María Dolores de Cospedal otorgó dos convenios al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, al organismo autónomo de la Universidad Rey Juan Carlos que organizó el máster que mantiene a Cristina Cifuentes al borde del precipicio.
La ministra de Defensa y número dos del PP suscribió personalmente el primero de esos dos acuerdos en 2002 cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de Aznar.
En abril de 2006, dos meses antes de abandonar su puesto como consejera de Transportes en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para lanzarse a disputar la Presidencia de Castilla-La Mancha al PSOE, Cospedal dio vía libre al segundo convenio, que garantizaba al IDP 40.000 euros. ¿A cambio de qué? De una serie de tareas genéricas de asesoramiento jurídico y por la elaboración, en tres meses, de una "ley de movilidad de la Comunidad de Madrid". Fuentes que en esa época conocían de primera mano los engranajes del departamento de Transportes aseguran que jamás tuvieron noticia de un solo papel que pudiera considerarse como borrador o estudio preliminar de una futura ley de movilidad, aunque no descartan que llegase a existir algún tipo de documento de esas características.
Portavoces de la ministra aseguraron este viernes que, dados los años transcurridos, Cospedal no recuerda "los términos económicos" del primero de esos dos acuerdos, es decir, el rubricado por ella misma como subsecretaria de Administraciones Públicas bajo el mandato ministerial de Jesús Posada. Sorprendentemente, el "convenio marco" no detalla cuánto recibiría la Rey Juan Carlos y su entonces incipiente IDP. Como tampoco especifica las tareas concretas asignadas al instituto que ya entonces dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde.
Cospedal, dijo su entorno, tampoco conoce los resultados del segundo convenio, el correspondiente a su época como consejera de Aguirre, dado que el seguimiento de su contenido le correspondió "al equipo posterior". En junio de 2006, Cospedal, que acababa de ser madre, dejó la política madrileña. La sucedió en la Consejería de Transportes Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la empresa pública estatal Tragsa.
A la pregunta de por qué la ahora ministra creyó oportuno suscribir ambos convenios, las fuentes consultadas por infoLibre se limitaron a responder, en el primer caso, que "el Instituto también firmó acuerdos con otros Ministerios e instituciones", como se refleja en la memoria del curso 2002-2003, de la que este diario envió a su equipo una copia obtenida de la web oficial del IDP. En lo que concierne al segundo convenio, el fraguado en su etapa como consejera de Transportes de Madrid, la respuesta fue esta: "Era un instituto acreditado en Derecho Público, tal como lo demuestra el número de convenios firmados con la administración a lo largo de años".
Convenio de 60.000 euros con Trabajo
El equipo de Cospedal no lo menciona de forma expresa. Pero su alusión a que ya en el bienio 2002-2003 el IDP se benefició de otros acuerdos va dirigida al convenio suscrito en ese mismo periodo con el Ministerio de Trabajo y que reportó al instituto nada menos que 60.000 euros, no se sabe exactamente a cambio de qué: han sido inútiles todos los intentos de recabar, directamente o a través de la Rey Juan Carlos, la versión del controvertido instituto universitario a lo largo de esta semana. Por razones que la memoria del IDP no detalla, el convenio con el Ministerio de Trabajo no lleva fecha. Pero necesariamente tuvo que firmarse ya en la etapa de Eduardo Zaplana -nombrado titular de Trabajo en julio de 2002- dado que lo firma quien a partir de su toma de posesión ocupó el puesto de subsecretario, José María Olano.
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El segundo de los acuerdos vinculados a Cospedal se canalizó en abril de 2006 a través del ya extinto Mintra -el ente público que gestionaba las infraestructuras de transporte de Madrid. Su articulado garantizaba al IDP 40.000 euros a cambio de, entre otras tareas más difusas, elaborar una Ley de Movilidad. Fuentes que conocían de primera mano en esa época el funcionamiento interno de Mintra niegan haber tenido jamás la menor noticia de ningún texto que pudiera conceptuarse como borrador o proyecto de Ley de Movilidad.
Gran defensora de la presidenta de Madrid desde que salieron a la luz los primeros indicios de que Cifuentes había logrado el máster en Derecho Público del Estado Autonómico sin cumplir los requisitos obligados -"defendamos lo nuestro y a los nuestros", exhortó al PP en la convención de hace una semana- , Cospedal firmó el primer convenio con el IDP el 23 de abril de 2002.
En aquel momento, el IDP funcionaba de facto como un tentáculo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero faltaban aún tres años para que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobase su creación formal y lo dotase de personalidad jurídica propia. A partir de abril de 2005. No obstante y además de por Enrique Otero, a quien el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano sucedió como rector de la Rey Juan Carlos ese mismo año, el convenio fue suscrito por el catedrático Enrique Álvarez Conde, cuya suspensión como director del IDP anunció la universidad madrileña este mismo viernes.
María Dolores de Cospedal otorgó dos convenios al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, al organismo autónomo de la Universidad Rey Juan Carlos que organizó el máster que mantiene a Cristina Cifuentes al borde del precipicio.