El pleno del Congreso sigue sin condenar el franquismo, sin demonizar una página negra de su historia, sin reprobar un golpe de Estado y 40 años de dictadura.
No fue posible en tiempos de Gobierno socialista, cuando el entonces presidente del Congreso, José Bono, se negó a pronunciar una declaración contraria a la sublevación militar de 1936. Y tampoco fue posible este martes, con un Ejecutivo del PP. Los conservadores tumbaron, solo con sus votos (más la ayuda del diputado de UPN y del de Foro Asturias), una proposición de ley de Izquierda Plural que pedía declarar el 18 de julio de cada año como día oficial de condena a la dictadura y de homenaje a las víctimas del franquismo. Más allá de las nueve de la noche, se consumó la muerte de la iniciativa: 176 votos en contra, 141 votos a favor (PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, PNV, Compromís-Equo, ERC, Amaiur, Coalición Canaria y BNG) y cinco abstenciones, las de UPyD.
José Luis Centella, primer portavoz adjunto de IU-ICV-CHA, apelaba a la necesidad de la democracia de "cerrar heridas" y de rendir tributo a los que padecieron la Guerra Civil y la dictadura. El PP, en cambio, a través del diputado Pedro Gómez de la Serna, despreció ese argumento y sacó a relucir "el legado del comunismo", que "no es para dar lecciones", y los "100 millones de muertos que dejó" para rechazar la proposición. "Parece que ustedes contra Franco vivían mejor", atizó a Centella y a IU, a quienes acusó de vivir "prisioneros" del franquismo. Y, por supuesto, esgrimió el motivo de siempre, que mirar hacia atrás divide y no une: "No podemos condenar a las siguientes generaciones de españoles al peso insoportable de la Guerra Civil. Tenemos que salir de esa dinámica. Hay que emanciparse de la guerra y de la dinámica surgida de la guerra porque esa emancipación forma parte del derecho de las nuevas generaciones de españoles para pensar y decidir políticamente con total libertad. Aspiramos [...] a una memoria para unir y no para dividir".
"No va contra nadie. Va a favor de todo el mundo"
El portavoz de IU, y también secretario general del PCE –el partido que, como recordó, abanderó desde 1956 la política de reconciliación nacional–, elaboró un discurso de perfil bajo, sin buscar la agresividad para dar los menos argumentos posibles al PP para rechazar la proposición de ley. En todo momento insistió en que su iniciativa no iba "contra nadie". "Va a favor de todo el mundo. Quien se sitúe en contra lo hará bajo su responsabilidad, lo hará siendo consciente de que no está todavía en condiciones de reconocer esa necesidad de justicia, de verdad y de reparación. Es una proposición que va a favor de la paz, que va a favor de la necesaria paz de la justicia, no de la paz de los cementerios, no de la paz de los muertos: la paz de la verdad y de la justicia, que es la única paz posible".
Más aún, suplicó: "Dejen simplemente que se pueda tramitar, que nadie hoy se ponga del lado de los vencedores, que todos fuimos vencidos porque en esa Guerra Civil no hubo vencedores. Hoy todos somos vencidos, y todas y todos tenemos que estar aquí del lado de los vencidos. Simplemente eso es lo que nuestro grupo pide, que hoy aquí se pueda salir con la cabeza alta rindiendo homenaje a las víctimas del franquismo". El portavoz recordó los miles de españoles que no pudieron enterrar dignamente a sus familiares, que todavía hay más de 100.000 desaparecidos en fosas y cunetas. El papel más de combate lo lideró ERC o incluso Amaiur. Pero de nada sirvió el tono conciliador de Centella. El PP cerró a cal y canto toda posibilidad de que el texto prosperase.
Toda la oposición estaba de acuerdo con la proposición de Izquierda Plural. Con matices, claro. Unos habrían querido introducir enmiendas en caso de que los conservadores hubieran accedido a la toma en consideración y hubieran permitido, por tanto, la tramitación parlamentaria. Otros, como el PSOE, dejaron claro su apoyo a Centella, aunque reprocharon a IU que hubiera ignorado en su iniciativa la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, al final de su primera legislatura. La norma socialista, subrayó la diputada Susana Sumelzo, "contribuye a cerrar las heridas todavía abiertas y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en las personas de sus familiares las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o de la represión de la dictadura". Justo lo contrario, dijo, de lo que está haciendo el Ejecutivo del PP, que se afana en vaciar de contenido la ley, en "paralizar" su aplicación al recortar las subvenciones y suprimir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil.
Llanos de Luna: "Apología del terrorismo"
Joan Tardà intentó provocar a la bancada conservadora. La llamó "vergüenza del mundo democrático", se preguntó por qué el PP iba a pedir perdón ahora cuando no lo pidió "antes de ir al infierno Manuel Fraga", ni cuando tampoco lo pidió el rey "por su complicidad con los asesinatos de Estado cuando era príncipe de España". Tardà utilizó su intervención para reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, por permitir y apoyar un homenaje a los combatientes de la División Azul. Solicitud que también fue compartida por Emilio Olabarria, del PNV, que deslizó que la conducta de la representante del Gobierno encajaría en el delito de "apología del terrorismo" o incluso apología del genocidio y negación del Holocausto. Olabarria dijo sumarse con "entusiasmo" a la iniciativa de IU, recordando que parte de su familia sufrió las atrocidades de la dictadura.
Desde el BNG, Olaia Fernández Davila recordó lo importante que es una condena del franquismo "aunque sea a estas alturas", mientras que Jon Iñarritu, de Amaiur, lanzó al PP que su grupo, a diferencia de los conservadores, sí apoyan a "todas" las víctimas. Ahí incluía, reconoció, a las víctimas "del terrorismo de Estado" y a las de ETA. institucionalizadas efemérides en memoria de los caídos en guerras mundiales o por el Holocausto
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El PP cerró el debate. Gómez de la Serna recriminó a Izquierda Plural que usara la "argucia parlamentaria" de plantear una proposición de ley (con texto articulado) en lugar de una moción "para evitar toda posibilidad de consenso". Su grupo, dijo, se atiene al texto de condena al franquismo que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó por unanimidad –también con los votos del PP– el 20 de noviembre de 2002, "en un clima" de acuerdo. Pero aquello era una discusión en comisión, de mucho menor rango institucional que el pleno. Con esa declaración y con la Ley de Memoria de 2007, que el partido de Mariano Rajoy no apoyó, es suficiente, según sostuvo. En ese punto requirió a la Cámara y a IU "emanciparse" de la Guerra. "No cuenten con nosotros ni ahora ni nunca para dividir a esta sociedad, para radicalizar la vida política, para manipular el dolor o la memoria de cada cual y mucho menos para poner en riesgo los fundamentos de lo mejor que hemos hecho como sociedad en los últimos doscientos años, que es la transición política y el régimen constitucional", zanjó el diputado.
77 años han pasado ya desde el golpe de 1936. Ni siquiera esa pila de años ni el asentamiento de la democracia han podido obrar casi el milagro: que el pleno del Congreso repruebe, solemnemente, los horrores de la guerra y de la dictadura.
El pleno del Congreso sigue sin condenar el franquismo, sin demonizar una página negra de su historia, sin reprobar un golpe de Estado y 40 años de dictadura.