Quiso la casualidad, o la mala intención, que las derechas iniciasen su ofensiva contra las víctimas del franquismo en el aniversario de la muerte del dictador. Y ha querido el azar, o de nuevo la mala fe, que la culminación del movimiento reaccionario se haya producido a pocas horas de la efeméride de las últimas elecciones generales de la Segunda República. Las Cortes de Aragón han dado luz verde este jueves a la derogación de la Ley de Memoria Democrática regional. Y lo han hecho con el voto de los dos socios de Gobierno –PP y Vox– y el Partido Aragonés (PAR). Un paso al frente con el que derecha y extrema derecha convierten a esta región, una de las que cuenta con mayor número de fosas, en punta de lanza de su estrategia de desmontaje de políticas memorialistas a nivel autonómico.
El golpe ha sido rápido. Fundamentalmente, porque los dos socios en el Ejecutivo han decidido tramitar su propuesta por el procedimiento de lectura única, lo que agiliza los trámites. Ocho minutos de intervención para cada grupo, votación de las enmiendas y aprobación definitiva de la derogación. No ha sido necesario nada más para poner punto y final a unas políticas que derecha y extrema derecha han convertido en pieza de caza mayor en eso que se ha llamado guerra cultural. Desde Vox han calificado la norma como una "herramienta política de agitación social" que "atenta contra la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra". "¿De verdad somos incapaces de superar lo que pasó hace cien años?", han soltado desde el PP.
La oposición ha cargado con dureza contra el rodillo y la falta de debate profundo. Se ha quejado amargamente de la "revisión del presente democrático" para adaptar el relato histórico al único que existió durante casi cuatro décadas: el franquista. Y ha criticado que se derribe una norma que "igualaba a todas las víctimas", también aquellas que durante tanto tiempo estuvieron olvidadas en cunetas o en el exilio. Pero dio igual. Al mediodía, derecha y ultraderecha utilizaron su arrolladora mayoría para tumbar la ley autonómica de memoria, lo que implica también la supresión del censo memorialista, Centro de Investigación de la Memoria Democrática, registro de entidades o cualquier estructura de la Administración relativa a esta materia.
El borrado es total. Se fulminan las actuaciones en materia memorialista en el ámbito educativo. Y aquellas que se encuentren en marcha en el momento en el que entre en vigor la derogación, resalta la proposición de Ley aprobada, "serán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la Historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española para los aragoneses". Además, el departamento competente en materia de Patrimonio Cultural "suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión" con los que se han estado marcando y explicando los distintos lugares o rutas de memoria que se han establecido a lo largo y ancho de la región.
Una de las regiones con más fosas
El Ejecutivo aragonés ha declarado, desde la aprobación de la norma memorialista, varios espacios de este tipo. Comenzó con el Barranco de la Bartolina, un paraje ubicado a menos de un centenar de kilómetros de Zaragoza que fue escenario de la brutal represión franquista en la comarca de Calatayud –se calcula que en la zona podría haber enterradas alrededor de medio millar de personas–. Y continuó con la Cárcel de Benabarre, la tapia del cementerio de Torrero de Zaragoza o la tumba en el camposanto de Fuendejalón de María Domínguez, quien fuera la primera mujer alcaldesa en etapa democrática. A ella, y a otros dos centenares de alcaldes más represaliados por el franquismo, concedió el Ejecutivo de Javier Lambán hace justo un año el bastón honorífico, una distinción que se concede a regidores que hayan ostentado el cargo con ejemplaridad.
Pero los avances en materia memorialista no se han quedado en lo meramente simbólico. Se ha impulsado también en este territorio un Banco de Datos Genéticos, que hace justo un año contaba con alrededor de dos centenares de registros de víctimas y familiares de la represión franquista. Ahora, esa base de datos, según la proposición de Ley aprobada este martes en las Cortes, se remitirá, con el consentimiento de los interesados, al Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, en cuya creación está trabajando desde hace meses el Gobierno central al calor de la Ley de Memoria Democrática estatal pero que aún no ha sido puesto en marcha. En cuanto a fosas comunes, en los últimos cuatro años se han producido más de una treintena de exhumaciones.
Aragón es una de las regiones con más enterramientos de este tipo. Sus datos oficiales hablan de 598, lo que la sitúa junto con Andalucía, Cataluña y Castilla y León –de nuevo, según las propias cifras autonómicas, que difieren de las que aporta el mapa de fosas estatal– como uno de los puntos negros de la geografía española. De los casi seis centenares de fosas comunes en esta comunidad, que fue línea de frente durante la Guerra Civil, prácticamente la mitad, 308, aún no han sido intervenidas. "Se exhumarán a todas las víctimas, a todas independientemente del uniforme, cuyos familiares lo soliciten y se reconocerán a todas las víctimas", ha asegurado este martes la diputada del PP Ana Marín durante su intervención en el Pleno.
Se hará, según ha señalado la parlamentaria, a través de lo que han llamado Plan de Concordia –una idea que viene de tiempos de Pablo Casado–. Aún se desconoce el contenido y el alcance del mismo, más allá de una intervención parlamentaria en la que la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, afirmó que incluiría actuaciones en materia de identificación y exhumación y también que cubriría a los afectados por el terrorismo, fijando "elementos para el recuerdo y el respeto a todas ellas". "No vamos a poner a unas víctimas por encima de otras, porque todas son iguales", insistía Marín en referencia a la concordia. Poco antes, había tirado a la cabeza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la tragedia de Barbate: "Mientras Bonilla estaba allí, Sánchez estaba en los Goya".
"Derogarán la ley, pero no la memoria"
Anabel Lapuente ha seguido el debate con atención. Al fin y al cabo, ella es una de las muchas piezas que componen el tejido memorialista en la región. Su historia es como la de tantas otras. Su abuelo, Luis Torres Calvo, fue asesinado en el verano de 1936 en Ágreda (Soria). Simplemente era un jornalero natural de Torrellas (Zaragoza) vinculado al PSOE y la UGT. Le mataron por su ideología. Y le tiraron en un rincón en el cementerio de la localidad soriana. Lapuente no se olvida de aquel lugar. Cuando era niña, no entendía por qué iba con su madre a dejar flores en un trozo de tierra donde tiraban la basura. "Nos costó muchísimo que quitasen de allí aquel cartel en el que ponía 'basura", cuenta en conversación con infoLibre. Tras mucho esfuerzo, logró exhumarle. Ahora, descansa junto a su hija y su mujer, a la que Lapuente siempre recuerda con rostro triste.
"Ellos lo que intentan es que estemos callados, pero no lo van a conseguir. Pueden derogar la ley, pero no la memoria", sostiene quien ejerce como presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que agrupa a cerca de una veintena de colectivos diferentes. Lapuente se enciende cuando escucha que se intenta sacar de las fosas a los de un bando y dejar allí tirados a los del otro. Básicamente, porque recuerda que el franquismo ya puso en marcha un plan de exhumaciones para "los suyos" nada más terminar la guerra. Ahí está la orden de Ramón Serrano Súñer del 1 de mayo de 1940, que abrió la puerta a que las familias pidiesen sacar de los enterramientos a aquellos "asesinados por la horda roja".
Lapuente reconoce que el Ejecutivo de Lambán podía haber hecho mucho más antes del cambio de ciclo que trajo consigo la cita con las urnas de mayo. "La ley no llegó a desarrollarse del todo, se podría haber trabajado más", apunta. Pero al menos, la existencia de aquella norma les cubría. "Hoy nos han recortado derechos de un plumazo", lamenta la presidenta de la PAMA. Afortunadamente, desde hace algo más de un año existe una ley estatal. Y eso ofrece cierta tranquilidad. Ahora, habrá que ver cómo actúa el Gobierno de Azcón en relación con dicha norma, que entre otras cosas obliga a que la memoria esté presente a nivel educativo. "¿Qué van a hacer, saltársela a la torera?", se pregunta Lapuente. El Ejecutivo central ya ha avisado de que hará cumplir la ley.
La portavoz de la plataforma es consciente de que detrás de ellos vendrán muchos más: "No vamos a ser los únicos a los que nos quitan la ley". Aragón sólo ha sido la punta de lanza de la estrategia de la derecha y la extrema derecha de desmontaje de las políticas memorialistas. En la retaguardia se encuentran Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura o Cantabria. En todos estos sitios, PP y Vox ya han anunciado su intención de fulminar las normas existentes.
Quiso la casualidad, o la mala intención, que las derechas iniciasen su ofensiva contra las víctimas del franquismo en el aniversario de la muerte del dictador. Y ha querido el azar, o de nuevo la mala fe, que la culminación del movimiento reaccionario se haya producido a pocas horas de la efeméride de las últimas elecciones generales de la Segunda República. Las Cortes de Aragón han dado luz verde este jueves a la derogación de la Ley de Memoria Democrática regional. Y lo han hecho con el voto de los dos socios de Gobierno –PP y Vox– y el Partido Aragonés (PAR). Un paso al frente con el que derecha y extrema derecha convierten a esta región, una de las que cuenta con mayor número de fosas, en punta de lanza de su estrategia de desmontaje de políticas memorialistas a nivel autonómico.