La fase de consulta pública de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue abiertaLey de Cambio Climático y Transición Energética hasta el 10 de octubre. Cualquier ciudadano, rellenando el formulario que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), puede proponer cuáles cree que deben ser los principios rectores de la norma, aún en proceso de elaboración. Las preguntas están recogidas en un documento con formato de Microsoft Excel que contiene tanto cuestiones de respuesta abierta como cerrada tipo test, de sí o no. Los participantes, además, pueden adjuntar un documento adicional, que será muy necesario en muchas ocasiones dado el límite de 1.000 caracteres de las preguntas abiertas. No es, evidentemente, la única ley que se abre a un proceso de consulta pública. Ni la primera, ni la última. Pero su importancia radica en su magnitud y su transversalidad. Si sale adelante, la ley regulará aspectos de medio ambiente, pero también de industria, de economía, de fiscalidad, de comunicación o de energía. Numerosos sectores de la sociedad civil están implicados en la lucha contra el calentamiento global y el establecimiento de un sistema económico menos agresivo con el entorno. Se trata de uno de los grandes retos, si no el mayor, al que nos debemos enfrentar como sociedad. Por eso esta consulta pública es diferente: porque nos la estamos jugando.
Sin embargo, la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático no parece estar contando con la aprobación de parte de los que deberían ser los más activos en la participación: ambientólogos, científicos y ecologistas. Las fuentes consultadas coinciden en una crítica esencial: las preguntas están dirigidas, abarcan muchos aspectos jurídicos y no tantos técnicos del asunto, no recoge asuntos esenciales y no está dividida por sectores. "Hay algunas preguntas que sí tienen contenido técnico, pero la mayoría preguntan sobre herramientas de carácter jurídico", asegura el científico del Institut de Ciències del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel. A su juicio, cuestiones como "¿cuál debería ser el objeto de la Ley?" o "¿considera que la Ley es un instrumento adecuado para dotar de coherencia a las actuaciones en España de lucha contra el cambio climático y para la transición energética?" son del ámbito de la redacción y las competencias de un experto en Derecho. "Toda ley debe tener un objeto, que debe ser especificado en su preámbulo, pero tal cuestión es accesoria para las personas que quieren dar su opinión sobre qué se debe hacer", explica Turiel en su blog The Oil Crash.
Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, asegura que la petición de aspectos jurídicos en el formulario es "la mayor crítica" al proceso de la organización. "Nosotros queremos proponer un calendario de cierre de las centrales nucleares. Pero nos preguntan sobre los principios rectores de la transición energética. No sabemos si eso se considera un principio rector o no", ejemplifica el activista, que añade una propuesta. “¿por qué no nos preguntan si los objetivos de reducción de emisiones tienen que ser cuantificables, o si los propuestos son suficientemente ambiciosos?”.
El ambientólogo Andreu Escrivá lo reconoce: “No lo he rellenado aún. El formulario no es amable. No es una herramienta pensada para que la gente participe, sino para decir: «Estamos participando»". Argumenta que la brecha digital –gente en pueblos susceptibles al cambio climático y sin Internet–, la redacción farragosa y la falta de publicidad del proceso no ayudan. Para Escrivá, más allá de la formulación de las cuestiones, el problema es que "no se ha hecho un proceso real de debate de abajo arriba". Si no se genera un debate público, si no hay charlas, eventos, estos mecanismos de participación pública son estériles, considera. "La preocupación de la gente es alta, pero su conocimiento es mínimo. El Gobierno no debe ser un mero garante de esta participación. Que la sociedad tenga una reflexión compartida", reclama. Una reflexión compartida sobre un asunto que no es dos más dos, sino que reúne infinidad de causas y de consecuencias. No basta con un Excel. No tiene lo mismo que decir un científico que un agricultor y las preguntas del formulario, consideran, no deberían ser las mismas
Dada la complejidad técnica y conceptual del cambio climático, una propuesta aceptada por todos los expertos consultados por infoLibre, aunque ya sea tarde, es elaborar distintos formularios para distintos sectores implicados en la lucha y afectados por los efectos que se prevén y que ya sufrimos. No tiene lo mismo que decir un científico que un agricultor y las preguntas, consideran, no deberían ser las mismas. "Las preocupaciones son distintas. Alguien que vive en el interior se queja de que se le van a morir las vacas, y alguien en el litoral se queja de que se nos va a comer la costa", explica Escrivá. Turiel también se muestra a favor, sobre todo por la ventaja de contar con una perspectiva coral de iniciativas de acción climática ya en marcha en diferentes sectores. "Vamos a ver lo que está funcionando y lo que no. Eso sería mejor", coincide. Sin embargo, Escrivá cree que debería haber un "tronco común" para articular con más eficacia esa reflexión como sociedad. "No me importaría ir dando charlas, dedicar un año entero a eso", asegura divertido.
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La última pregunta del formulario habilitado inquieta especialmente a los ecologistas. Dice así: "En caso de no poder contar con un instrumento como una ley que permita afrontar el reto (…), ¿Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no regulatorias, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y transición energética?". Efectivamente, el formulario del proceso de Ley de Cambio Climático plantea como posibilidad que la misma ley no se apruebe. El coordinador de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, no se plantea alternativas a una norma de este rango. "Es necesaria para que pueda haber un debate público. No puede ser sustituida por una normativa de cara a la galería, pero que no sirve de nada". Andaluz se queda sin palabras. "No sé cómo calificarlo. Nada puede sustituir el rango de una ley. Es inexorable que haya una ley orgánica de cambio climático, y que el resto de regulación este supeditada a ella", considera. A su parecer, introducir este elemento de duda en el cuestionario "refleja un conflicto máximo" entre facciones del Gobierno a la hora de tramitar la norma.
La sensación compartida es que el Gobierno tiene una idea clara de cómo va a ser la Ley de Cambio Climático y que la consulta pública es un trámite, con preguntas dirigidas, para anotarse el tanto. García, de Greenpeace, no se da por vencido: todas las organizaciones pertenecientes a Alianza por el Clima van a contestar a las preguntas, pero volverán a dar la batalla, asegura, cuando se presente un borrador que ya intuyen, a grandes rasgos, cómo será. El modelo de acción climática, asegura Turiel, no se pone en duda en el procedimiento. La pregunta 4.1. reza lo siguiente: "¿De qué forma considera que hay que compatibilizar los objetivos medioambientales con los objetivos de competitividad, crecimiento económico y empleo?". Para un científico como Turiel, que asegura que un objetivo de un 100% de energía generada por renovables es incompatible con el crecimiento, sus postulados no tienen cabida en un formulario cuyas preguntas ya están en sintonía con el "capitalismo verde".
El debate entre crecimiento y decrecimiento como solución a la crisis climática da para otro reportaje, pero detalles como ese, afirma el investigador, hacen que la consulta sobre una de las leyes más importantes en nuestro medio plazo pase desapercibida. En su sector, y en muchos otros. Ante una pregunta sobre si otros científicos del CSIC han rellenado la encuesta, contesta tajante. "A mí no me consta. ¿A nivel científico? No solo no han sido conscientes, sino que no les importa en absoluto".
La fase de consulta pública de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue abiertaLey de Cambio Climático y Transición Energética hasta el 10 de octubre. Cualquier ciudadano, rellenando el formulario que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), puede proponer cuáles cree que deben ser los principios rectores de la norma, aún en proceso de elaboración. Las preguntas están recogidas en un documento con formato de Microsoft Excel que contiene tanto cuestiones de respuesta abierta como cerrada tipo test, de sí o no. Los participantes, además, pueden adjuntar un documento adicional, que será muy necesario en muchas ocasiones dado el límite de 1.000 caracteres de las preguntas abiertas. No es, evidentemente, la única ley que se abre a un proceso de consulta pública. Ni la primera, ni la última. Pero su importancia radica en su magnitud y su transversalidad. Si sale adelante, la ley regulará aspectos de medio ambiente, pero también de industria, de economía, de fiscalidad, de comunicación o de energía. Numerosos sectores de la sociedad civil están implicados en la lucha contra el calentamiento global y el establecimiento de un sistema económico menos agresivo con el entorno. Se trata de uno de los grandes retos, si no el mayor, al que nos debemos enfrentar como sociedad. Por eso esta consulta pública es diferente: porque nos la estamos jugando.