o sin acuerdo de cualquier naturaleza con el partido- por una estrategia de defensa pacífica cuyo primer paso visible fue la retirada de la acusación que ejercía contra el PP en el caso abierto por la destrucción de sus ordenadores.
La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade ha pedido al tribunal en las cuestiones previas que cite como testigo a Mariano Rajoy, solicitud que fue rechazada en su día. "La citación del testigo no es en función de lo que es ahora sino de lo fue", sostuvo el letrado en referencia a su actual condición del presidente del Gobierno.
Crespo se lanza a degüello contra Garzón para pedir la nulidad
La diferencia de estrategia entre Correa y su antiguo hombre de confianza se ha visualizado ya. El abogado de Crespo, Miguel Durán, acaba de pedir al tribunal que anule las grabaciones aportadas por el denunciante del caso, el exconcejal del PP José Luis Peñas. Nada, ha argumentado Durán, garantiza que las grabaciones no estén manipuladas. El objetivo de Peñas, ha añadido el abogado, era "extorsionar, chantajear, presionar al señor Correa".
Durán ha dicho tener la "legítima sospecha" de que las conversaciones protagonizadas tanto por su cliente como por Francisco Correa en la cárcel de Soto del Real ya estaban siendo pinchadas antes de que Baltasar Garzón ordenara la intervención telefónica. El letrado se ha lanzado a degüello contra Garzón, cuya expulsión de la carrera judicial -ha dicho- se produjo por "el delito más grave que puede cometer un juez en el ejercicio de su cargo, prevaricación".
Una hora y media después de que el primer macrojuicio a la trama Gürtelcomenzara a las 10.55 horas de este martes, la secretaria judicial acabó de leer la lista de delitos de corrupción atribuidos a los 37 acusados. Entre todos se arriesgan a más de 360 años de prisión y a sanciones multimillonarias: solo las fianzas de responsabilidad civil sumaban 449 millones.