La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propone que la nueva regulación de esta carrera de cara a los cambios por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye a los fiscales la instrucción penal, incluya la transparencia de las comunicaciones entre Gobierno y la figura del fiscal general, de modo que toda comunicación se realice por escrito y se haga constar en un sistema específico de registro, "sin que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros, eludiendo así cualesquiera infundadas sospechas de dependencia jerárquica".
Así se señala en el documento de trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press, expuesto este jueves durante la reunión mantenida entre Delgado y los representantes de las tres asociaciones de fiscales de cara al inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma, que obligará tras su aprobación, y en el plazo de un año, a reformar asimismo el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según este documento los cambios son necesarios si bien, previamente, se debería definir y delimitar la autonomía del Ministerio Público no solo dentro del marco puramente funcional, sino también y muy especialmente, dentro de su marco orgánico.
Menos dependencia de Justicia ycomunidades autónomas
Y ello "sin rehuir tampoco el debate sobre los modelos de nombramiento del Fiscal General, y sin dejar de afrontar las cuestiones acerca de la forma y el contenido de las relaciones entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía".
Para el equipo de Delgado de lo que no hay duda es de que cuanto menor sea la dependencia de la propia Fiscalía respecto del Ministerio de Justicia, "más seguridad tendrá la ciudadanía de que las decisiones que se adopten por el Ministerio Fiscal no vendrán determinadas por la cercanía a una Administración de la que no forma parte", dado que esta institución está constitucionalmente encuadrada dentro del Poder Judicial
En el ámbito de la investigación, añade el documento, la Fiscalía debe establecer los cauces de relación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con entidades como la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. "La capacidad de la Fiscalía en este ámbito debería ser absoluta y totalmente independiente, de modo que pueda dirigir y ultimar la investigación y persecución de los delitos sin obstáculos derivados de unas previsiones organizativas insuficientes", añade.
Esta autonomía debe ser predicable en todos los aspectos imaginables, no solo los organizativos, según estima la Fiscalía General. Así, explica que cuestiones aparentemente triviales pueden incidir en el resultado de una investigación, desde el propio despliegue de los fiscales en el territorio hasta la disponibilidad de medios materiales que constituyen herramientas indispensables para el ejercicio de la función que la nueva ley propone.
Autonomía respecto a las comunidades
Asimismo, y aunque se perciba en menor grado, debe tenerse también en consideración la autonomía del Ministerio Fiscal en relación con los Gobiernos de las comunidades en aquellos territorios en los que las competencias están transferidas, "pues a nadie escapa la trascendencia que reviste la disponibilidad de recursos para el buen fin de la función (recursos informáticos, de personal, oficinas, mecanismos de relación con los poderes públicos o con otros servicios de la Administración pública, etc.)", advierte el documento.
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Ello incluye al campo de comunicación, para lo que Fiscalía prevé la implantación de unos nuevos estándares de comunicación, con medios suficientes, profesionales en la materia y un servicio dimensionado a la importancia de esta tarea, para lo que no debería esperarse a la entrada en vigor de la ley.
Todo ello pasa, según incide el informe, por la atribución de autonomía presupuestaria al Ministerio Fiscal La verdadera autonomía organizativa del Ministerio Fiscal, el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas por medio de órganos propios, pasa por tener un presupuesto propio, capacidad y medios para su gestión.
De cara a la tramitación parlamentaria de la nueva ley, la Fiscalía tiene previsto componer diferentes grupos de trabajo, aprovechando su estructura territorial, para que se puedan enviar sugerencias desde todas las fiscales, atendiéndose igualmente a las que efectúen las asociaciones de fiscales, pudiendo atenderse a criterios como la proximidad funcional y/o geográfica de sus integrantes para poder hacer otras aportaciones tanto a la nueva LeCrim como al nuevo estatuto fiscal.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propone que la nueva regulación de esta carrera de cara a los cambios por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye a los fiscales la instrucción penal, incluya la transparencia de las comunicaciones entre Gobierno y la figura del fiscal general, de modo que toda comunicación se realice por escrito y se haga constar en un sistema específico de registro, "sin que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros, eludiendo así cualesquiera infundadas sospechas de dependencia jerárquica".