Este próximo viernes 9 de febrero se cumple el plazo que le ha dado la Comisión Europea a España para que comunique cómo va a cumplir con sus obligaciones en materia de calidad del aire si no quiere ser llevada ante la justicia europea. El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se pronunció con una dureza inusual contra los Estados miembro incumplidores: "Hace tiempo que se han rebasado los plazos para cumplir las obligaciones legales. Y hay quien dice que hemos esperado ya demasiado. Pero no podemos demorarnos más", aseguró, para posteriormente criticar las medidas que le presentaron los ministros de Medio Ambiente en la reunión en Bruselas por no tener "suficiente peso" como para revertir la situación. La contaminación atmosférica de las ciudades europeas, provocada por la industria, la calefacción y el tráfico rodado, es prioridad para el Ejecutivo comunitario. Ahora el Gobierno español debe demostrar, si quiere evitar las consecuencias, que es también prioridad para él. Los grupos ecologistas son escépticos.
La contaminación atmosférica tiene un efecto muy pernicioso para la salud, demostrado ampliamente por decenas de estudios: es causante de 428.000 muertes prematuras al año en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. En las grandes ciudades, generalmente más aquejadas de esta enfermedad, los causantes son varias sustancias: el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido principalmente por los tubos de escape de los vehículos, así como el ozono troposférico o las partículas en suspensión (clasificadas como PM2.5 o PM10, dependiendo de su grosor). Cuando Vella habla de "los plazos" y "las obligaciones legales" habla de una serie de directivas aprobadas por la Unión Europea que establecen obligaciones vinculantes para los Estados en materia de calidad del aire.
En primer lugar, se establecen techos nacionales de emisiones para cada contaminante: son límites totales que los Estados deben cumplir en cada década. La directiva NEC fija los techos y en la actualidad están en plenas negociaciones tripartitas los de 2030, aunque se cree que no habrá discrepancias entre Parlamento y Consejo. Por otro lado, están las normas de calidad del aire, que dictan cuáles son los niveles que no se deben superar en ningún rincón de la UE. Estos niveles, sensiblemente superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son los que España se salta. En cuanto al NO2, por ejemplo, se establecen dos límites: uno de 200 microgramos por metro cúbico a la hora que no se puede superar en más de 18 ocasiones a lo largo del año, y que hizo saltar las alarmas en Madrid: otro de valor límite promedio, superado en 2015 por Madrid, Barcelona, València, Murcia, Córdoba y Granada.
El gabinete de prensa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) plantea a infoLibre sus dos argumentos ante la Comisión para intentar demostrar que se están haciendo los deberes. El primero, asegurar que las competencias no son del Ejecutivo. "La gestión y el control de la calidad del aire, en concreto, corresponde en nuestro país a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas", afirma. El segundo, el Plan Aire II, aprobado por el Gobierno a finales de 2017. La norma incluye 52 medidas para paliar el efecto de la polución. Se establecen incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, ayudas para renovar el parque automovilístico por otro más limpio, y prevé la elaboración de un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con otras administraciones, entre otras actuaciones."España enviará toda la documentación precisa, que se está preparando, con todas las medidas y actuaciones en materia de calidad del aire que están llevando a cabo todas las administraciones competentes de nuestro país", remarcan.
Sin embargo, Ecologistas en Acción duda de que las medidas planteadas sean realmente eficaces, y vuelven a usar una expresión muy utilizada a la hora de hablar de la gestión medioambiental del país: "brindis al sol". En concreto, son muy escépticos con respecto a la eficacia del Plan Aire II. "Hay que ver qué pasó con el primer Plan del Aire", aprobado por el Gobierno del PP en 2013, señala el coordinador de la organización, Paco Segura. "Planteaba una mejora de la red de Cercanías que no se ha cumplido. Planteaba que las mercancías fueran por ferrocarril. Y a día de hoy no se está haciendo nada", asevera. Pone el énfasis en la promesa de implementar carriles Bus-VAO, para mejorar y racionalizar la entrada del transporte a las grandes ciudades, y que en la actualidad son una rareza en España. Segura añade otra indeterminación: "El Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, aprobado por Zapatero, apostaba por poner zonas de bajas emisiones en las ciudades. El I Plan Aire del PP decía que había que planteárselo. Y el de ahora ni los menciona".
Cerco al diésel
Sin embargo, en cuanto a calidad del aire, Ecologistas en Acción pone el foco en una medida vital lejos de cumplirse: el cerco al diésel. En teoría, el gasóleo emite menos CO2 –uno de los causantes del cambio climático– que la gasolina, pero la legislación europea permite que emita hasta tres veces más NO2 –uno de los causantes de la contaminación atmosférica– que el otro combustible. Su suciedad, además, se ha evidenciado con más claridad con el escándalo Volkswagen, rebautizado como dieselgate, que ha puesto sobre la mesa un sistema generalizado de burla de los controles de emisiones en connivencia con las autoridades.
El diésel es, por tanto, mucho más peligroso para la calidad del aire que la gasolina, y Nuria Blázquez, también de Ecologistas en Acción, explica por qué cuenta con vía libre en España (el 56,8% de la cuota de mercado de vehículos en 2016. El 70% de los motores alimentados con este carburante se venden en Europa, frente al 1% de Estados Unidos y el 2% de China). "El Plan Aire II no se compromete a medidas fiscales en concreto. Su ausencia ha permitido que haya tantos vehículos diésel". El 80% de ellos no pagaron en 2016 el impuesto de matriculación, cifra, porque solo se tiene en cuenta el CO2 que emiten y no lo que expulsan en términos de polución en las ciudades. Igual pasa con el impuesto de hidrocarburos. Ambos están pensados –en teoría– para el cambio climático y no para la calidad del aire de los entornos urbanos, los más afectados. La organización considera que el problema no se puede atajar sin una reforma de la fiscalidad ambiental completa, cuyo sistema en España ha sido muy criticado por los expertos.
Tanto Blázquez como Segura son también críticos con una de las medidas estrella del primer Plan Aire, relacionada con el problema del diésel, y que ha resultado ser "un fraude y un fiasco total", en palabras del segundo: la clasificación de los vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) según su nivel de contaminación. A partir de 2016, la DGT empezó a enviar distintivos ambientales a los titulares de 16 millones de vehículos clasificados como Cero, Eco, C y B. "La DGT clasifica como C (la tercera menos contaminante) a vehículos diésel Euro 6, a pesar de que estos vehículos son, en un 85 %, tan contaminantes o más que vehículos fuera del sistema de etiquetado", denuncia Ecologistas en Acción.
Sin embargo, la clasificación del organismo dependiente de Interior ha servido de base para desarrollar las medidas anticontaminación de Madrid y Barcelona, las ciudades más señaladas. En la capital catalana se restringe a determinadas etiquetas el acceso a las llamadas Zonas de Bajas Emisiones. Madrid pretende cerrar el paso a los vehículos que no tengan etiqueta en los escenarios 2 y 3 de alerta por suciedad del aire. Ha establecido un criterio para abordar el debate de las limitaciones al tráfico por contaminación en las ciudades, a pesar de que los ecologistas consideran que dicho criterio es demasiado laxo.
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Un problema de salud pública de primer orden
Cada vez son más los estudios que relacionan inequívocamente las muertes prematuras y el desarrollo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares con la contaminación atmosférica. En el caso de Madrid, una de las urbes españolas más señaladas por esta afección, un estudio presentado por el doctor de Epidemiología Julio Díaz, del Instituto de Salud Carlos III, señalaba una correlación entre la concentración media de NO2 y PM10 y la mortalidad de estas enfermedades entre 2000 y 2009. Y aunque la correlación no implica causalidad, está ampliamente demostrado que la polución afecta de forma severa al corazón y a los pulmones.
"La contaminación del aire produce más de tres millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. El doble de la mortalidad global atribuible a malnutrición materno-filial y la mitad de la atribuible al tabaco", recogía Díaz en una presentación en un acto de Ecodes. Mientras que la lucha contra el tabaco se mantiene como una de las prioridades de la salud pública, la lucha a favor de una calidad del aire aceptable no está en el mismo lugar en el debate y la conciencia pública.
Este próximo viernes 9 de febrero se cumple el plazo que le ha dado la Comisión Europea a España para que comunique cómo va a cumplir con sus obligaciones en materia de calidad del aire si no quiere ser llevada ante la justicia europea. El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se pronunció con una dureza inusual contra los Estados miembro incumplidores: "Hace tiempo que se han rebasado los plazos para cumplir las obligaciones legales. Y hay quien dice que hemos esperado ya demasiado. Pero no podemos demorarnos más", aseguró, para posteriormente criticar las medidas que le presentaron los ministros de Medio Ambiente en la reunión en Bruselas por no tener "suficiente peso" como para revertir la situación. La contaminación atmosférica de las ciudades europeas, provocada por la industria, la calefacción y el tráfico rodado, es prioridad para el Ejecutivo comunitario. Ahora el Gobierno español debe demostrar, si quiere evitar las consecuencias, que es también prioridad para él. Los grupos ecologistas son escépticos.