La confirmación del magistrado Pablo Ruz de que el Partido Popular se financió de forma ilegalfinanció de forma ilegal con la trama Gürtel, según consta en un auto del pasado 24 de septiembre, no hace sino apuntalar las investigaciones llevadas a cabo desde hace más de un año por el propio juez y por las dos fiscales asignadas al caso: Concha Sabadell y Myriam Segura.
Desde que el pasado 23 de abril de 2013 el juez acordara la expulsión del PP como acusación popular en el caso Gürtel y no aceptara su participación en la pieza separada del caso Bárcenas al considerar que el partido de Mariano Rajoy se habría beneficiado de las corruptelas de varios cargos del partido, especialmente alcaldes y otros cargos en la Comunidad de Madrid, el magistrado y la Sala de lo Penal han dictado una decena de autos cuyo leitmotiv es que el PP se financió de forma irregularleitmotiv.
Tres alcaldes
Y se pudo beneficiar, obteniendo una ventaja injusta, gracias a la existencia de una contabilidad B que controlaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, o con una parte de las mordidas que recibían los alcaldes presuntamente corruptos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda: Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente.
En el auto en el que expulsaba al PP, el magistrado recordaba que este partido no había sido admitido como acusación popular en el caso Bárcenas por sus vinculaciones con los delitos.
"La formación política [...] a partir de los datos obrantes en las diligencias y sin perjuicio del carácter incipiente de tal instrucción, resultaría directamente investigada y eventualmente responsable civil subsidiaria de parte de los hechos objeto de investigación, si se llegaran a confirmar tanto la realidad de los mismos como su calificación, entre otros, como presuntos delitos contra la Hacienda Pública", resalta el juez en la mencionada resolución.
Izquierda Unida
Unos meses después, el 30 de julio del mismo 2013, el juez Ruz aprovechó las diligencias solicitadas por la representación legal de Izquierda Unida para confirmar la veracidad de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, hasta ese momento negados por los dirigentes del PP, especialmente por la secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal.
"En la actual fase de la instrucción, mientras la autoría de los mencionados documentos por parte de Bárcenas se encuentra confirmada por él mismo (declaración de 15-07-13) así como por las pruebas periciales practicadas –estando pendiente la determinación de la intervención o participación de Álvaro Lapuerta en su confección o llevanza-, la realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmada por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas".
Libertad Digital
Y un reciente informe de la Policía confirma la participación de Lapuerta en la compra de las acciones de Libertad Digital, un negocio que coincide con uno de los apuntos de los papeles de Bárcenas.
El anterior auto, cuyo contenido fue adelantado por infoLibre, significó un antes y un después en la instrucción del caso. Desde ese momento, la instrucción de la Audiencia Nacional daba crédito a la denuncia inicial de Izquierda Unida, que se basaba en los documentos manuscritos de Bárcenas publicados inicialmente por los diarios El País y El Mundo.
Tras el salto cualitativo del magistrado de la Audiencia Nacional del 30 de julio, el juez dictó un nuevo auto, el 27 de septiembre de 2013, en el que, basándose en un informe de la Agencia Tributaria, vuelve a confirmar la veracidad de los apuntes de la financiación irregular del PP. Y este auto sirve para ordenar el registro de la empresa Unifica, que fue la que renovó la sede central del PP en la madrileña Calle Génova. Precisamente, los papeles de Bárcenas reflejan varios pagos de dinero negro a esta firma.
Coincidencia
Dos meses después, el 22 de noviembre de 2013, el juez Ruz volvió a apuntalar con un auto la veracidad de la contabilidad manuscrita de Bárcenas, y en consecuencia, la financiación ilegal del PP. Ese día, el magistrado, tras analizar los documentos obtenidos en la empresa Unifica, constata la coincidencia de las cantidades reflejadas en varios documentos de la sociedad privada con los de la contabilidad B del PP.
"El conjunto de los elementos objeto de análisis [...] permite confirmar, a nivel indiciario, la posibilidad que ya se avanzara por la Agencia Tributaria, respecto de la presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas", especifica Ruz, que sostiene que estos fondos opacos se habrían utilizado en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica.
"Estos pagos no se reflejaron ni en la facturación ni en la contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, bajo sus respectivas responsabilidades al frente de la gerencia y tesorería del PP en el periodo temporal objeto de investigación, pagos que en definitiva se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido", completa el magistrado.
Presuntos delitos
Con esta conclusión, el juez adelanta que de la falta de concordancia entre la facturación real y la oficial del partido podría derivarse, "amén de la eventual responsabilidad tributaria, conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable".
El 19 de diciembre, sorprendiendo a todo el mundo, incluido el PP, Ruz ordenó el registro de la sede de Génova. Y lo hizo, como apuntan algunos de sus incondicionales en la Audiencia Nacional con guante de seda y puño de hierro. Lo vistió de requerimiento para que el PP le entregara numerosa documentación. Pero en realidad se trató de un registro, que se alargó durante varias horas, ante la incredulidad del partido del Gobierno.
Ahorro del 8%
En ese registro, la Policía confirmó que el PP guardaba de forma secreta en su sede de la Calle Génova de Madrid documentación que demostraría que el partido se ahorró un 8% al pagar una parte de la remodelación del edificio en negro, según adelantó infoLibre.
Bárcenas confirmó en una de sus declaraciones la negociación para ahorrarse el 8%, asegurando que él, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez llegaron a ese acuerdo con el arquitecto Gonzalo Urquijo.
Cambio de año
Con el cambio de año y el trabajo de investigación de la Policía, Agencia Tributaria, fiscales y del propio juez, los autos de Ruz son todavía más claros respecto a la financiación irregular del PP. Así, el 2 de abril pasado, a unos dos meses de que Bárcenas cumpliera un año en prisión, el magistrado constata que la investigación se centra en la contabilidad paralela del Partido Popular que lleva, "entre otros, Luis Bárcenas". Esta caja B "se habría nutrido fundamentalmente de donativos de empresarios que habrían obtenido importantes adjudicaciones públicas".
Pero, además, el juez confirma que Bárcenas, "con la intención de lucrarse ilícitamente, aprovechándose de las ventajas de su cargo y de la opacidad de los fondos de la referida contabilidad paralela, habría detraído una parte de los mismos encubriéndolos como falsas entregas a distintos destinatarios". Es decir, además de dar por cierto que el PP manejaba dinero negro, también explicaba que Bárcenas había metido la mano en la caja, y con el consentimiento o ayuda de Lapuerta. Este dinero fue depositado por Bárcenas, apunta Ruz en su auto, en Suiza.
Tribunal de Cuentas
El 7 de abril pasado, cinco días después del anterior auto, Pablo Ruz viene a reiterar sus conclusiones: "La existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
El pasado 14 de mayo, un nuevo auto de Ruz, que repite las conclusiones del anterior auto de 2 de abril, va un poco más allá, asegurando que indaga sobre la realidad de las entradas y salidas de dinero registradas en la contabilidad paralela de la formación política por parte de Bárcenas entre los años 1990 a 2008, "con la
consiguiente determinación de la relevancia jurídico-penal de tales movimientos de capital ajenos al circuito económico financiero".
Campañas electorales
Y el propio magistrado especifica que gracias a estas comprobaciones ha podido confirmar "parcialmente" que el dinero de la caja B se destinó "al pago de gastos generados en campañas electorales; complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al partido, bien de forma periódica u ocasional; y de distintos servicios y gastos en beneficio del PP".
El 19 de septiembre, un nuevo auto, en esta ocasión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, venía a refrendar la investigación desarrollada por Ruz, recordando que en sus autos se destaca que Bárcenas llevaba una contabilidad paralela a la oficial.
Pero unos meses antes, el 20 de julio, Ruz firmaba un auto en el que separaba una pieza del tronco principal de Gürtel. El magistrado hace este movimiento con la intención de juzgar lo antes posible a Bárcenas, en prisión desde el principio del verano del año pasado. Dentro de esta primera pieza se incluyen las presuntas ilegalidades cometidas por la trama de Francisco Correa en los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda.
Ver másAuto del 26 abril 2013 de expulsión del PP (PDF)
Partido Popular
Y como la red utilizó los fondos de estos dos consistorios en beneficio del PP, Ruz se dirigó a este partido para que designara a un representante legal. Los conservadores recurrieron esta decisión, argumentando que el PP era en realidad perjudicado. Una conclusión rechazada tanto por el juez como por las fiscales, que han confirmado que el PP se lucró con los fondos obtenidos de un delito.
De esta forma, el juez Ruz cierra el círculo que inició tras la expulsión del PP como acusación popular, dando por confirmado que el PP obtuvo dinero de empresarios, y que dedicó ese dinero a diferentes gastos del partido. La financiación ilegal del PP queda por tanto reflejada en al menos una decena de autos judiciales.
La confirmación del magistrado Pablo Ruz de que el Partido Popular se financió de forma ilegalfinanció de forma ilegal con la trama Gürtel, según consta en un auto del pasado 24 de septiembre, no hace sino apuntalar las investigaciones llevadas a cabo desde hace más de un año por el propio juez y por las dos fiscales asignadas al caso: Concha Sabadell y Myriam Segura.