"El derecho a la protesta ha sido el medio utilizado por las clases populares no solo para conquistar derechos humanos, sino también para hacerlos efectivos y preservarlos. Por eso la protesta es el primero de los derechos. Si este falta, todos los demás también". El que habla es Jaume Asens, abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Junto a Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, acaba de publicar La bestia sin bozal (La Catarata), donde ambos denuncian la criminalización pública de las protestas ciudadanas.
El libro llega en un momento determinante en el que tres recientes ejemplos demuestran que el poder de la calle sí logra revertir decisiones políticas muy controvertidas y contestadas. A saber: la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid; el bulevar en la calle de Vitoria del barrio de Gamonal, en Burgos; o la huelga de empleados de limpieza del Ayuntamiento de Madrid que acabó por abortar los despidos previstos. Sin embargo, aunque con final feliz, estas tres situaciones han tenido un denominador común. Y no ha sido otro que el intento de los responsables polïticos de los que dependendían estas decisiones de arremeter contra las acciones de protesta.
"Se criminaliza para generar miedo, para que la gente se encierre en sus casas y acepte mansamente lo que está ocurriendo. Pero también es un gesto de impotencia. Ser sumiso ante los poderes financieros y la corrupción y pretender ser duro con la protesta ciudadano es arriesgado. Al final, solo se consigue provocar más indignación y descontento", apunta Pisarello. "La criminalización de la protesta se endurece cuando el régimen está en crisis y crece la resistencia ciudadana a los recortes en democracia y derechos sociales", añade Asens.
En su libro, ambos repasan algunos de los actos de protesta más representativos del actual tiempo de crisis. Desde las acampadas del 15-M a las huelgas generales y sectoriales convocadas contra las últimas reformas del mercado de trabajo y las pensiones, las ocupaciones de centros sanitarios y educativos, los rodeos a los parlamentos o las concentraciones contra los desahucios. Algunas de estas fórmulas son ejemplos de una nueva manera de activismo efervescente que, sin dejar de lado las formas clásicas de movilización, apuestan por la desobediencia civil de acción directa. "Protestar no solo es un antídoto contra la resignación, es una expresión de dignidad personal y colectiva. Esto es lo que nos enseñan día a día la PAH, los yayoflautas, las mareas ciudadanas y tantas otras luchas", dice Pisarello.
El movimiento que repolitizó las calles
Una nueva forma de protesta
En este sentido, los autores consideran que tras el estallido de la crisis se produce una cierta reformulación en el ejercicio del derecho de protesta y que el movimiento surgido tras las protestas de mayo de 2011 tiene algo que ver en estas formas de expresión política. Así, consideran que es precisamente para atajar estas nuevas fórmulas para lo que el PP ha elaborado el proyecto de reforma de la ley de seguridad ciudadana. "La llamada ley mordaza pretende instaurar un auténtico estado de excepción encubierta para silenciar a todos aquellos que no se quieren quedar en casa, que no se resignan estoicamente a los ajustes. Como recuerda Ada Colau, en el prólogo, frente a ello solo cabe una respuesta: ganar la calle, contra el miedo y por la libertad", señala Asens.
¿Han quedado entonces obsoletas formas de protesta tradicionales como las manifestaciones o las huelgas? Los autores consideran que no. De hecho, Pisarello rescata el ejemplo de Grecia, donde huelgas y ocupaciones han sido decisivas para frenar ciertos objetivos de ajuste impuestos por la troika. "Lo que observamos es que gracias a las redes sociales el repertorio de las protestas se ha ampliado. Y también, claro, las vías de criminalización. Para el Gobierno del PP es tan importante endurecer el Código Penal como impulsar la Ley mordaza o la Ley anti-huelga. Su ideal es que la gente se quede en casa atemorizada o proteste en un “manifestódromo”, como llegó a sugerir uno de sus dirigentes en Madrid", añade.
"El derecho a la protesta ha sido el medio utilizado por las clases populares no solo para conquistar derechos humanos, sino también para hacerlos efectivos y preservarlos. Por eso la protesta es el primero de los derechos. Si este falta, todos los demás también". El que habla es Jaume Asens, abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Junto a Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, acaba de publicar La bestia sin bozal (La Catarata), donde ambos denuncian la criminalización pública de las protestas ciudadanas.