El caso de los ERE, uno de los de mayor alcance político de la democracia española, desde luego el de mayor impacto en Andalucía, llega a su hora de la verdad. El primer juicio, que comienza el miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla casi siete años después de la apertura de diligencias previas por parte de Mercedes Alaya, sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, que han ocupado el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años: Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), viejos amigos hoy distanciados, ambos exministros y expresidentes del PSOE. El primero se enfrenta a 10 años de inhabilitación; el segundo, a 6 años de prisión. El proceso que ahora llega a juicio se centra en dirimir el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos. Según la instrucción judicial de esta pieza, impulsada por la juez Alaya y culminada el pasado año por el juez Álvaro Martín, dicho fondo y su sistema de reparto fueron concebidos deliberadamente para eludir los controles de la propia Junta y de la Unión Europea, permitiendo la comisión de numerosos fraudes en la asignación de los recursos públicos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Chaves, Griñán y veinte altos cargos más o impulsaron este sistema supuestamente irregular o lo conocieron y no hicieron nada para frenar su utilización. Todos los acusados defienden su inocencia.
Este juicio no somete a examen uno o varios hechos concretos, de carácter presuntamente delictivo. O no principalmente. Va más allá. Es el propio funcionamiento del Gobierno andaluz durante más de diez años lo que la investigación judicial y la Fiscalía han puesto en entredicho. Según el auto de cierre de la instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, dictado en mayo del pasado año, el propio sistema de reparto de fondos tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. Las subvenciones, según Martín, no eran registradas en la base de datos oficial, ni en el Diario Oficial de la Unión Europea, ni tampoco se realizaba sobre ellas un informe anual para Europa. Según el juez, ni antes de dar las ayudas se comprobaba debidamente que se tenía derecho a ellas, ni después se acreditaba adecuadamente que se les había dado el uso para el que se concedieron. Diversas defensas alegan que la Junta de Andalucía otorgó los fondos utilizando un marco estatal válido para las comunidades autónomas, y que de haberse producido irregularidades éstas deben delimitarse caso a caso, no en lo que consideran una especie de "causa general".
De la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles", salieron a lo largo de más de una década, principalmente, fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), pero también ayudas directas a empresas y ayuntamientos. Alaya primero, después Martín y siempre la Fiscalía no han ubicado la cuestión esencial en si, aprovechando una supuesta falta de control sobre este fondo hubo aprovechamientos de carácter delictivo, sino en si el propio uso del sistema era delictivo y su responsabilidad (penal) alcanzaba de lleno al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Los 22 procesados no están acusados de llevarse dinero al bolsillo, sino de permitir –por acción u omisión– un sistema de reparto de dinero público fraudulento del que se beneficiaron terceros. ¿Qué terceros? Según la investigación judicial, intrusos que se prejubilaban en los ERE sin haber trabajado en las empresas o habiéndolo hecho durante un tiempo o de una forma que no los hacía acreedores de una prejubilación; sindicalistas y empresarios cómplices de estas intrusiones; empresarios que recibían ayudas sin justificación, por mera proximidad al poder político, en especial al que fuera director general de Empleo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero; conseguidores e intermediadores que cobraban comisiones por encima del valor del mercado por poner de acuerdo a empresas, sindicatos y la propia Administración para hacer un ERE...
El "procedimiento específico"
Ahí, alrededor de ese sistema que la Fiscalía considera poco o nada transparente y garantista, es donde florecieron esos otros supuestos fraudes, los cuales no son objeto de atención de este primer juicio. Este primer proceso que comienza el miércoles se centra en la parte política. Es la pieza judicial del llamado "procedimiento específico", al considerarse desde el inicio de la instrucción que la Junta creó ex profeso el sistema para agilizar los pagos y sofocar con ello acuciantes crisis industriales con un mecanismo ágil y flexible. Este juicio se ocupa de contestar a una serie de preguntas fundamentales: ¿Era efectivamente irregular el sistema en sí o sólo lo fue su uso en determinadas ocasiones? ¿Fue concebido para cometer irregularidades o hubo unos pocos que, aprovechando su laxitud, las cometieron por su cuenta y riesgo? Si era irregular, ¿lo sabían los políticos? Si lo sabían, ¿qué debieron hacer y no hicieron?
No es previsible que este juicio arroje luz sobre la cuantía del fraude, otra de las cuestiones más controvertidas del caso. La cifra más repetida son 855 millones, pero ése es el total del dinero repartido mediante el sistema en entredicho. No todo acabó en manos de quien no debía. Es decir, una parte mayoritaria de ese dinero fue ingresado en las cuentas corrientes de alrededor de 6.000 prejubilados que efectivamente tenían derecho a sus prejubilaciones. Lo defraudado habría que delimitarlo caso a caso, viendo por ejemplo qué ayudas a empresas fueron entregadas sin la documentación necesaria, o no fueron justificadas, o qué ingresos recibidos por los intermediarios no responden a trabajos reales. La Junta reclama actualmente por vía administrativa 135,3 millones de euros. La mayoría de las ayudas, unos 700 millones, fueron dedicadas a prejubilaciones para amortiguar el impacto en el empleo del cierre de las minas en la Faja Pirítica de Huelva, de Delphi, de Santana Motor y de Boliden.
Una década de poder
Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez serán los responsables de separar el grano de la paja y redactar una sentencia. Junto a Chaves (72 años) y Griñán (71) estarán en el banquillo el grueso de los pesos pesados de la Junta durante toda una década de poder socialista en Andalucía, la única comunidad políticamente monocolor desde el restablecimiento de la democracia: seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. La instrucción judicial y la Fiscalía consideran que todos ellos, con diferente grado de implicación, participaron en el funcionamiento de un sistema irregular de concesión de ayudas que permitió el reparto sin suficiente control de 855 millones entre 2000 y 2011. Entre los acusados hay auténticos referentes del PSOE andaluz de las últimos lustros, como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera. La plana mayor de Chaves.
Zarrías, el poder sobre el terreno en la era Chaves, y Magdalena Álvarez, que llegó a ser ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentan a 10 años de inhabilitación, al igual que el propio Chaves, por prevaricación y asociación ilícita, delitos que se imputan a los 22 acusados. A 15 de ellos se les acusa además el delito de malversación, al atribuirles la Fiscalía el conocimiento de que había fondos que acababan en destinos indebidos. Las penas en estos casos van de 6 a 8 años de prisión. Un salto cualitativo y cuantitativo enorme. A pesar de que el sistema de reparto de fondos públicos que constituye la base del caso fue creado durante la presidencia de Chaves, los mayores problemas judiciales son para Griñán. Mientras el primero se expone únicamente a 10 años de inhabilitación –condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política–, su sucesor se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación, al añadirle la Fiscalía el delito de malversación, en contra del criterio del Tribunal Supremo.
La difícil situación de Griñán
Griñán está acusado de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Martín, que sigue la línea marcada por Alaya. Sólo serían necesarias cuatro premisas para que se diera este ánimo: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales. Según el juez que cerró la pieza política del caso, en Griñán se dan estos cuatro requisitos. No es necesario que haya ganado un solo euro con su supuesta conducta omisiva. La defensa de Griñán considera inverosímil que su defendido, siendo consejero de Economía o presidente, permitiera a sabiendas un uso irregular de fondos públicos para beneficio de unos sindicalistas, empresarios e intermediarios que no conocía.
Los otros exconsejeros acusados de malversación son Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación) y dos que fueron jefes directos de Javier Guerrero: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010). Estos dos últimos están implicados en numerosas piezas más, ya que el caso está dividido en alrededor de 200, según fuentes judiciales. Una por cada ayuda concedida, más algunas que investigan aspectos concretos de la causa, como las comisiones supuestamente fraudulentas cobradas por los intermediadores de los expedientes de regulación. El número de imputados en todo el caso –no en la pieza política– también supera los dos centenares.
Hay un hito fundamental que eleva la posible responsabilidad penal de Griñán y del resto de acusados de malversación en este primer juicio: un informe de auditoría sobre 2003, conocido en 2005, que concluía que el sistema de concesión de subvenciones prescindía del procedimiento legal. "Hasta ese momento", escribía Martín en su auto definitivo, "todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del 'procedimiento específico' (el sistema administrativo empleado para el supuesto fraude) podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada de modo absoluto". "Quien decidió proseguir con la praxis lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", añadía Martín, para quien "no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del 'procedimiento específico', ni su alcance malversador".
Ni Alaya ni Martín ni la Fiscalía afirman que Griñán supiera que, por ejemplo, Guerrero estaba favoreciendo a empresas próximas, pero sí creen que sabía que el sistema adolecía de falta de control. La defensa de Griñán alega que la Consejería de Economía y Hacienda no conocía el procedimiento por el que se elaboraba el presupuesto de Empleo, y que la tarea de comprobar su legalidad no era suya, sino del interventor, también acusado.
La dimensión política
El juicio penal tiene importantes derivadas políticas, aunque los ERE ya no dominan la escena política andaluza, como lo hicieron en 2012, cuando el PSOE perdió las elecciones ante el PP de Javier Arenas, pero salvó el poder gracias un pacto con Izquierda Unida. Susana Díaz, que llegó a la presidencia en 2013 y acabó rompiendo con IU en 2015, se esforzó desde el principio en marcar distancias con sus predecesores. No obstante, poco a poco los ha ido reivindicando, sintonizando con la extendida impresión en las bases socialistas de que Chaves y Griñán han sido víctimas de una instrucción determinada por el papel del PP como acusación particular. Actualmente todos los responsables del PSOE andaluz y de la Junta defienden abiertamente la inocencia de Chaves y Griñán. Aunque se dieron de baja del partido en 2016, ambos acudieron como invitados con todos los honores al congreso del PSOE andaluz celebrado en julio. Allí los asistentes les brindaron una elocuente ovación, que ellos agradecieron con gesto emocionado. Si en el PSOE son defendidos –más por Díaz que por Pedro Sánchez, ciertamente–, su papel como referentes institucionales está más apagado. Ni Chaves ni Griñán han participado en los actos por el 40º aniversario del 4-D, donde sí han tomado parte los también expresidentes Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. Griñán y Chaves se han refugiado en un papel discreto, afirmando su confianza en la justicia.
Ambos afirman estar deseosos de que empiece el juicio para demostrar su inocencia. Del miércoles 13 al viernes 15 se plantearán las llamadas "cuestiones previas", que podrían alargarse. Se trata de una fase preliminar del proceso en la que las defensas y las acusaciones –Fiscalía, PP y Manos Limpias– realizan alegaciones, plantean la nulidad de una determinada actuación, invocan alguna doctrina... Son cuestiones legales que pueden afectar al fondo del proceso. Lo previsto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que las declaraciones de los acusados comiencen tras las navidades, el 9 de enero, aunque hay una acusada (Carmen Martínez Aguayo) que ha solicitado que antes declaren peritos y testigos. No es posible conocer cuándo terminará el juicio. Es previsible, no seguro, que quede visto para sentencia antes de verano, según fuentes judiciales.
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Un carrusel de juicios
No todos los acusados tienen la misma estrategia de defensa. Pero están muy extendidas algunas tesis, como la negación de la ilegalidad del sistema de ayudas, el carácter meramente administrativo de las irregularidades detectadas y la falta de vinculación jurídica efectiva de las alertas de la Intervención, que en ningún caso obligaban de forma terminante a la adopción de medidas. "La Intervención dijo que la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca que hubiera fuego", dijo Griñán, tratando de ser gráfico. en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso que se celebró en 2012. Lo cierto es que, cuando estalló el caso, Griñán no pensaba que acabaría abrasándolo a él también. En la misma comisión de investigación Chaves dijo: "Yo no estoy, ni estaré, incurso en ninguna responsabilidad penal". Se equivocó. Alaya acabó llegando hasta él, como también llegó hasta Griñán.
Ahora le toca a la Audiencia Provincial escuchar a las partes, examinar las pruebas y dictar sentencia, que en cualquier caso será recurrible. Luego irán llegando a juicio, pieza a pieza, decenas y decenas de ayudas supuestamente irregulares entregadas con el conocido como "fondo de reptiles". Por el momento han sido elevadas a la Audiencia cuatro piezas: la parte política, las ayudas a la empresa Surcolor, las entregadas a la empresa Acyco y las recibidas por el que fuera chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que declaró que parte de los 1,4 millones que recibió se los había gastado con él en cocaína y copas. Queda mucho caso ERE por delante todavía.
El caso de los ERE, uno de los de mayor alcance político de la democracia española, desde luego el de mayor impacto en Andalucía, llega a su hora de la verdad. El primer juicio, que comienza el miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla casi siete años después de la apertura de diligencias previas por parte de Mercedes Alaya, sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, que han ocupado el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años: Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), viejos amigos hoy distanciados, ambos exministros y expresidentes del PSOE. El primero se enfrenta a 10 años de inhabilitación; el segundo, a 6 años de prisión. El proceso que ahora llega a juicio se centra en dirimir el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos. Según la instrucción judicial de esta pieza, impulsada por la juez Alaya y culminada el pasado año por el juez Álvaro Martín, dicho fondo y su sistema de reparto fueron concebidos deliberadamente para eludir los controles de la propia Junta y de la Unión Europea, permitiendo la comisión de numerosos fraudes en la asignación de los recursos públicos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Chaves, Griñán y veinte altos cargos más o impulsaron este sistema supuestamente irregular o lo conocieron y no hicieron nada para frenar su utilización. Todos los acusados defienden su inocencia.