El abogado de José Antonio Griñán, el fiscal en excedencia José María Calero, explicó este martes a infoLibre que existen dos vías para evitar el ingreso en prisión en su cliente, después de la ratificación de su condena a seis años por malversación en el caso de los ERE. Las dos vías tienen algo en común: hay que pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se adopta una decisión postrera. En un caso, la solicitud sería ante el Tribunal Constitucional, para que detenga la ejecución mientras tramita una demanda de amparo por posible vulneración de derechos fundamentales, que podría ser del derecho de defensa o de la tutela judicial efectiva, según Calero. En el otro caso, la solicitud sería ante la Audiencia Provincial de Sevilla, para que una vez que le llegue la sentencia firme del Supremo detenga su ejecución mientras se tramita un indulto, que sería solicitado ante el Ministerio de Justicia.
Ambas opciones son compatibles y pueden desarrollarse en paralelo, señala Calero, que aclara que no hay ninguna decisión tomada sobre qué hacer. Son opciones en estudio, insiste. De momento, todavía no le ha llegado ni la sentencia ni los votos particulares, que tendrá que estudiar a fondo. A partir de ahí, Calero podría presentar la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional y una solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia hasta que se dirima y/o la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia para después solicitar la suspensión de la sentencia ante la Audiencia de Sevilla. En el caso, que Calero no quiere contemplar, de que estas opciones fracasen, una hipotética entrada en prisión de Griñán podría no se produciría hasta octubre, calcula el abogado, aunque aclara que depende de los tiempos que se tome el Supremo y del plazo de ingreso voluntario de ingreso en la cárcel que diera llegado el caso la Audiencia. Otras fuentes jurídicas señalan que los plazos pueden dilatarse aún más en función de múltiples factores y que a estas alturas cualquier pronóstico es precipitado.
Edad y arraigo
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Calero afirma que, de cara a un posible indulto, hay "múltiples argumentos" a favor del que fue presidente de la Junta entre 2009 y 2013, además de ministro y presidente del PSOE. "El indulto tiene siempre un fundamento de equidad, de intentar humanizar una aplicación excesivamente fría de la ley. Aquí sería [posible alegar] la trayectoria personal, los años de servicio público, el hecho de que patrimonialmente nadie duda que nunca ha cogido ni un céntimo, ni él ni su familia ni allegados. Es intachable desde el punto de vista de su ejecutoria pública", señala Calero, que añade que a eso se suma la "edad", 76 años, y el "arraigo".
El penalista señala que Griñán "está disgustado, obviamente", pero que tiene "la razón como suelo" y la "conciencia tranquila" por su "trayectoria limpia y patrimonio limpio", por lo que está examinando las opciones a su alcance. A juicio de Calero, el voto discrepante de dos de los cinco magistrados, que están en contra de la condena por malversación a Griñán, juega a su favor.
El jurista Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, afirma que la suspensión de la ejecución de la sentencia por parte del TC es "imposible". "Una pena de más de cinco años, conforme al criterio del Constitucional, jamás se suspende", señala. En cuanto al indulto, el exletrado del Constitucional afirma que "es posible" pero, adentrándose ya en en el terreno de lo político "muy improbable". ¿Es concebible que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a un expresidente de su propio partido?
El abogado de José Antonio Griñán, el fiscal en excedencia José María Calero, explicó este martes a infoLibre que existen dos vías para evitar el ingreso en prisión en su cliente, después de la ratificación de su condena a seis años por malversación en el caso de los ERE. Las dos vías tienen algo en común: hay que pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se adopta una decisión postrera. En un caso, la solicitud sería ante el Tribunal Constitucional, para que detenga la ejecución mientras tramita una demanda de amparo por posible vulneración de derechos fundamentales, que podría ser del derecho de defensa o de la tutela judicial efectiva, según Calero. En el otro caso, la solicitud sería ante la Audiencia Provincial de Sevilla, para que una vez que le llegue la sentencia firme del Supremo detenga su ejecución mientras se tramita un indulto, que sería solicitado ante el Ministerio de Justicia.