La regulación actual se ha quedado obsoleta, sólo es de obligado cumplimiento los días que median entre el día de la convocatoria y el de las elecciones y en su mayor parte no se cumple. El artículo 69 de la Ley Electoral exige que cualquier encuesta que se publique debe incluir la “denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización”, sus “características técnicas”, incluyendo sistema de muestreo, tamaño, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo, así como el “texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas”.
Y aunque la Junta Electoral Central está obligada a velar porque los datos e informaciones de los sondeos publicados “no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas”, lo cierto es que esa supervisión nunca se lleva a cabo, como pone en evidencia el elevado número de sondeos que incumplen estas normas sin que eso dé lugar a procedimiento alguno.
La ley, eso sí, mantiene la prohibición de publicar predicciones anticipadas de voto “durante los cinco días anteriores al de la votación”. Los ciudadanos quedan a ciegas, pero no los partidos y a los medios, que siguen contando con esa información. No obstante, Internet también ha dejado obsoleta esa norma. Desde hace años se publican encuestas diarias en los días de la ley seca demoscópica, pero se enlazan a la red a través de otros países a los que no llega la Junta Electoral, como Andorra o Australia, para saltarse la prohibición.
Para endurecer la vigilancia sobre las encuestas, una reforma de 2011 incorporó a la ley el siguiente artículo: “Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años”. Pero fue también un brindis al sol.
El negocio de la opinión pública
El negocio de las encuestas electorales se ha disparado en España. En la primera mitad de 2008, coincidiendo con las elecciones generales, se publicaron 38. Entre ese año y 2011 no hubo ningún semestre con más de 22. Pero desde la segunda mitad de 2021 su número no ha dejado de crecer, desde 74 a 94 en los primeros meses de este año. Solo entre el 1 de junio y el 23 de julio de este años se han publicado 105.
¿Qué hay detrás de estas encuestas? ¿Quiénes son las empresas que las realizan? ¿Está la economía de los medios en condiciones de financiar estudios de opinión dignos de tal nombre o en realidad se trata, en su mayor parte, de suplantaciones interesadas del trabajo que sí llevan a cabo las consultoras más serias?
El presidente del CIS, José Félix Tezanos, apuntaba en febrero una explicación en una entrevista publicada en La Vanguardia: “Hay determinados sectores de actividad política, todo lo que es el mundo ese de las derechas extremas y de algunos consorcios internacionales, que tienen una estrategia muy definida de ir comprando casas de encuestación. Se ha producido una oferta de compras espectacular en todos los países en los últimos años”.
¿Por qué lo hacen? Tezanos cree que es para “manejar la opinión pública”. “Se han comprado muchas casas y las tienen trabajando en una dirección muy determinada. Me consta que, en algunas ocasiones, los nuevos propietarios, cuando les llama un partido político contestan: ‘¿Quién quieres que ponga al frente?’. Por eso hay pronósticos que a veces están tan alejados de la realidad y por eso lo importante es saber cuáles son los datos primarios. Primero, si se hacen encuestas de verdad, y segundo, cuáles son los datos primarios. Hay países como Alemania en que cuando se publica una encuesta, por ley se tienen que comunicar los datos reales, lo que sale realmente en la encuesta, y luego si quieren hacer un pronóstico o una estimación lo tienen que publicar como opinión, no como información”.
Datos en bruto
En España, además del CIS, sólo hay una encuestadora privada, 40dB, que publica esos datos primarios de los que habla Tezanos, también conocidos como “datos en bruto” de las respuestas, a partir de los cuales los sociólogos realizan después sus cálculos.
Al frente de 40dB, que es la empresa que confecciona los sondeos para El País y la Cadena Ser, está Belén Barreiro, que cuando le preguntan por qué ha habido tantas desviaciones de la realidad por parte de las encuestas siempre responde que el principal problema es la “cocina” de los datos, la manera en que cada instituto de opinión trata de predecir el comportamiento de los votantes que no revelan sus intenciones, bien porque no han decidido, bien porque no quieren decirlo.
Para avanzar en la transparencia, Barreiro defiende que todas las empresas hagan lo que la suya y publiquen “los datos brutos, sin cocinas”. Y no sólo eso: los institutos deben comunicar los datos de manera “menos prepotente”, señaló este lunes en la Cadena Ser. “Deberíamos ser más transparentes y menos prepotentes. Animo a más sociólogas a entrar a esta profesión y a los hombres les invito a que aprendan esto de nosotras, a comunicar de manera más tranquila”.
La directora de 40dB no aclaró si se estaba refiriendo al presidente de GAD3, Narciso Michavila, el más mediático de los hacedores de encuestas, cuyo pronóstico para el 23J ha acabado siendo uno de los más errados. Michavila lo admitió este lunes públicamente en un desayuno convocado en Madrid para analizar los resultados en el que, sin embargo, reivindicó a las empresas que sí estuvieron más atinadas. “Cuando fallan las encuestas somos los analistas los que no hemos sido capaces de detectar” lo que pasa, reconoció.
Infravalorar los datos
¿Y qué pasó en este caso? La explicación del presidente de GAD3 es semejante al de otras empresas que se equivocaron: “El PSOE ha sido la mayor sorpresa y tendremos que ver en qué medida despreciamos el movimiento de última hora” a favor de los socialistas. Su primera impresión es que el elector de izquierdas que se quedó en casa el 28M sí se movilizó ante el miedo a la derecha, sobre todo a Vox.
Los datos de su empresa detectaron que, cuando se visualizó que la alternativa era PP-Vox, la fuga de votos del PSOE al PP se frenó sustancialmente, aunque cree que quizá se equivocaron a la hora de medir la dimensión de ese cambio.
El politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón cree que detrás de la proliferación de encuestas está su abaratamiento y eso, unido a una mayor frecuencia de los barómetros del CIS, ha generado, confirma, “una hiperinflación de encuestas”. ¿Debe regularse de manera más detallada? En su opinión, bastaría con aplicar un código de buenas prácticas que favoreciese la publicación de los datos brutos. Si una empresa no puede publicarlos “a lo mejor” no debería publicar la encuesta misma. “Hacerlo como algo obligatorio a lo mejor sería una buena estrategia para reducir el número de las encuestas” porque la transparencia haría desparecer los estudios dudosos.
Simón está entre los que creen, además, que habría que permitir la publicación de encuestas hasta el día de las elecciones. Si se hubiera hecho esta vez, pone como ejemplo, habríamos “empezado a ver la movilización de la izquierda” y quizá el error final hubiese sido más reducido. “En realidad es un problema de información asimétrica porque, aunque exista la prohibición de las encuestas, lo que existe es la prohibición de publicarlas, no de hacerlas: los partidos y los medios sí que las tienen y yo creo que eso es lo que está mal”.
Todo el mundo busca influir
¿Moldean las encuestas la opinión pública? “Aquí todo el mundo busca influir en un sentido o en otro, es parte de la lógica política”. Las empresas tienen sesgos, igual que los medios explica. “Apuestan más en una dirección o apuestan más en otra. Lo que sí dudo un poco más es que sepamos cómo afectan las encuestas a la gente” y el 23J es un buen ejemplo de ello, afirma.
José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos, está de acuerdo con Barreiro y sostiene que este domingo no fallaron las encuestas sino la cocina electoral. “Tiene que ver con el modelo aplicado para la interpretación de esos datos: si tienes más en cuenta, por ejemplo, el recuerdo de las de generales o tienes más en cuenta el de las municipales que ha sido más reciente, aunque sean elecciones diferentes”.
A menudo, explica, a las encuestadoras se les exige el máximo de precisión y anticipación. Y “hay ser sinceros: hoy por hoy no podemos tener mayor precisión porque hay muchos diputados en juego y porque sabemos además que pueden cambiar” muchas cosas. Si se publican horquillas amplias, se acusa a las empresas de no mojarse. Y la gente tiene que entender que “no se trata de anticipar el futuro”.
¿Se hacen para influir? “Probablemente algún medio de comunicación, a lo mejor también algún instituto de opinión lo intente” para “crear un clima favorable o desfavorable a cierto partido, pero “no es tan fácil” porque puede dar lugar a efectos cruzados como desmovilizar cuando se intenta movilizar.
Cambiar objetivos
En opinión de Ferrándiz, el objetivo buscado no debería ser aproximarse lo más posible al resultado final sino explicar de dónde salen las estimaciones, qué otros escenarios son posibles con los datos que se ofrecen y qué puede provocar cambios.
“Hay que ser muy sincero y transparente en esta explicación”, aunque “probablemente sea menos sexy que dar un dato contundente y claro. Eso también es el error en el que están cayendo algunos institutos”. Pero no está seguro de si una regulación cambiaría las cosas. “Yo soy partidario total y absolutamente de la transparencia, de incluso ofrecer —aunque en muchas ocasiones no depende de nosotros sino del cliente— el fichero con los datos brutos”.
A Verónica Fumanal, experta en comunicación política, no le parece normal que se publiquen tantas encuestas. “Hemos sufrido una inflación demoscópica que tenía como objetivo conformar la opinión pública”, afirma sin rodeos. “Las creencias se configuran a través de las encuestas, pero este aluvión podría haber generado en efecto contrario: al tener tantas encuestas, la gente pudo empezar a pasar de ellas y empezar a pensar que eran herramientas de manipulación” para influir en la opinión pública. .
Sobre lo que tiene serias dudas es sobre la viabilidad de que tosas las empresas publiquen sus datos brutos. Sería un ejercicio de transparencia, admite, pero también entiende que las empresas se resistan, porque son producto de su esfuerzo económico.
De dónde vienen los errores
Michavila, el encuestador estrella enfrentado a Pedro Sánchez que hace trabajos para Génova
El catedrático y experto en opinión pública y medios de comunicación Víctor Sampredro sostiene que las encuestas fallan desde hace mucho tiempo. La causa de lo ocurrido esta vez, explica, hay que buscarla en las dificultades para entrevistar a determinados segmentos de población, como por ejemplo los profesionales liberales, que además son los más dispuestos a cambiar de opinión. Las empresas, además, no quieren “meter la pata y juegan a hacer proyecciones semejantes. Y, por último, destaca, se han hecho “cocinas conservadoras, de no arriesgar”. “Nos encontramos encuestas muy semejantes que cambiaban en función de la tendencia política de los medios “porque funcionan como profecías autocumplidas: son también herramientas de campaña” que “cocinan según los deseos” de quienes las encargan.
Para democratizar las encuestas, Sampedro apuesta por publicar los datos brutos. Sería “una medida de transparencia” que, en su opinión, no tendría por qué dañar la rentabilidad económica de las empresas. Él mismo propone una fórmula: depositar los datos en “un fondo público de libre acceso a todo el mundo” una vez que han dejado de estar de actualidad para no dañar así los intereses económicos de quienes los han recopilado. Sería una manera, dice, de controlar a posteriori la calidad de esas encuestas.
Víctor Sampedro también cree que no tiene sentido seguir vetando la publicación de encuestas en los días previos a las votaciones, sobre todo porque, recuerda, existen otros métodos más eficaces para influir en la opinión pública que los estudios de opinión, Se refiere al big data cosechado a partir de las redes sociales, que ofrece “un grado de conocimiento muy preciso y detallado a partir del cual hacer predicciones de comportamiento electoral que son claves para persuadir a la gente”.
La regulación actual se ha quedado obsoleta, sólo es de obligado cumplimiento los días que median entre el día de la convocatoria y el de las elecciones y en su mayor parte no se cumple. El artículo 69 de la Ley Electoral exige que cualquier encuesta que se publique debe incluir la “denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización”, sus “características técnicas”, incluyendo sistema de muestreo, tamaño, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo, así como el “texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas”.