Las protestas de los agricultores tras una semana bloqueando carreteras a lo largo de la península han llegado a la agenda política. Aunque los profesionales —salvo llamativos casos— se desvinculan de partidos políticos, los expertos apuntan a una ola reaccionaria y proteccionista que ya favorece a la extrema derecha de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, donde se decidirá el rumbo de las políticas verdes del continente. El voto del mundo rural puede ser vital en los próximos comicios y los partidos lo saben.
En España las principales reclamaciones pasan por que la Unión Europea endurezca las barreras de entrada a los productos extranjeros que no cumplen los estándares internos y son más baratos de producir. Al mismo tiempo, las organizaciones agrarias demandan agilizar la burocracia para afrontar las explotaciones, garantizar que los supermercados pagan una cantidad justa al campo y suavizar las exigencias verdes de Bruselas, los conocidos como ecorregímenes, entre otras cuestiones. Pero más allá de las reivindicaciones concretas, hay un malestar general del sector que arrancó con las protestas en Francia y que se ha ido replicando en otros países europeos.
En este contexto, tanto el PP como Vox están utilizando las instituciones en las que gobiernan para alentar las protestas del sector primario, enfatizando la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea y evitando asumir compromisos propios en defensa de la agricultura. Todo ello a pesar de que la derecha gobierna en doce comunidades autónomas y tiene competencias para flexibilizar aspectos de la Política Agraria Común (PAC) que piden los agricultores y ganaderos. Conscientes de que la derecha trata de capitalizar ese malestar, el resto del arco parlamentario también realiza su propio diagnóstico sobre lo que está sucediendo y plantea algunas soluciones.
El Gobierno mantendrá las medidas actuales y promete inversiones millonarias en regadíos
El pasado viernes las tres principales organizaciones agrarias españolas, conocidas como las OPA, se reunieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y su equipo. Planas aseguró estar de parte del campo español y admitió que las peticiones de los profesionales estaban justificadas, pero dio a entender que el problema está en Bruselas, y no en Madrid. Fuentes del ministerio recuerdan que fue el Ejecutivo de Sánchez el que reformó la ley de la cadena alimentaria para atender una de sus demandas históricas, prohibir la venta a pérdidas, y esta misma semana el presidente del Gobierno anunció que reforzaría la norma.
Además, desde el Gobierno se comprometen a mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola esta legislatura —actualmente, según datos del Ejecutivo, un agricultor o ganadero paga casi 38 céntimos/litro menos de impuesto de hidrocarburos que el gasóleo de uso general— y a movilizar más de 2.400 millones de euros de inversión en regadíos entre 2021 y 2027, la "mayor inversión en modernización de regadíos" de los últimos años, destacan. Tanto el Gobierno como el PSOE consideran necesaria la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales y también defienden la flexibilización con carácter urgente de las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.
Por su parte, Sumar reclama que hacen falta salarios y precios justos, menos burocracia, revisar los tratados de libre comercio e impulsar un nuevo modelo de agricultura regenerativa de la mano de la transición verde.
La derecha sitúa a Bruselas en la diana y critica el "dogmatismo ambiental"
La Unión Europea está en el punto de mira de las derecha como uno de los grandes responsables de la crisis agraria. Esta crítica por parte de Vox siempre ha existido, pero lo populares se han agarrado a esta línea en las últimas horas. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, citó a Bruselas como uno de los “problemas" para la agricultura española en la sesión de control, un giro que no había dado hasta el momento, así como la crítica al "dogmatismo ambiental".
El Partido Popular ha reunido a sus presidentes autonómicos para coordinar una respuesta conjunta desde las 12 comunidades donde gobiernan. La reunión terminó con el anuncio de un "plan de choque" con 15 medidas en las que incluyeron iniciativas centradas en atacar al Ejecutivo central. Entre otras medidas, demandan suspender el impuesto al plástico, rebajar el IVA de la carne y de los productos lácteos, exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los "productos que han sufrido ataques en territorio francés", revisar la ley de la cadena alimentaria y el plan de seguros agrarios y reformar el llamado PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que se financia con fondos europeos —esto, según el Gobierno, ya se está haciendo, al igual que la reducción del IVA de la leche y los quesos, que se ha bajado de forma temporal del 4 al 0%—.
Vox comparte algunas de las medidas propuestas por el PP, como la necesidad de un "pacto nacional del agua" o la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países, con la que quiere poner coto a la entrada de productos agrícolas marroquíes y apostar por una "autonomía alimentaria" de carácter autártico. Los ultraderechistas reclaman "flexibilizar" e incluso "eliminar las exigencias medioambientales ideológicas" porque achacan al "ecologismo radical" la desaparición de 75.000 explotaciones agrarias.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo reclaman menos burocracia y mejores sueldos
PP y Vox convierten a Puigdemont, la agenda 2030 y el "dogmatismo ambiental" en los enemigos del campo
En clave autonómica el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunió esta samana con miembros de asociaciones agrarias y prometió ofrecerles soluciones. La portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, pidió a Sánchez “legislar pensando más en el pequeño productor y menos en los grandes terratenientes” y le apremió reformar la ley de la cadena alimenticia. Así, pidió que los observatorios oficiales publiquen el coste de producción de los productos alimenticios, fijar unos plazos realistas e impulsar un “cambio de dirección urgente a escala europea” para establecer cláusulas espejo en el comercio con terceros países y flexibilizar las exigencias burocráticas. Por su parte, Junts Per Cataluña también reclamó implementar una PAC "más regionalizada y más flexible", "frenar la importación de alimentos que no tienen los requisitos sanitarios”, apremió a realizar "más inspecciones" y a "luchar por la desburocratización del sector".
En el caso de Euskadi, esta semana se llegó a un acuerdo entre el Gobierno del PNV y los socialistas vascos con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, para crear una base de datos con aquellas explotaciones en activo "sin relevo generacional previsible" y la implantación de proyectos piloto de espacios de test agrarios. En Bruselas la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, señaló que "la primera obligación" para resolver la crisis que vive la agricultura europea es mejorar la renta de los productores y remarcó la "injusta diferencia" entre los precios que cobran por sus productos y los que se pagan por ellos en el mercado. Por su parte, en la izquierda abertzale planteó el pasado año 18 medidas para "avanzar en la soberanía alimentaria" con objetivos el 30% del consumo en el territorio sea local, un banco público de tierras o la creación de red de economatos, cooperativas de consumo y mercados de productos locales y ecológicos.
En Galicia, con las elecciones a la vuelta de la esquina, la candidata del BNG, Ana Pontón, se comprometió a defender a los trabajadores del campo “de todas aquellas medidas que se tomen en su contra en Madrid o en Bruselas” y aseguró que si llegaba a la Xunta, pelearía por "garantizar precios justos y reducir burocracia" porque las granjas "no son gestorías". En el Congreso su portavoz parlamentario, Néstor Rego, ya le reclamó a Planas medidas específicas para evitar el cierre de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas en Galicia.
Las protestas de los agricultores tras una semana bloqueando carreteras a lo largo de la península han llegado a la agenda política. Aunque los profesionales —salvo llamativos casos— se desvinculan de partidos políticos, los expertos apuntan a una ola reaccionaria y proteccionista que ya favorece a la extrema derecha de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, donde se decidirá el rumbo de las políticas verdes del continente. El voto del mundo rural puede ser vital en los próximos comicios y los partidos lo saben.