El debate entre los partidarios de la independencia, los que prefieren reformar la Constitución para mejorar su encaje en España y los que simplemente quieren dejar las cosas tal y como están se ha adueñado del debate electoral en Cataluña. Pero si los partidos consiguen formar gobierno, desarrollarán políticas que afectarán a las vidas de siete millones y medio de catalanes.
infoLibre repasa las propuestas de los partidos en cinco ámbitos muy diferentes: empleo, turismo, financiación, educación y reforma electoral.
Empleo
Todos los programas incluyen un apartado en materia de creación de empleo que, en su mayor parte, se limita a manifestar la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo. Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont, propone “impulsar un proceso de concertación laboral para un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales entre agentes sociales, con la tutela del Govern, que se convierta en un gran pacto para vertebrar políticas que nos dirijan hacia un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales” en el que las condiciones de trabajo estén “equiparadas a las de los países de nuestro entorno para volver a garantizar a nuestros trabajadores los derechos que protegen la calidad en el puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo”. El programa de Puigdemont defiende reformular las modalidades de contratación laboral, pero no precisa cómo, promete “centrar los esfuerzos de las políticas activas en programas específicos para reducir el paro de los colectivos más afectados (jóvenes, mayores de 50 años, menos formados y paro de larga duración)” y asegura que promoverá incrementar “el salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.
Es casi la cifra que propone la CUP (1.200 euros). Los anticapitalistas detallan numerosas medidas para luchar contra la precariedad y el paro, algunas tan concretas como la creación de “Planes de Empleo Público con contratación directa”. La CUP propone además la reducción de la jornada laboral (primero a 35 horas semanales y después a 30), el acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años y un año sabático voluntario y pagado cada 10 trabajados con derecho a conservar el mismo puesto de trabajo. Como casi la mayoría de los partidos, los cupaires también prometen mejorar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
ERC, que en los últimos dos años ejerció tareas de gobierno en materia económica, se suma a esta idea: impulsar el sistema de empleo y el Servei Públic d'Ocupació “como ente de referencia para combatir el paro, mejorar la empleabilidad de las personas” y “crear empleo de calidad”. Los republicanos también dicen que darán prioridad en su programa a “los colectivos más vulnerables en el diseño y el acceso a los servicios y programas de empleo, especialmente a los jóvenes no cualificados, los parados de larga duración, mayores de 45 años, a las mujeres y, en su conjunto, a las personas con menos recursos”. Esquerra también reclama “el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de desempleo y otras ayudas y subsidios estatales”.
Todos manifiestan la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo
El programa del PSC también incluye promesas genéricas: “un programa marco de empleo y reactivación económica con el objetivo de reducir el paro y contribuir a hacer un tejido productivo más sostenible”. Su prioridad en el gobierno será “la disminución del paro hasta llegar a las actuales tasas europeas, para conseguir los objetivos de la UE del pleno empleo”. Para lograrlo se proponen tomar medidas “dirigidas a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas y especialmente la de los jóvenes, las mujeres y las personas paradas de larga duración, incrementando la oferta de formación profesional y garantizando el acceso a la evaluación y la acreditación de la experiencia profesional. Una de las acciones en las que ha incluido cifras concretas es la que hace referencia a “un Plan de Promoción de Empleos Verdes para movilizar recursos públicos y privados que supongan la creación de más de 50.000 empleos mediante el impulso de actividades relacionadas con la rehabilitación de viviendas, mejora de la eficacia y eficiencia energética de viviendas, edificios y locales, incluidos los de titularidad municipal, así como la introducción de cláusulas medioambientales en los contratos públicos”. Los socialistas no podían ser menos y también quieren “hacer del Servei Català d’Ocupació una fábrica de más y mejores oportunidades de empleo para los trabajadores y las trabajadoras que buscan o cambian de trabajo”. Y no dan una cifra concreta de SMI, aunque sí prometen “un salario mínimo que esté en el 60% del salario medio en los próximos tres años”.
Catalunya En Comú-Podem ha presentado el programa más extenso (162 páginas; nueve veces más que el PP, cuyas promesas se resumen en 18), también en materia de empleo. La candidatura de Xavier Domènech propone “impulsar una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno en las materias siguientes: igualdad en el acceso al empleo, relaciones laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido y negociación colectiva”. Su promesa sobre salario mínimo es que alcance “el 60% del salario medio pactado en convenio colectivo (actualmente, 1.000 euros)” y vincularlo al IPC. Quieren, además, “repartir el trabajo mediante la reducción generalizada de la jornada laboral, por ley y sin reducción de sueldos, penalizar a las empresas que realicen horas extra“ y, como el PSC, “crear empleo en sectores clave como la economía verde”. Además, claro, de “superar las reformas laborales de PP y PSOE porque son injustas y inútiles”, y “recuperar el carácter público de las actividades de los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación con finalidades lucrativas”.
El PP de Xavier García Albiol también se apunta a redefinir el Servei d’Ocupació “para que se convierta de verdad en un organismo que ayude a que los desempleados puedan encontrar una oportunidad”. En empleo público promete estabilizar y consolidar “las plantillas de la administración de la Generalitat para los años 2018-2021 aprobando una oferta pública” centrada en “servicios públicos como enseñanza, sanidad o seguridad”. Quieren limitar la temporalidad en el empleo al “8% en cada sector” y lanzar “una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las empresas contraten a personas mayores de 45 años”. El partido de Mariano Rajoy asegura que también desarrollará “una estrategia de trabajo público protegido para las personas mayores de 50 años que se encuentran en desempleo”.
Ciudadanos no ahorra términos contundentes en sus propuestas: “Revolucionaremos los sistemas de orientación, formación y reintegración de desempleados para reducir a la mitad el paro de larga duración en Cataluña”, sostienen. Prometen implementar el “cheque-formación” para que los desempleados “puedan adquirir directamente la formación que más se adapte a sus necesidades”, así como implantar un complemento salarial “para que los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo”. “Estableceremos”, afirma el partido de Inés Arrimadas, un “sistema de incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral y despidan menos”.
Turismo
La presión turística y el debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años, impulsado sobre todo por la CUP, que incluso llegó a apoyar campañas de sensibilización. No es extraño que sean precisamente los anticapitalistas los que más espacio dediquen a este asunto. proponen, entre otras cosas, revertir el modelo actual para “desarrollar un turismo justo, sostenible y comunitario, que respete los derechos de la población local y de las trabajadoras del sector”. Ese nuevo modelo “pasa necesariamente por el decrecimiento” y por garantizar que los visitantes puedan “acceder al derecho a conocer la Cataluña real”. La CUP quiere indicadores que permitan medir el impacto del turismo sobre “la población residente, los recursos ambientales, las fuentes energéticas, los sectores productivos, los servicios públicos (sanidad, transporte, etc.), o los derechos de las personas (viviendas, espacio público, movilidad, etc)” y “poner la participación de las vecinas en el centro de la toma de decisiones turísticas, ya sea en el marco de referencia de un pueblo o de un barrio de ciudad”. Eso implica, sostienen, “revisar los privilegios de las empresas turísticas” o “combatir los grandes equipamientos destinados al ocio”, entre otras muchas medidas.
JuntsperCat, la candidatura de Puigdemont, en cambio, pone la actividad turística en el centro de la economía de Cataluña, aunque reconoce que hace falta negociar “una política de objetivos compartidos por un amplio consenso social y empresarial, que proyecten el país no sólo como referente turístico europeo, sino mundial”, pero “basado en los activos territoriales, su identidad y una propuesta de valor sostenible y competitiva que priorice la calidad, la innovación y la excelencia como pilares básicos del sector”.
Esquerra también apuesta por “calidad y sostenibilidad del servicio a los turistas y visitantes para atraer turismo de valor añadido, generar empleo de calidad y distribuir los beneficios de la actividad”.
El debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años
Los socialistas no evitan la polémica sobre este asunto, pero tampoco la resuelven. Se limitan a prometer que liderarán “un debate en profundidad sobre la estrategia turística catalana que ordene y asegure una gobernanza equilibrada y una visión compartida a largo plazo y que consolide un sistema de calidad, excelencia y de proyección internacional” haciendo frente a “los nuevos fenómenos de economía colaborativa en el sector”.
Catalunya en Comú-Podem, también recurre a la palabra mágica: “sostenibilidad”. Para conseguirlo aseguran que, entre otras cosas, potenciarán “las oportunidades económicas y sociales de la actividad turística priorizando iniciativas empresariales redistributivas, sostenibles y responsables con su entorno”.
Los de Arrimadas prometen recuperar “la imagen de Cataluña como destino turístico de referencia nacional e internacional”, que consideran dañada. E implícitamente reconocen un problema en el sector, porque proponen encargar “estudios de impacto social y económico del turismo como punto de partida para nuevas formas de gestión turística” así como impulsar una “transición turística hacia un modelo con el que competir también en calidad, no sólo en costes”.
El PP ignora en su programa cualquier referencia al turismo.
Educación
Más allá de su condición de servicio púbico esencial, la enseñanza se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la política catalana. Defendida a ultranza por unos, atacada por los otros. Las medidas de todos, con diferentes matices, se dirigen a incrementar el apoyo a la educación en las edades más tempranas y a la adopción, por ejemplo, de medidas para la prevención del acoso y la lucha contra la exclusión social. Es la lengua vehicular el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos. JuntsperCat, por ejemplo, se propone “reforzar el catalán como un eje vertebrador de la acción educativa, para posibilitar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en torno a una lengua compartida”, pero también “formar en el plurilingüismo, a partir de la centralidad del catalán, para desarrollar al máximo las competencias lingüísticas de los alumnos en un mundo globalizado”.
La CUP, pensando en un Estado independiente, propone redactar una “nueva ley de educación de Cataluña desde la base, escuchando a toda la comunidad educativa, así como a los profesores y expertos en educación, que regule una única red educativa de titularidad y gestión pública. Esta escuela será”, reivindican, “catalana, crítica, gratuita, laica, coeducadora, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora y participativa”. Los anticapitalistas quieren que no se renueven “los conciertos educativos que vencen entre 2018 y 2020 y hacer posible que se integren, si lo desean, los centros y trabajadoras que reúnan los requisitos a la red pública en un plazo de 10 años”. Y haga de “la escuela pública catalana” el “primer servicio público constructor de ciudadanía que trabaja para la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
Los republicanos de Oriol Junqueras, por su parte, apuestan por una “educación laica, pública, de calidad, no sexista y en catalán que se fundamente en la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. Y proponen, entre otras muchas medidas, “un plan de choque contra la segregación escolar y el abandono escolar prematuro, centrándose la inversión en los centros de alta complejidad social”.
El PSC se plantea recuperar y actualizar el Pacto Nacional para la Educación “con la participación, implicación e identificación de toda la comunidad educativa”. Y no tiene dudas sobre la lengua: “Defenderemos el sistema de inmersión lingüística en la enseñanza, garantizando la cohesión de la sociedad y el progreso consensuado, atendiendo a la diversidad sociolingüística de nuestro país”, prometen. Apostando, al mismo tiempo, “por fortalecer la competencia lingüística del alumnado en una lengua extranjera, preferentemente el inglés, persiguiendo el objetivo de convertirse en una sociedad multilingüe”. Los socialistas, como hacen varias de las otras candidaturas, apuestan por incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 6% del PIB.
La lengua vehicular es el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos
Esa es la cifra que da también Catalunya en Comú, que se compromete a defender “los principios básicos de nuestra escuela”, que están siendo “objeto de ataques que ponen en duda” su trabajo. “Hay que consolidar el modelo de escuela pública catalana, gratuita, laica, científica, humanística, pluralista, democrática, intercultural, solidaria, y coeducativa” manteniendo y defendiendo “el modelo basado en la inmersión lingüística, ya que favorece la convivencia de todo el alumnado, mantiene el actual equilibrio en la utilización de las lenguas oficiales de nuestro país e introduce las extranjeras”. Eso sí, ofreciendo a la red de centros públicos “el aprendizaje de diversas lenguas de las familias del alumnado, de manera que quien quiera pueda seguir profundizando en su lengua y en el marco del sistema educativo”. Los comuns quieren, además, “revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y demás confesiones religiosas y eliminar la asignatura de religión, así como “disminuir progresivamente los conciertos en los centros privados, empezando por aquellos que segregan por sexo u origen cultural y económico”.
Frente a estos partidos se sitúan nítidamente PP y Ciudadanos. Ambos apuestan por lo que llaman “un modelo educativo trilingüe. Los de Rajoy también prometen ampliar la inversión hasta el 6% del PIB, “libros de texto gratuitos para las familias con rentas bajas y medias” y el mantenimiento del sistema actual de “centros educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando en todo caso su estabilidad, vigencia y suficiencia”. El partido de Albert Rivera, el que más bandera ha hecho contra la escuela catalana, dice en su programa querer que “el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el inglés sea utilizado también como lengua vehicular”. Y que, entre otras medidas, “todos los alumnos tengan libros de texto gratis para ahorrar a las familias catalanas más de 200 euros al año”.
Financiación autonómica
JuntsxCat, quizá en coherencia con su apuesta independentista, ignora esta cuestión en su programa. La CUP, en cambio, entra de lleno: “El ejercicio de la plena soberanía popular requiere no sólo romper con las imposiciones de España, sino también de la UE y la Troika, instituciones antidemocráticas que actualmente dictan las políticas neoliberales de austeridad”. Por esa razón, los anticapitalistas se comprometen a “suspender inmediatamente el pago de la deuda” y “defender la realización de una auditoría popular de la deuda con el apoyo de la administración que tendrá como objetivo saber cómo y en qué se han gastado los recursos”.
Esquerra explica en su programa que cuando habla de independencia se refiere “más a un medio que a un fin en sí mismo”. “Lo que reclamamos”, prosigue el documento, “es disponer de las competencias y los recursos para garantizar el binomio equidad/eficiencia. Porque hoy muchos de nuestros recursos se dañan en un sistema de financiación perverso que, en nombre del equilibrio territorial, acaba congelando e incluso aumentando las disparidades regionales. Desde la restauración democrática, sólo Madrid ha ganado peso económico a costa del resto de regiones españolas, las supuestas beneficiarias de nuestras transferencias fiscales”. A juicio de los republicanos, “el proyecto de soberanía reclama disponer de nuestros recursos y de la capacidad política para satisfacer nuestras necesidades”.
Todos, salvo Ciudadanos, defienden aplicar “el principio de ordinalidad”
El PSC promete impulsar la negociación de un Pacto Fiscal Federal que pasa por conseguir “más recursos para afrontar las competencias” con una mayor participación “en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las Comunidades Autónomas”. El objetivo, subrayan, es conseguir “un sistema que garantice que todo el mundo es tratado de la misma forma ante esfuerzos fiscales similares” y la aplicación del criterio de ordinalidad en los recursos finales” (que después de redistribuir el dinero entre comunidades, aquellas que más aportan no pierdan posiciones en el ranking por territorios), así como la “equiparación de resultados, independientemente del modelo de financiación que se aplique, sea régimen común o régimen foral”. El nuevo modelo de financiación, reclaman, debe ser “muy simple y eliminar muchos de los problemas técnicos y políticos que han incidido en la inestabilidad y opacidad de los resultados finales del modelo actual. No sólo es necesario que se publiquen los resultados a tiempo y de forma comprensible y comparable entre todos los sistemas de financiación —tanto de régimen común como los de convenio y concierto—, sino que, en el marco de un Senado federal reformado, se genere un debate anual sobre la base de los resultados obtenidos”.
Los comuns de Domènech proponen la creación de una “hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña” para “lograr la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña, en plena coordinación con las competencias actuales y futuras de la UE”, y disponer “de los recursos económicos que se generan en el país para atender las políticas sociales y económicas”. Este sistema, asegura el programa de Catalunya en Comú-Podem, “continuaría siendo coherente con el principio de solidaridad territorial, que se haría efectiva a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial” sin alterar “el principio de ordinalidad”, el mismo que reclama el PSC.
Un principio que levanta ampollas en las comunidades más pobres, sean del PSOE o del PP, pero cuya aplicación reclama hasta la candidatura de Albiol: “pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad”.
Ciudadanos es aquí la excepción: ni siquiera menciona la ordinalidad. Para el partido de Arrimadas la reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más justo que “garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones”.
Ley electoral
Cataluña no tiene ley electoral propia y a la hora de votar se rige por la legislación de Estado. Esquerra es la única de las siete candidaturas con opciones a estar en el Parlament que no propone cambiar esta situación.
Junts per Catalunya no da muchas pistas, pero sí reivindica usar “las nuevas tecnologías” para minimizar “costes”. “En el nuevo régimen electoral”, proponen, “implantaremos el voto electrónico y facilitaremos el voto por correo y anticipado. Reduciremos la duración de las campañas electorales y minimizaremos los gastos con un envío único de información electoral, y con un riguroso control previo y posterior de los gastos de las candidaturas”. También prometen eliminar, tal y como reivindican los colegios de periodistas, “el sometimiento de los medios a los bloques electorales, garantizando una política de información en base a criterios periodísticos”. La candidatura de Puigdemont, siempre en clave de estado independiente, también se compromete a crear “un órgano que vele por la calidad democrática del proceso electoral”.
La CUP también quiere cambiar de modelo. “La república catalana debe tener su ley electoral propia que permita un ejercicio del derecho de voto desde el exterior sin las restricciones que la vigente ley de régimen electoral impone”, razona el programa de esta candidatura. “Esta futura ley electoral propia debería garantizar también los derechos de voto de los catalanes residentes en las comunidades autónomas de España que así lo deseen” e incluir “la creación de una circunscripción electoral específica por los catalanes del exterior”.
La proporcionalidad es el gran objetivo de los partidos no nacionalistas
Los socialistas de Miquel Iceta son de los que quieren que Cataluña tenga un nuevo sistema electoral, en este caso para mejorar “la proporcionalidad del actual modelo, para conseguir que el partido que tenga más votos sea también el que tenga más escaños y garantice un adecuado equilibrio territorial y el principio democrático ‘de una persona, un voto”. El objetivo es poner fin “a la discriminación histórica que significa que el valor del voto de algunos ciudadanos es el doble o el triple que el de otros”. El PSC incluye en su programa los detalles de su propuesta, que incluye la “creación de siete demarcaciones electorales y 57 distritos uninominales asignados a las demarcaciones, más un distrito uninominal para los residentes en el exterior”; un sistema electoral mixto “con dos urnas en que la ciudadanía elegirá el diputado de cada uno de los 58 distritos y un partido político en cada demarcación (lista nacional cerrada, pero desbloqueada con votos preferentes)” y “un sistema de recuento nacional para garantizar que los votos tengan el mismo valor en todo el territorio. Y apuestan, como JuntsxCat, por avanzar en “el voto telemático”, además de prometer “la introducción del voto a partir de los 16 años”.
Puigdemont evita criticar a ERC porque Junqueras "sigue siendo el vicepresidente"
Catalunya en Comú-Podem también detalla en su programa su propuesta electoral. Sus prioridades son “la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlamento, la veguería como circunscripción electoral, la creación de una Sindicatura Electoral en Cataluña, el estudio de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Quieren, además, dar derecho al voto a “todas las personas a partir de los tres años de residencia y los 16 años” y limitar “los mandatos a dos, en cuanto a responsabilidades ejecutivas, y tres respecto a las representativas”.
Por la reforma electoral está igualmente el PP de Albiol, en su caso para compaginar “la proporcionalidad y la representación territorial. El sistema que proponemos se inspira en el doble voto propio del modelo alemán: un voto a las candidaturas por circunscripciones electorales y un voto directo a los candidatos de pequeños distritos electorales”.
El partido de Inés Arrimadas propone una reforma más detallada, también pensando en garantizar “una verdadera proporcionalidad para asegurar una justa representación de los votos”. Los partidos nacionalistas, subrayan en su programa, “no han hecho nada para solucionarlo, ya que el actual sistema les beneficia con una sobrerrepresentación en el Parlament”. El modelo de Ciudadanos incluye desbloquear las listas electorales “para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes” y “que los políticos rindan cuentas ante sus electores; eliminar el voto rogado para los ciudadanos residentes en el extranjero; regular “la celebración de debates electorales” y reducir “el límite de gastos de las campañas electorales”.
El debate entre los partidarios de la independencia, los que prefieren reformar la Constitución para mejorar su encaje en España y los que simplemente quieren dejar las cosas tal y como están se ha adueñado del debate electoral en Cataluña. Pero si los partidos consiguen formar gobierno, desarrollarán políticas que afectarán a las vidas de siete millones y medio de catalanes.