Las plazas en residencias de mayores siguen aumentando, pero no son suficientes para absorber la lista de espera de las personas con grado II o III de dependencia, es decir, los dependientes severos o grandes dependientes. Harían falta para ello, como mínimo, 30.000 plazas nuevas. Así lo estima la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que este viernes publica un informe en el que lamenta, además, que el envejecimiento va a mayor velocidad que la creación de estas plazas.
La situación, denuncian, empeora año a año. Según el documento, en los dos años posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, las plazas residenciales aumentaron en 9.541 unidades, pero la población mayor de 65 años en ese mismo periodo lo hizo en 380.265 personas. "Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de la población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando", critica la organización.
De este modo, y según los datos que recogen, en 2022 había 398.575 plazas, 1.132 más que un año antes. Dicho de otro modo, tan sólo un 0,28% más. Un año antes el incremento fue muchísimo más acusado. En números brutos, de 2020 a 2021 pasó a haber 7.766 camas más. En términos relativos, fue una subida de un 2%.
Sin embargo, el peor dato se refleja cuando se observa la situación de las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Para ellos, denuncia la Asociación, la oferta tampoco está cubierta. Y hacen falta, estima, no menos de 30.000 plazas. Según los últimos datos oficiales del Imserso, actualmente hay 71.776 personas con ese grado de dependencia esperando a ser atendidas, pero al menos otras 61.721 que probablemente serán catalogadas con el mismo ni siquiera han sido valoradas.
Aun así, también hay cifras positivas. Y es que en 2022 la tasa de plazas públicas por cada 100 mayores de 65 años fue la más alta de la serie histórica: 2,79. Por titularidad, el informe desgrana que el 67,9% de las plazas en residencias de mayores de España son de financiación pública, lo que en números absolutos significa 270.702 frente a las 127.873 meramente privadas. Se incluyen ahí, detallan los directores y gerentes de Servicios Sociales, las plazas en centros públicos, las plazas concertadas en centros privados y las plazas que se financian.
La intención del Ministerio de Derechos Sociales, según anunció el pasado mes de enero la secretaria de Estado, Rosa Martínez, es inyectar hasta 4.000 millones de euros al sector de la dependencia a lo largo de la legislatura. Pretenden así alcanzar la confinanciación del 50% con las comunidades.
El objetivo de desinstitucionalizar
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De cualquier modo, la organización apuesta por continuar el objetivo de desinstitucionalizar las residencias, un objetivo que, según recuerda la propia organización en su informe, se fijó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el año 2023. El objetivo era "favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales". Pero el problema es que desde entonces, dicen, poco se ha avanzado.
Los datos indican que en 2022 el servicio de ayuda a domicilio sólo alcanza una cobertura del 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia pero todavía claramente insuficiente. Hay más: la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. "Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos añoa hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", lamenta la organización en su informe.
Por último, los directores y gerentes de Servicios Sociales también lamentan que los avances en la humanización del modelo de residencias han sido mínimos. Y en este sentido son Madrid, Galicia y Murcia las que destacan porque, precisamente, son las que todavía hoy se niegan a poner en marcha el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en junio de 2022 por el Gobierno.
Las plazas en residencias de mayores siguen aumentando, pero no son suficientes para absorber la lista de espera de las personas con grado II o III de dependencia, es decir, los dependientes severos o grandes dependientes. Harían falta para ello, como mínimo, 30.000 plazas nuevas. Así lo estima la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que este viernes publica un informe en el que lamenta, además, que el envejecimiento va a mayor velocidad que la creación de estas plazas.