La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo sigue siendo ahora, tras el giro político de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En solo cinco meses, Gobiernos locales y autonómicos pilotados por la derecha han comenzado a dar pasos atrás en materia memorialista. En algunos casos, asfixiando económicamente a colectivos. En otros, protegiendo vestigios levantados como homenaje a los golpistas o iniciando los trámites para borrar del callejero nombres vinculados al régimen republicano. Un boicot a lo largo y ancho de la geografía española.
Los acuerdos de la derecha para recuperar el control de Ejecutivos regionales tras los comicios del 28M dan buena cuenta del rechazo de PP y Vox a todo aquello que huela a memoria democrática. Cada pacto suscrito por ambas formaciones recoge, entre otras cosas, el compromiso de eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. Una medida que conservadores y extrema derecha enmarcan sin ruborizarse en los distintos acuerdos en la búsqueda de una supuesta "reconciliación" y "concordia real" que evite cualquier "manipulación histórica" que pretenda "imponer una memoria parcial y sesgada".
Por el momento, no se ha derogado ninguna normativa memorialista autonómica. Ahora bien, la intención de hacerlo es firme y se mantiene. Hace justo un mes, la derecha lo dejó claro en el Parlamento de Cantabria, donde PP y Vox unieron sus votos para sacar adelante una iniciativa en la que se insta al Gobierno regional, en manos de los conservadores, a redactar una norma que derogue la Ley de Memoria cántabra. "Es una ley de revancha, es una ley que omite por completo a una parte de las víctimas, las que no fueron del Frente Popular", señalaron desde la bancada ultra. "Su ley parcial, sectaria, caprichosa quería enfrentar a los cántabros, su ley hay que derogarla", coincidieron desde los sillones conservadores de la Cámara.
Asfixia económica
Durante aquella sesión parlamentaria se habló de todo. También de los fondos públicos destinados a los colectivos memorialistas. Unas ayudas a las que ya ha cerrado el grifo el Ayuntamiento de Burgos. A finales de julio, el consistorio, que gobiernan en coalición PP y Vox, decidió eliminar de sus presupuestos dos subvenciones para proyectos relacionados con la memoria. Una de ellas, de 25.000 euros, es la que se otorgaba anualmente, también en tiempos del PP, a la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica, quien tenía previsto iniciar con ese dinero la creación de un espacio de memoria en el Monte de Estépar –donde fueron asesinadas cientos de personas–. La otra, de 15.000 euros, era para financiar la Cátedra de Memoria de la Universidad de Burgos.
Los esfuerzos de este último proyecto iban encaminados a recuperar biografías –tanto de los represaliados como de los exiliados– y avanzar en la investigación sobre las mujeres burgalesas en los años veinte y treinta, la represión carcelaria en la región o los movimientos sociales, entre otras muchas. Una cátedra en la que el consistorio veía una especie de intento de hacer política. "Hacerla exclusivamente de un momento histórico es hacer política, y no vamos a caer en eso. Si tiene que haber una cátedra puede ser de todo el siglo XX, pero no de un momento determinado porque la historia hay que leerla en su conjunto", apuntó la alcaldesa, Cristina Ayala, durante un pleno municipal, al tiempo que hablaba de "concordia" y del "abrazo" entre españoles de la Transición.
De Sa Feixina al maestro de Torrelodones
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Seis semanas después, era el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en manos del PP, el que se colocaba bajo el foco de los colectivos memorialistas tras su firme compromiso de mantener el pie el monolito de Sa Feixina. El monumento, obra del escultor Francisco Roca, se levantó para homenajear a los "héroes" del Crucero Baleares, el navío que bombardeó Málaga durante la Guerra Civil. Y aunque ya no cuenta con ninguna inscripción que honre a los golpistas, su derribo fue acordado por el anterior equipo de gobierno local. Pero la demolición no se producirá. El nuevo consistorio acordó a comienzos de septiembre desistir del procedimiento de contratación de dichas obras. Y ahora el Consell de Mallorca, en manos de PP-Vox, lo ha declarado Bien Catalogado.
En Torrelodones, al norte de Madrid, lo que enciende los ánimos de los colectivos memorialistas no es un monumento, sino el intento de la ultraderecha de retirar el nombre de Mariano Cuadrado, maestro y último alcalde republicano de la localidad, de una plaza. Por el momento, el consistorio gobernado por Almudena Negro ha iniciado los trámites, abriendo un expediente sobre el cambio de nombre y designando como instructora del mismo a Sonsoles Palacios, segunda teniente de alcalde y concejala de Vox. No es la primera vez que la ultraderecha trata de borrar el nombre de Cuadrado, asesinado por las tropas franquistas en septiembre de 1939, de las calles de Torrelodones. Ya impulsó una iniciativa similar en 2020, pero fue rechazada –incluso el PP votó en contra–.
No es el único maestro republicano cuyo nombre pretende borrarse de la historia. A comienzos de julio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Briviesca (Burgos) decidió cancelar la representación de la obra de teatro El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca. Lo hizo escudándose en razones económicas y logísticas, si bien uno de los directores de la misma dejó claro que el espacio en el que iba a representarse había sido propuesto por el propio consistorio. La función narra la vida de Antonio Benaiges, un docente de la pequeña escuela de la localidad burgalesa de Bañuelos de Bureba que fue fusilado y arrojado a una fosa común al comienzo de la guerra.
La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo sigue siendo ahora, tras el giro político de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En solo cinco meses, Gobiernos locales y autonómicos pilotados por la derecha han comenzado a dar pasos atrás en materia memorialista. En algunos casos, asfixiando económicamente a colectivos. En otros, protegiendo vestigios levantados como homenaje a los golpistas o iniciando los trámites para borrar del callejero nombres vinculados al régimen republicano. Un boicot a lo largo y ancho de la geografía española.