El empleo público languidece en España. Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, son casi 50.000 los puestos que se han perdido en el sector –contando las administraciones estatal, autonómica y local–, y la cifra asciende a más de 150.000 si se compara con los años 2010, 2011 y 2012, los que registraron un mayor número de empleados públicos en España. En general, todos los departamentos han reducido personal en los últimos años, aunque los hay que se han salvado del recorte: el número de policías nacionales, funcionarios de prisiones, magistrados y jueces o profesores universitarios ha crecido en comparación a 2010, aunque no en la misma proporción.
En enero de 2017, el número de personas empleadas en el sector público por las administraciones o en alguna de las universidades públicas españolas ascendió a 2,52 millones: 522.412 en la administración estatal, 1,3 millones en las autonómicas, 543.110 en la local y poco más de 150.000 en el sector universitario. La cifra ha crecido en más de 200.000 trabajadores desde 2002, el primer año del que Hacienda ofrece estadísticas, pero se trata de un 6,5% menos que en 2010, cuando las administraciones contaban con una plantilla de casi 2,7 millones de empleados. Son fundamentalmente el Estado y los ayuntamientos quienes han reducido su número de trabajadores.
El Ministerio de Defensa es uno de los grandes beneficiados de las nuevas cuentas del Estado. Aprobados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado 'heredados' del Gobierno anterior, Defensa cuenta con un presupuesto un 10,7% más alto que el del año pasado, que ya fue un 32% más alto que el incluido en las cuentas de 2015. Se trataría de un empujón para unas Fuerzas Armadas que, si bien han perdido personal con respecto a su cifra más alta de empleados, no han sufrido tanto como otros departamentos del sector público.
2010 fue el año en el que se alcanzó el pico de empleados públicos en los últimos 15 años en España, y las Fuerzas Armadas no fueron una excepción. Según los datos estadísticos difundidos por el Ministerio de Hacienda, el ejército contaba entonces con 132.486 asalariados, frente a las 120.648 personas que trabajaban para las Fuerzas Armadas en enero de 2017. Eso implica que, en términos relativos, el ejército ha perdido desde 2010 un 8,9% de sus efectivos.
La Agencia Tributaria y la Seguridad Social, a la baja
Pero ese recorte es mínimo en comparación con el que han sufrido otros departamentos del sector público. Quienes más han visto adelgazar sus plantillas han sido los ministerios y sus organismos autónomos, que han pasado de tener 133.776 empleados en 2010 a contar con apenas 105.877 en enero del año pasado, un tajo del 20,9%. Y ni siquiera la de hace siete años fue la cifra más alta: los recortes en personal comenzaron en 2009, cuando se inició la crisis, ya que la plantilla se redujo en más de 12.000 personas en solo uno año: de los 146.542 empleados de 2008 se pasó a poco más de 134.000 en 2009. Hacienda no ofrece cifras detalladas sobre el personal en cada ministerio.
Suerte similar han corrido las instituciones de carácter local: ayuntamientos, diputaciones, cabildos (en Canarias) y consejos insulares (en Baleares). Los consistorios han pasado de tener 580.869 trabajadores en 2010 a contar con casi 100.000 menos en enero del año pasado (una reducción del 17,1%), mientras diputaciones, cabildos y consejos han visto reducido su personal en casi un 20% desde 2010: de poco más de 77.000 empleados, han pasado a tener solo 61.790. Y las consejerías de las comunidades autónomas han sufrido un recorte parecido: en enero del año pasado tenían un 14,9% menos de trabajadores que en 2010 (209.629 frente a 246.321).
Otros organismos también se han visto seriamente perjudicados por la reducción de sus plantillas en los últimos años. Buen ejemplo de ello es la Agencia Tributaria, cuyos sindicatos denuncian habitualmente la falta de personal como una de las lacras que lastran actividades como la persecución del fraude fiscal. Entre 2002 y 2012, la plantilla de la Agencia Tributaria se mantuvo prácticamente estable entre 27.000 y 28.000 trabajadores, alcanzando un pico de 28.050 empleados en el año 2009. Pero, desde 2012, el organismo ha perdido paulatinamente buena parte de su personal hasta acabar, en enero de 2017, con 25.122 trabajadores, el dato más bajo en 15 años y casi un 10% menor al registrado en 2010.
Sanidad y Educación se estabilizan
Incluso mayor es la pérdida de personal de administración de la Seguridad Social, dependiente del Estado: de los 30.462 empleados públicos de 2010 se ha pasado a 26.538, un 12,9% menos. Por el contrario, en lo relativo al personal empleado en las instituciones sanitarias –que computa como parte de las administraciones autonómicas– apenas hay reducción con respecto a 2010: entonces eran 490.351 los trabajadores, y en enero del año pasado ascendían a 490.509. La diferencia es algo más grande si se compara con 2012, el año en el que el Sistema Nacional de Salud empleó a más personas con un total de 505.185 trabajadores.
La educación también se ha recuperado en los últimos años del tajo que recibió durante la crisis a nivel de personal. Las comunidades autónomas tenían contratadas a 549.171 personas en 2010 para realizar labores de "docencia no universitaria", y ese nivel se mantuvo más o menos estable hasta 2013, cuando sufrió un recorte repentino de casi 23.000 puestos que dejó la plantilla en 527.469 empleados. No obstante, desde 2015 las cifras se han recuperado y en enero de 2017 el número de contratados ascendía a 542.582, un 1,2% menos que en 2010.
El personal empleado en las universidades en enero de 2017 es más difícil de comparar con 2010, ya que en el año 2012 Hacienda decidió cambiar la metodología de recuento y pasó de contabilizar menos de 100.000 trabajadores a más de 150.000. Ese año 2012 fue el que más personal trabajó en las universidades públicas: un total de 154.881 personas, de las cuáles 100.511 eran docentes y el resto, empleados de otra índole. Los recortes hicieron que la cifra se quedara por debajo de los 150.000 trabajadores en 2013, 2014, 2015 y 2016, y solamente se ha recuperado esa cantidad en 2017, cuando se registraron 150.287 empleados en las universidades públicas: 98.042 docentes y 52.245 no docentes.
Las fuerzas de seguridad y los jueces y fiscales crecen
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En el otro lado de la balanza, hay departamentos cuyas reducciones de personal han sido mucho más suaves o que arrojan, incluso, un saldo positivo con respecto a 2010, el año en el que más personas trabajaron para el sector público. Es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una categoría que incluye a la Policía Nacional y la Guardia Civil y que cuenta con un 1,3% más de personal que ese año. Si en 2010 el número de empleados en este departamento ascendía a 137.087, en enero del año pasado eran un total de 138.883 los agentes contratados (74.395 en la Guardia Civil y 64.488 en la Policía), aunque el pico se produjo en 2012, cuando ambos cuerpos tenían conjuntamente un total de 148.187 empleados en nómina.
Hacienda también ofrece cifras relativas a las comunidades autónomas que cuentan con policía propia –Cataluña (Mossos d'Esquadra), Navarra (Policía Foral), País Vasco (Ertzaintza) y Canarias (Policía Canaria)–, si bien el desglose no detalla cómo ha variado el personal de cada uno de los cuerpos por separado. En este caso la cifra conjunta de agentes también ha aumentado desde 2010: en enero de 2017 trabajaban en las fuerzas de seguridad autonómicas un total de 25.723 personas, un 3,5% más que las 24.860 de 2010. No obstante, los registros están aún por debajo de los de 2012, el año en el que las policías autonómicas emplearon a más personal con un total de 26.572 trabajadores.
Lo mismo ocurre con el personal de centros penitenciarios, que ha crecido un 2,3% desde el año 2010 hasta llegar a los 23.106 empleados en enero del año pasado –en torno a 900 menos que en 2014–. En una proporción similar ha aumentado el número de trabajadores de la administración de justicia, que se sitúa un 1,9% por encima de los niveles de 2010 con los 24.424 que estaban en nómina el año pasado. La mayor parte de ellos (15.021) son personal administrativo y de otra índole, mientras que Justicia tiene contratados 6.499 magistrados y jueces (323 menos que en 2015, el año en el que más hubo) y 2.904 fiscales (cerca de los 3.098 de 2012, máximo histórico). Pese a ello, las asociaciones judiciales y de fiscales tienen como una de sus quejas más habituales la escasez de personal para asumir la carga de trabajo de la Justicia.
El empleo público languidece en España. Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, son casi 50.000 los puestos que se han perdido en el sector –contando las administraciones estatal, autonómica y local–, y la cifra asciende a más de 150.000 si se compara con los años 2010, 2011 y 2012, los que registraron un mayor número de empleados públicos en España. En general, todos los departamentos han reducido personal en los últimos años, aunque los hay que se han salvado del recorte: el número de policías nacionales, funcionarios de prisiones, magistrados y jueces o profesores universitarios ha crecido en comparación a 2010, aunque no en la misma proporción.