La segunda conferencia sobre el Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA) ha dado comienzo este lunes 22 de agosto con Ginebra como sede. La cita, que se prolongará hasta el viernes 26, reúne a cientos de delegados de más de un centenar de países.
En la actualidad, el Tratado cuenta con el respaldo de 87 países miembros y 47 que lo han firmado pero no ratificado. La iniciativa se plasmó sobre el papel en el año 2013 y entró en vigor en el 2014 como compromiso para mejorar la regulación en el comercio de armas y respetar los derechos humanos de la población mundial.
Tres años después de que los Estados firmantes acordaran las condiciones del Tratado, y dos años tras su entrada en vigor, las ONG analizan las carencias del mismo y proponen medidas para superarlas y avanzar hacia una regulación global, eficaz y garantista.
1. Cooperación internacional
Alberto Estévez, coordinador de Promoción del TCA y secretariado internacional de Amnistía Internacional, comenta en conversación con infoLibre la importancia de la cooperación internacional como base fundamental de la regulación armamentística. En este sentido, destaca el fondo creado por las Naciones Unidas para la cooperación en materia de comercio de armas a nivel mundial, de manera que los países que necesiten apoyo para aplicar el Tratado cuenten con ayuda exterior. "Es un fondo muy interesante con el que la ONU está coordinando diferentes proyectos de fomento de medidas de todo tipo", afirma Estévez.
Sin embargo, se trata de un fondo provisional, vigente hasta la puesta en marcha del que establece el acuerdo en su artículo 16: "Los Estados firmantes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para ayudar a aplicar el presente Tratado a los países que soliciten y necesiten asistencia internacional".
El activista entiende que los Estados "deben adoptar medidas para que los países con dificultades a la hora de aplicar el Tratado tengan la posibilidad de hacerlo" gracias a proyectos de fomento para implantar la ley, con asistencia técnica, jurídica y económica, entre otros aspectos. Por ello, reclama "que se cree ya ese fondo fiduciario, que se ponga en marcha lo antes posible".
2. Informes públicos
Para las ONG, uno de los principales requisitos para garantizar la efectividad del Tratado es la transparencia. "Llevan un año discutiendo, desde la conferencia en agosto, sobre la necesidad de elaborar informes públicos", relata Estévez, "pero no llegan a un acuerdo sobre el modelo de presentación". El pacto obliga a elaborar y presentar un informe cuando un país entra como Estado integrante, con el fin de informar sobre las medidas de aplicación del Tratado, y otro sobre las autorizaciones y exportaciones de armas realizadas. "No todos los Estados han hecho los deberes", comenta el activista, "sólo 49 han presentado el informe inicial, entre ellos España, pero no todos lo han hecho público".
Por ello, las organizaciones demandan que sean siempre públicos, que incluyan "información sobre quién va a usar las armas y qué usos tendrá", que se desglosen por subcategorías las armas pequeñas y las ligeras, que se detalle la cantidad de armas y su valor, y finalmente que se incorporen, obligatoriamente, las importaciones y exportaciones.
Según relata Estévez, este asunto es en la actualidad "una pelea muy grande", que además "ya lo fue durante las negociaciones del Tratado". Para el experto, "transparencia no implica necesariamente perder contratos", como a su juicio ya han demostrado los países cuyos informes son menos opacos.
Según un comunicado emitido por la ONG Control Arms, "una publicación transparente es la única vía para la implementación del acuerdo, que ha estado en la sombra durante dos años".
Por otro lado, Vicenta Font, vicepresidenta del Centro de Estudios por la paz JM Delàs, considera que el hecho de que los informes no sean públicos "es algo grave". Font se pregunta cómo "es posible hacer un seguimiento si no hay información al respecto, o queda reducida al grupo que tendrá acceso". La transparencia, valora, es fundamental no sólo para el cumplimiento del pacto, sino para tener una visión del tráfico de armas a nivel mundial.
3. Artículos 6 y 7 del Tratado
Tanto Amnistía Internacional como el centro JM Delàs inciden en la aplicación de dos artículos del ATC. Por un lado, el artículo 6 prohíbe la exportación de armas cuando los países tienen conocimiento de que pueden ser usadas para genocidios o crímenes de lesa humanidad. En ese supuesto, subraya Alberto Estévez, "se deben prohibir las exportaciones".
El artículo 7, por su parte, hace referencia a la necesidad de evaluar las exportaciones. Los Estados firmantes deben realizar una evaluación "objetiva y no discriminatoria", teniendo en cuenta si una posible exportación de armas "podría menoscabar o contribuir a la paz y la seguridad". Amnistía Internacional pide, en este sentido, "la garantía de procedimientos efectivos y recursos administrativos para aplicar el artículo 7 de manera que no se autorice la exportación de armas convencionales cuando una evaluación revele que entraña un riesgo" para el país de destino.
Estévez insiste en que "no es cuestión de equilibrio entre paz, seguridad y derechos humanos", y subraya que "si hay un riesgo preponderante de consecuencias negativas de la exportación, ésta debe pararse".
En esta misma línea, Vicenta Font censura que el artículo 7.1 a "deja la puerta abierta a que los Estados puedan vender armamentos a grupos rebeldes", ya que "por razones humanitarias las exportaciones pueden realizarse". Como ejemplo, la experta señala las armas que reciben los grupos rebeldes sirios en un contexto de conflicto como es el del país gobernado por Bachar el-Ásad.
4. Control sobre armas cortas
Font lamenta que el acuerdo armamentístico "no deja claro cómo será el control sobre las armas cortas", lo cual no ocurre con el resto de armas, que están "perfectamente categorizadas y reguladas".
Incide, en este contexto, en la necesidad de "controlar el tráfico de las armas pequeñas y definir la trazabilidad" de las mismas, que a rasgos generales no están tan vigiladas como las grandes, "más fáciles de controlar".
Amnistía recomienda que los Estados informen sobre las importaciones y exportaciones de armas pequeñas y ligeras "por todas las subcategorías", y que además se definan de forma "exhaustiva", en lugar de limitarse a la "descripción militar" que se hace de ellas en el registro de la ONU.
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5. Garantías sobre el uso y usuario finales
Finalmente, Alberto Estévez exige una investigación sobre el uso de las armas y el usuario final. Es decir, si éstas "han sido usadas en los bombardeos que son crímenes de guerra". El experto cree que "es importante que el Gobierno español les dé carácter vinculante a esas investigaciones para tener en cuenta a la hora de realizar contratos", algo que actualmente España no lleva a cabo.
Para Amnistía, las partes deben acordar también que sea necesaria "la autorización por escrito del país exportador original para garantizar que toda reexportación de los elementos requiera el acuerdo previo y se lleve a cabo cumpliendo estrictamente las condiciones del pacto y otras obligaciones de tratados pertinentes".
La segunda conferencia sobre el Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA) ha dado comienzo este lunes 22 de agosto con Ginebra como sede. La cita, que se prolongará hasta el viernes 26, reúne a cientos de delegados de más de un centenar de países.