"Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España, una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de austeridad y de recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. Así comenzó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la presentación del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en un acto en el palacio de la Moncloa celebrado este martes. Las palabras escogidas no eran casuales. Ni tampoco la primera medida "de justicia fiscal" que quiso desgranar: la dependencia, que cuida de los más mayores, los más vulnerables ante la pandemia de covid-19. Tal y como concretó, los Presupuestos del Ejecutivo pretenden incrementar en un 46% la aportación del Estado al Sistema de Dependencia. Eso se traduce en más de 600 millones de euros más, dijo, que irán destinados a reducir las listas de espera y a mejorar las prestaciones.
Con esa partida, el Gobierno de coalición pretende poner punto y final a la escasa aportación estatal al sistema que llevan años denunciando colectivos como la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Precisamente, una hora antes de que comenzara el acto en la Moncloa, esta organización publicó un informe que asegura que el Estado, en 2019, contribuyó menos que nunca a financiar este servicio social. "La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012, e incluso su participación porcentual bajó con respecto al año anterior [2018], siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que —independientemente de la inestabilidad política— alguien ha considerado otras prioridades", denunció la asociación de profesionales en su informe. La aportación fue de 1.386 euros, el 16,1% de la financiación global del Sistema de Dependencia, que comparte con las comunidades autónomas.
Ahora, según explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, el Ejecutivo contribuirá con alrededor de un 22% al Sistema de Dependencia, pero eso queda lejos del mínimo exigido en la Ley de Dependencia aprobada en el año 2006 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que establece que el servicio debe ser financiado al 50% por el Estado y al 50% por las comunidades autónomas. Lo aprobado "es un gran avance y hay que aplaudir al Gobierno", pero no es suficiente, critica Ramírez.
Lógicamente, que la mayor parte de la financiación de este servicio social corra a cargo de las autonomías —que en 2019 financiaron el 83,9% del Sistema, con 7.221 millones de euros, un 7,4% más que en 2018— tiene una consecuencia: los beneficiarios de estas ayudas perciben una prestación mejor o peor dependiendo de dónde vivan. La Asociación de Directores y Gerentes de Directores Sociales hablan, directamente, de una "acusada desigualdad territorial" en la que salen ganando los vascos (Euskadi invierte 368 euros por habitante al año), los extremeños (286 euros) y los castellanoleoneses (261 euros) y perdiendo, por el contrario, los canarios (perciben 95 euros por habitante al año), los gallegos (142 euros) y los baleares (143 euros).
Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, también da cuenta de esa desigualdad territorial, pero rechaza que el origen sea exclusivamente de la diferente financiación de cada autonomía. Según critica, es más "una cuestión de fondo y una forma de entender el Sistema de Dependencia". "Hay comunidades donde, por ejemplo, casi se está haciendo caja con el sistema de residencias. No es tanto una cuestión presupuestaria, sino ideológica y de cómo entienden el servicio", dice.
En cualquier caso, la escasa financiación del Sistema, sobre todo por la poca aportación estatal, contribuye a crear lo que precisamente Iglesias dijo este martes que querían erradicar desde el Gobierno: unas listas de espera que, lamentablemente, sólo se reducen cuando las personas dependientes fallecen, algo que Ramírez califica de "vergüenza". Según los datos de la organización que preside, la lista de espera acumula ya 390.000 personas: 234.000 ya certificadas como dependientes, con derecho a prestación y esperando a recibirla y 147.000 esperando aún a ser valoradas. "El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia este año (27.116 fallecidos en el "limbo de la dependencia", personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados)", critica la organización.
Por eso Ramírez cree que el Ejecutivo no debería haber esperado a hacer unos Presupuestos para atender este problema. Menos teniendo en cuenta que se ejecutarán ya en 2021. Si son aprobados, claro. "En España, cada ocho minutos muere un dependiente en las listas de espera, por eso debería haberse aprobado un decreto que hubiera permitido la atención de quienes están en listas de espera. Lo que se anunció como una gran noticia al final es un futurible que ni siquiera es tangible porque no es efectivo para las personas que están esperando recibir una prestación", denuncia. Tal y como dice, el 54% de los dependientes españoles tienen más de 80 años. "Lo que no tienen esas personas es tiempo. Está muy bien que el Presupuesto se incremente en 600 millones, pero este tema requiere decisiones más ágiles y más rápidas", añade.
2.000 millones de euros
En cualquier caso, la de 2021 será la mayor partida en dependencia desde el año 2012, cuando comenzaron los recortes. Un Real Decreto aprobado por el PP aquel verano estableció destinar menos dinero para financiar el sistema, pero también aumentó el copago de los servicios y puso las cosas más difíciles a los cuidadores, y sobre todo cuidadoras, no profesionales. La explicación que los conservadores dieron para justificar esas medidas se veía, con total claridad, en el nombre que dieron a su Real Decreto: "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". En resumen: la crisis. O como también lo denominaron en el texto, "la recesión".
En 2013 se recortaron 958 millones de euros y en los Presupuestos de 2014 la partida sufrió un tijeretazo del 46,7%. Se situó en 1.176 millones de euros. El año anterior en 2.205 millones, pero de ellos 1.034 se dedicaron a financiar las cotizaciones atrasadas de los cuidadores, no a una inversión directa en dependencia. Por eso, tal y como explica Ramírez, ahora esta partida, con el aumento de 600 millones, se quedaría en alrededor de 2.000 millones.
El problema, continúa el presidente de la organización, es que en ningún caso se recuperaría lo recortado en estos ocho años, que asciende ya a 6.000 millones. Eso lleva tiempo. "El PP ha recortado 450 millones de euros desde el año 2012, así que el recorte acumulado es ya casi de 6.000 millones. Y de eso no se ha recuperado prácticamente nada", lamenta Ramírez. Jerez comparte opinión. "Pensamos que poco a poco se irá revirtiendo la situación, pero de momento es insuficiente porque llevamos demasiados años de recortes", lamenta.
"Desde el actual modelo basado en residencias" a apostar "por la atención domiciliaria"
Iglesias, además, hizo otro anuncio. "Vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo de residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos que apueste por la atención domiciliaria", dijo. Apuntó a una cuestión que en los últimos meses ha estado en el centro del debate. El modelo de residencias, que se convirtieron en la zona cero de la pandemia, ha sido cuestionado desde que irrumpió la crisis sanitaria, que ha acabado con la vida de más de 21.200 residentes. Se trata de un sector, tal y como publicó infoLibre, dominado por la empresa privada, con trabajadores que ingresan sueldos precarios y con falta de medios. Antes y ahora.
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De los 5.457 centros, 1.394 son de titularidad pública, independientemente de la gestión y 4.063 son de titularidad privada. La media nacional arroja el siguiente saldo: el 74,4% de las residencias de personas mayores en España están en manos privadas. Y acogen una media de 69,8 plazas por residencia.
El Gobierno quiere ahora que se priorice la atención domiciliaria, algo que Jerez celebra. "Por ese lado estamos contentos porque es algo que llevamos pidiendo tiempo. "El sistema de grandes residencias es un sistema que viene muy bien a las empresas y a los fondos buitre, pero no beneficia a las personas. Es algo que ya sabíamos y que estamos viendo ahora confirmado. En esas residencias no existe el personal suficiente, no tienen medios adecuados y los residentes son meros números y un mercado de donde sacar rédito económico. Nuestros dependientes son mucho más que eso", lamenta.
En los países nórdicos, el modelo aludido por el vicepresidente del Gobierno, apuestan por centrarse en las personas. En Suecia, por ejemplo, predominan las denominadas GruppboendeGruppboende, que se componen de un máximo de 10 a 12 apartamentos de unos 30 metros cuadrados distribuidos alrededor de unas estancias comunes para la convivencia con una cocina que se comunica con una sala de estar y una terraza o jardín.
"Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España, una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de austeridad y de recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. Así comenzó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la presentación del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en un acto en el palacio de la Moncloa celebrado este martes. Las palabras escogidas no eran casuales. Ni tampoco la primera medida "de justicia fiscal" que quiso desgranar: la dependencia, que cuida de los más mayores, los más vulnerables ante la pandemia de covid-19. Tal y como concretó, los Presupuestos del Ejecutivo pretenden incrementar en un 46% la aportación del Estado al Sistema de Dependencia. Eso se traduce en más de 600 millones de euros más, dijo, que irán destinados a reducir las listas de espera y a mejorar las prestaciones.