Los criterios internacionales de calidad democrática confirman que Venezuela es una dictadura

¿Por qué el Gobierno de España se resiste a decir que Venezuela es una dictadura, como le exige el Partido Popular? Por la misma razón por la que intenta no usar esa expresión para referirse al régimen chino, la teocracia iraní, la monarquía absoluta saudí o la autocracia de Marruecos: no contribuye a la democratización de esos países y empeora notablemente las relaciones con actores clave para la propia economía o los equilibrios estratégicos globales.

Para muestra, un botón: la decisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de mandar un “recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven”, ha provocado una crisis diplomática con el régimen de Caracas de incierto desenlace y que amenaza los intereses de empresas españolas en aquel país.

Lo llamativo es que, más allá de la utilización política que el PP está haciendo de este asunto —van a exigir al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se pronuncie al respecto en el Senado—, hay pocas dudas sobre el sistema político venezolano. Todos los índices internacionales que cada año examinan la calidad democrática de los países, y los especializados en materias como los derechos humanos o la libertad de prensa, sitúan a Venezuela en las últimas posiciones.

El más famoso de todos ellos, citado habitualmente por medios de comunicación y dirigentes políticos, es el Índice de Democracia que publica la revista británica The Economist, biblia del neoliberalismo en todo el mundo —la mayoría de su capital está en manos de la familia italiana Agnelli, con intereses en diferentes sectores económicos, en particular la industria del automóvil—. 

Al final de la tabla

En su última edición, la del año 2023, Venezuela estaba en el puesto 142 de 167 posibles, muy al final de la tabla. Su puntuación no pasaba de 2,31 sobre 10 (la media mundial era el año pasado de 5,68), por debajo de países como Malí o Cuba. Es verdad que el año pasado había progresado cinco posiciones, mejorando resultados por tercera edición consecutiva, pero lo ocurrido en las últimas elecciones sugiere que esa tendencia no va a continuar en el próximo informe.

The Economist solamente aprueba a Venezuela en uno de los criterios que utiliza para medir la calidad democrática: la participación política. En ese apartado le da un 5 sobre 10. No obstante, suspende en todo lo demás, especialmente en lo que se refiere al proceso electoral (aquí le pone un cero), además del funcionamiento del Gobierno, la cultura política y las libertades civiles. Se trata de un “régimen autoritario”, sostiene este índice.

Freedom of the World describe a Venezuela como uno de los trece países que han experimentado un declive democrático más acusado en los últimos diez años. Un grupo en el que están Nicaragua o Libia, pero también Hungría o El Salvador.

Esta aparente disparidad se explica porque este índice lo elabora la organización no gubernamental Freedom House con sede en Washington (Estados Unidos), una entidad que se autoproclama “una voz clara para la democracia y libertad por el mundo” y que muchos especialistas consideran claramente escorada hacia valores estrictamente norteamericanos.

Sesgo

Los expertos también atribuyen un sesgo claramente ideológico a la clasificación que elabora anualmente el periódico económico conservador neoyorquino The Wall Street Journal, propiedad del magnate de la prensa Rupert Murdoch, en colaboración con la Fundación Heritage, vinculada a la derecha conservadora estadounidense.

Este índice sitúa a Venezuela más abajo aún que el de The Economist, en el puesto 174 de su índice de “libertad económica”, una especie de ranking de los lugares del mundo más respetuosos con las reglas del capitalismo y el neoliberalismo. Según sus autores, el régimen venezolano está en el grupo de los que más reprimen la libertad de las empresas.

Son clasificaciones que se pueden discutir, en mayor o menor medida, por la ideología de sus patrocinadores. Pero Venezuela tampoco sale bien parada en los análisis más respetados por los especialistas en ciencia política. Es el caso de V-Dem, que publica la Universidad sueca de Gotemburgo, pero que se confecciona gracias a la colaboración de más de 30 académicos de todo el mundo. “Uno de los más grandes proyectos de recogida de datos de las ciencias sociales centrado en investigación”.

Este índice examina diferentes variables, como la celebración de elecciones libres y justas, respetando la libertad de asociación y la libertad de expresión, y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.

Autocracia electoral

Su análisis clasifica a los países del mundo en cuatro grupos: dos democráticos, que pueden ser electores o liberales, y dos autocráticos, electorales o cerrados. V-Dem incluye a Venezuela en la categoría de “autocracias electorales”, es decir: países en los que “existen elecciones multipartidistas para el Ejecutivo”, pero con “niveles insuficientes de requisitos fundamentales” para considerarlas “libres y justas”, así como restricciones a la libertad de expresión y asociación.

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El modelo de la Universidad de Gotemburgo sitúa a Venezuela tan abajo en el grupo de autocracias electorales que está muy cerca de pasar al grupo de las “autocracias cerradas”, donde están, entre otros, China, Afganistán, Cuba, Haití, Marruecos, Corea del Norte y los países del golfo. Una categoría en la que no hay elecciones multipartidistas para el Ejecutivo y están ausentes componentes democráticos significativos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y las elecciones libres y justas.

Venezuela tampoco supera el examen de organizaciones no gubernamentales de referencia en asuntos tales como el respeto a los derechos humanos o la libertad de prensa. Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente la represión de la disidencia y las violaciones de derechos humanos en el país. La existencia de detenciones arbitrarias, torturas y limitaciones a la participación política, como la inhabilitación de candidatos opositores, así como el uso de fuerza excesiva para reprimir las protestas sociales, especialmente por derechos económicos y laborales, son reprimidas con fuerza excesiva.

El ranking de Reporteros Sin Fronteras sitúa a Venezuela en el puesto 156 de 180 posibles. “Desde su llegada al poder, en 2013, Nicolás Maduro mantiene la política de ‘hegemonía comunicacional’ instaurada por su antecesor, Hugo Chávez”, afirma el último informe anual de esta organización. El país “vive en un clima de restricción de la información, en el que las medidas del gobierno amenazan el ejercicio mismo del periodismo independiente”.