La suspensión cautelar de militancia de la ex secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, que se anunció el pasado viernes ha partido en dos a la formación en la comunidad. En los últimos días, cuatro de los siete parlamentarios de Podemos en el Parlamento de Navarra –Pérez incluida– han pedido la retirada del expediente y han amenazado con irse al grupo mixto, otra diputada más ha denunciado las "formas utilizadas" contra la ex secretaria general y la propia expedientada ha anunciado que tomará acciones legales contra la dirección territorial de Podemos. La crisis parece lejos de cerrarse, pero la dirección estatal de la formación afirma que se mantendrá al margen por el momento.
Las fuentes consultadas coinciden en que la crisis no está relacionada con la lucha entre corrientes internas –Pérez es próxima al sector anticapitalista y el actual secretario general, Eduardo Santos, es pablista–, sino que se debe a los problemas internos en la dirección. Y es que la división era evidente desde hace meses en la cúpula de Podemos Navarra, y prueba de ello fue el escaso margen –de apenas 28 votos– por el que se impuso Santos a Pérez en el congreso autonómico que se celebró en mayo. Pero el viernes pasado la situación estalló tras el anuncio por parte de la dirección de la "expulsión cautelar" de Pérez, una medida que posteriormente se rebajó a una "suspensión" para la ex secretaria general, acusada de "infringir gravemente el código ético de Podemos".
"Desde que hemos llegado a las instituciones hay personas del partido que ocupan cargos públicos" que manchan "el buen nombre y la imagen de Podemos [...] restando credibilidad al proyecto político", denunciaba la dirección en un comunicado remitido a los medios. La cúpula navarra no ofreció más detalles al respecto y pidió a Pérez que entregase su acta de diputada en el Parlamento. No obstante, la ex secretaria general se negó, achacó el expediente –que tachó de "despropósito"– a "una maniobra de acoso político" y aseguró que las acusaciones contra ella "en absoluto se corresponden con la realidad".
El asunto lleva coleando desde el viernes, y los protagonistas se han prodigado en los medios de comunicación. El secretario general, Eduardo Santos, aseguró el lunes en una entrevista que Pérez "iba por libre y estaba construyendo algo fuera del partido", mientras que el martes los diputados Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo, además de la expedientada, amenazaron con dejar el grupo parlamentario si no se paraliza el proceso interno contra Pérez. Una parlamentaria más, Tere Sáez, señaló este miércoles que es necesario "despejar las dudas" sobre las actuaciones de la ex secretaria general, pero deploró "las formas utilizadas" para ello. Así las cosas, con Santos –que es diputado en el Congreso– únicamente están dos parlamentarios del Parlamento navarro: la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, y el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Mikel Buil.
Al menos once acusaciones
La dirección de Podemos Navarra rehusó este miércoles ofrecer detalles sobre el expediente a este diario. No obstante, tal y como publicó Diario de Navarra, en el proceso contra Pérez constan al menos once acusaciones, entre las que se cuentan las de incumplir decisiones del partido o haber votado en beneficio propio una moción en el Parlamento para ampliar el plazo para que los profesores interinos navarros puedan acreditar que tienen el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), que habilita para dar clases en la enseñanza.
La ex secretaria general –abogada y profesora de euskera– admite que se encuentra en esta lista de interinos, pero argumenta que la moratoria que votó no le afecta en absoluto porque está terminando el máster para obtener el CAP y su mandato como parlamentaria finaliza en 2019, por lo que ese año –si quisiera volver a la enseñanza– ya contaría con el título. "Es rotundamente falso que mediara un interés personal", denunció hace unos días Pérez en un comunicado, en el que aseguró que se limitó a "defender la postura acordada por el círculo de Educación" de Podemos y "avalada por la totalidad de los sindicatos".
Esta acusación ha llevado a Pérez a anunciar que emprenderá "las acciones legales necesarias" contra la dirección navarra de Podemos. Según confirmó la ex secretaria general a este diario, su intención es denunciar por "injurias y calumnias", ya que entiende que el hecho de que se la acuse de haber utilizado su cargo como diputada en beneficio propio equivale a tacharla de "corrupta". Las acciones legales irían "contra la dirección del partido, que es quien ha iniciado esta denuncia y quien ha filtrado parte de la misma, porque desde luego tiene muchos otros elementos que no se han citado y que también son totalmente rocambolescos", sostuvo Pérez el pasado martes.
En el expediente también se acusa a Pérez de "continuas falta de respeto" a la dirección o de varias "ausencias" –un total de cinco– a sesiones en la cámara foral. La ex secretaria general afirma que esas ausencias se deben a las prácticas obligatorias necesarias para obtener el máster que se encuentra realizando y afirma que se ofreció a acudir a otras comisiones para compensar el trabajo de los compañeros que tuvieron que sustituirla. Y, con respecto a la acusación de que se negó a atender la petición de la dirección para que cambiase "su forma de retribución" –hubiera pasado de tener dedicación exclusiva a cobrar únicamente dietas–, Pérez argumenta que sólo tuvo que compatibilizar sus prácticas con la actividad parlamentaria durante seis semanas y que no hubiera podido revertir el cambio para volver a cobrar el sueldo íntegro.
Podemos Navarra pide a los cuatro parlamentarios críticos que entreguen el acta
La portavocía del grupo parlamentario –que ejercía Pérez hasta el pasado julio, cuando fue sustituida por Mikel Buil– también ha sido una fuente de problemas para Podemos Navarra, y a ella se hace mención en el expediente contra la ex secretaria general. En dicho informe se critica que Pérez no aceptó "la decisión tomada" por la nueva dirección y que "siguió actuando como si fuera portavoz [...] tanto en sus comunicaciones públicas como en relación al resto de fuerzas".
La dirección se refiere a la queja que presentó en el Parlamento la ex secretaria general en julio, cuando denunció por escrito que el nombramiento de un nuevo portavoz no había sido firmado por todos los miembros del grupo parlamentario, lo que, a su juicio, era contrario al reglamento de la cámara. Sin embargo, en septiembre los letrados del Parlamento dieron por válido el nombramiento de Buil y concluyeron que, pese a que para constituir el grupo parlamentario sí se requiere de la firma de todos sus miembros, eso "no implica necesariamente que cualquier modificación posterior requiere de tal unanimidad".
Sin embargo, pese al agravamiento de los problemas internos en Podemos Navarra, la dirección estatal del partido morado no tiene previsto intervenir por el momento, dado que además el expediente se encuentra en manos de la Comisión de Garantías autonómica del partido y será ese órgano quien tenga que valorarlo. Fuentes de la Secretaría de Organización liderada por Pablo Echenique confían en que el asunto se puede resolver "en el propio territorio", aunque dependiendo de cómo evolucione la crisis en los próximos días, Echenique podría verse obligado a tomar cartas en el asunto.
La suspensión cautelar de militancia de la ex secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, que se anunció el pasado viernes ha partido en dos a la formación en la comunidad. En los últimos días, cuatro de los siete parlamentarios de Podemos en el Parlamento de Navarra –Pérez incluida– han pedido la retirada del expediente y han amenazado con irse al grupo mixto, otra diputada más ha denunciado las "formas utilizadas" contra la ex secretaria general y la propia expedientada ha anunciado que tomará acciones legales contra la dirección territorial de Podemos. La crisis parece lejos de cerrarse, pero la dirección estatal de la formación afirma que se mantendrá al margen por el momento.