Cuatro posibles puntos de encuentro sobre la Ley Trans para un feminismo dividido

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No está entre los planes del Ministerio de Igualdad dar un paso atrás respecto a uno de sus proyectos más ambiciosos: la Ley Trans. Tampoco prevé la Vicepresidencia Primera dar su visto bueno a un texto que considera falto de seguridad jurídica. En la diana, la autodeterminación de género sin más requisito que la voluntad expresa de la persona interesada. Los dos socios deben trabajar ahora para encontrar un punto de encuentro entre la falta de garantías jurídicas que denuncian unos y la patologización de las personas trans que reprochan otros.

Todas las miradas apuntan así a un mecanismo que acredite el cambio del sexo registral sin atentar contra la dignidad de las personas. La clave parece estar en los países con experiencia acreditada en legislar sobre los derechos de las personas trans. Algunos contemplan fórmulas como un informe psicológico, el aval de los tribunales, un periodo de reflexión o la acreditación de que la persona ya socializa con su género sentido.

Socializar con el género sentido: el papel de los testigos

Algunos países prevén como requisito la demostración de que la persona ha socializado con el género sentido: en su entorno laboral, familiar y en sus relaciones interpersonales. En Alemania, por ejemplo, la persona interesada debe tener la convicción de que es trans, debe haber estado viviendo de acuerdo con dicha identidad durante tres años y debe considerar "altamente probable" que esto no cambiará. La estabilidad en el tiempo es una de las claves que los socialistas consideran importante incluir en la ley española.

Reino Unido, en el que aún se debate sobre las fórmulas para la autodeterminación de género –el Gobierno de Theresa May había desarrollado un proyecto de ley para permitir que las personas trans se identifiquen con su género sentido sin aportar un diagnóstico médico–, la actual norma plantea haber estado viviendo en el sexo adquirido durante dos años antes de la solicitud y tener además la intención de mantener esa opción durante el resto de su vida.

Pero ¿cómo se demuestra la socialización en base al género sentido? Chile ofrece algunas pistas. Allí, toda persona mayor de edad podrá obtener la rectificación del sexo registral un máximo de dos veces en su vida y para sacar adelante el procedimiento, el Registro Civil cita no sólo al solicitante, sino a dos testigos, quienes han de ratificar que la persona interesada es mayor de edad, soltera y conoce las implicaciones de la modificación.

Establecimiento de un periodo de reflexión

Una de las opciones a la hora de solicitar el cambio de sexo registral es hacerlo tras un periodo de reflexión. En esta entrevista, la escritora trans Elizabeth Duval reconoce que "un período de reflexión antes de cambiar el nombre en el registro puede entrar en el debate sobre la ley". No es una ocurrencia de la autora, el ejemplo se aplica ya en Dinamarca. En este país pionero en legislar la autodeterminación de las personas trans, ese periodo es de seis meses y se utiliza como mecanismo de carácter administrativo que garantice que se eviten irregularidades. De esta manera, el solicitante tiene que plasmar la demanda por escrito, dejar pasar el semestre y volver a realizar la petición.

En España tenemos experiencia con el aborto: las mujeres tienen que aguardar tres días entre que piden información para interrumpir su embarazo y deciden iniciar la intervención. Un periodo de reflexión que, no obstante, muchas mujeres consideran paternalista y restrictivo. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, entiende que cualquier requisito que condicione la libre determinación de género es un paso atrás e insiste en que su organización no apoyará ninguna medida en este sentido, tampoco el tiempo de reflexión.

El aval de los tribunales

Otro conjunto de países apuesta por legislaciones que incluyen órganos autorizados para estudiar la solicitud, como por ejemplo los tribunales. En Francia, las personas trans tienen que pasar por tribunales de familia o por un notario público, mientras que en Grecia la declaración basada en la "voluntad y la sensación personal sobre el propio cuerpo y su imagen externa" deberá efectuarse ante un juez. Judicializar los trámites podría ser una opción que acercase las posturas, pues no supone la patologización de las personas trans. Sin embargo, sí contribuiría a cargar de burocracia el proceso, un extremo que los colectivos trans temen por constituir, a su juicio, una importante barrera que podría disuadir a estas personas.

Colombia, por su parte, permite a sus ciudadanos modificar el marcador de sexo en documentos mediante escritura pública aportando, entre otros elementos, una declaración jurada con el compromiso de no modificar el marcador más de dos veces en la vida y con un mínimo de diez años de diferencia. En este caso es un notario quien se encarga de emitir un documento público en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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Informes psicológicos

Aunque entra en el terreno de la salud, otra de las alternativas sobre la mesa es la presentación de un informe psicológico. Lo decía la jurista Altamira Gonzalo en esta entrevista con infoLibre: "Estamos ante una alteración psicológica que ocasiona esa disconformidad respecto al sexo que se tiene en el carnet de identidad o en el registro civil y el sexo al que se quiere transitar. ¿Eso quién puede acreditarlo en nuestra sociedad científica? No se me ocurre nadie mejor que personas de la ciencia psicológica".

En Austria, el cambio de género legal exige un dictamen emitido por un psicólogo, psiquiatra o psicoterapeuta. El escrito psicológico permitirá determinar que la persona trans efectivamente quiere pertenecer al otro género, que su decisión es irreversible y que se han tomado medidas para adaptar su apariencia física a la del género sentido.

No está entre los planes del Ministerio de Igualdad dar un paso atrás respecto a uno de sus proyectos más ambiciosos: la Ley Trans. Tampoco prevé la Vicepresidencia Primera dar su visto bueno a un texto que considera falto de seguridad jurídica. En la diana, la autodeterminación de género sin más requisito que la voluntad expresa de la persona interesada. Los dos socios deben trabajar ahora para encontrar un punto de encuentro entre la falta de garantías jurídicas que denuncian unos y la patologización de las personas trans que reprochan otros.

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