Argumosa 11, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, se ha convertido este viernes en protagonista involuntario de las portadas. Lo ha hecho tras el desahucio ejecutado en un edificio que amenaza con convertirse en símbolo. Cuatro familias han sido desalojadas por la Policía Nacional, después de varios intentos frustrados gracias al apoyo vecinal y asociativo. Ha sucedido, finalmente, pese a las advertencias de la ONU: el organismo internacional había señalado recientemente a través de una resolución que dos de las familias no podían ser desalojadas al no contar con una alternativa habitacional. La historia de Argumosa es, sostienen quienes se agrupan en las plataformas antidesahucios, reflejo de un fenómeno global y advertencia de un escenario que comienza ya a consolidarse.
El edificio que han dejado atrás las cuatro familias está en manos de dos propietarios: la familia Aguado y la empresa Proindivisos. Ambas partes tienen el propósito de subir el alquiler hasta un 300%, pese a que los vecinos llevan décadas habitando los pisos y consideran el aumento un abuso imposible de afrontar. Las cuatro familias desahuciadas son la continuación de otras que les han precedido y el preludio de lo que vendrá. "Según aseguró Proindivisos en la primera y única reunión con los inquilinos, la intención apunta a vaciar el edificio y subir los alquileres" para poder sacar importantes beneficios, según explican activistas de las plataformas implicadas en la defensa de la vivienda.
Fenómeno global
Mercedes Revuelta, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pasó la madrugada del viernes frente al edificio de Argumosa. Ha sido duro, reconoce al otro lado del teléfono. Y precisamente por eso recuerda que se trata de "un reflejo de lo que pasa en las ciudades y en muchos países europeos". La vivienda, admite, "se ha convertido en objeto de especulación porque da muchos réditos". Sucede algo similar, agrega, con la sanidad, "pero en vivienda ocurre a lo bestia". Lo dice y sus palabras dejan un sabor amargo, especialmente por afirmarlo precisamente el mismo día en que la PAH cumple diez años de actividad.
La especulación que observa la activista está necesariamente ligada "al lobby financiero bancario, que ha presionado al Banco Central Europeo para que obligue a la banca española a vender en cinco años la inmensa mayoría de su fondo inmobiliario". Y es que los bancos españoles, que "eran las grandes inmobiliarias de este país", han acumulado "miles de viviendas en esta crisis desahuciando familias". La forma de venderlas, señala Revuelta, es hacerlo directamente "a los especuladores de la vivienda", dejando a un lado a los propios particulares, inquilinos o regularizando a los ocupas.
El de Argumosa, regresa la activista, "no era un fondo tan grande, pero no deja de ser un inversor inmobiliario" que busca "desalojar a gente pobre para vaciar el edificio y subir los alquileres un 300%". Quien está detrás de los lanzamientos, sean bancos, grandes fondos o intermediarios, es una de las aristas del problema que explica Daniel Martínez, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. El activista sitúa en el punto de mira, en primer lugar, a las socimis, es decir "vehículos en los que las empresas inmobiliarias invierten para no tener que tributar" debido a los privilegios fiscales con los que cuentan. "Gracias a decisiones legislativas y políticas se permite la creación de fondos de inversión a coste nulo, como las socimis, y esto fomenta el mercado especulativo en torno al alquiler, como se vivió con la compra", aclara. Señala, por otro lado, a las agencias inmobiliarias que viven "de extraer masa de dinero a los inquilinos, muchas veces sin ser propietarios de los pisos". Estas inmobiliarias aumentan el precio de los alquileres para "llevarse ellos una parte y aflorar como setas en todas las ciudades".
Políticas públicas
Pero la situación no brota de forma espontánea, sino que parte de un proceso de lenta fermentación. Para Martínez el origen es bien claro: existen "una serie de reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que fomentan esto". De esta manera, "con la idea de flexibilizar el mercado del alquiler, se permite actuar impunemente y con ventaja para desahuciar a las familias o exigir aumentos de precio sin límites".
En este escenario, consciente de la gravedad del problema, el Gobierno de Pedro Sánchez dio los primeros pasos para revertirlo. En un primer momento, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Unidos Podemos para generar propuestas de cara a los Presupuestos Generales del Estado, "que contienen regulaciones en materia de vivienda". Aunque aquello era "insuficiente", en opinión de los activistas, sí contenía planteamientos positivos como "ampliar la duración de los contratos y crear un índice de regulación de precios", si bien este último no habría sido vinculante.
Sin embargo, cuando el Gobierno trató de sacar adelante el Real Decreto Ley relativo a la vivienda, "no mantiene la misma postura" mantenida en el acuerdo con Unidos Podemos, excluyendo la regulación de los precios. Esto, agrega Martínez, demuestra una "intentona electoralista de cerrar el problema en falso". El decreto, finalmente, no logra salir adelante en la Cámara Baja por la oposición de Unidos Podemos. Frente a ello, las plataformas exigen que "cualquier tipo de reforma tenga en cuenta la situación salarial de la población", de manera que los alquileres no puedan ejecutarse a cualquier precio, además de aumentar la duración de los contratos, crear vivienda pública y eliminar la figura de las socimis. Daniel Martínez cree que un Real Decreto Ley que cumpla esas características podría lanzarse antes de las elecciones, aunque lamenta que los partidos estén ahora "más centrados en la campaña".
Más de 11.000 desahucios
Pese a su carácter fallido, los intentos de los partidos por introducir el asunto de la vivienda en la agenda política dan cuenta de las dimensiones del problema. En el tercer trimestre de 2018, el último dato disponible que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos derivados del impago del alquiler aumentaron un 7,9%. Del total de desalojos, 7.518 (65,1%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.404 (29,5%) partieron de ejecuciones hipotecarias. Los 625 restantes obedecieron a otras causas. El total del tercer trimestre sitúa el número de desahucios en 11.547.
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Según explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, el CGPJ no ofrece datos sobre las entidades que más desahucian, pero sí existen algunos estudios que esbozan parte del paisaje. De acuerdo con una encuesta realizada en Barcelona durante 2018 por el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "de las personas afectadas por la hipoteca destaca que el 70% tienen problemas con el BBVA". En paralelo, un estudio confeccionado por investigadores de la Universitat Rovira i virgili (URV) sostiene que los bancos rescatados con dinero público han protagonizado en torno al 65% de desahucios por ejecución hipotecaria en Cataluña tras la crisis. En el año 2015, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció su voluntad de reunirse con las entidades que acumulaban un mayor número de casos y citaba a "Catalunya Caixa, BBVA, Bankia, Caixa Bank y Unión de Créditos Inmobiliarios".
Lo ocurrido en Argumosa 11, recuperan los activistas, funciona como una suerte de advertencia de lo que vendrá. "Las consecuencias las estamos sufriendo todos nosotros, nuestros hijos que no se pueden independizar, los vecinos", lamenta Mercedes Revuelta. Los efectos son claros y tienen que ver con "un empobrecimiento brutal del país, la precarización de la vivienda que deriva en secuelas mentales y físicas" para quienes la sufren en sus carnes.
Lo mismo opina Martínez. "La tendencia actual es que las ciudades ya no son para las personas", quienes se han convertido en "esclavas desplazadas a las zonas externas y van desplazando a su vez a otras personas". No hace falta imaginar un escenario distópico, cree el activista, sino que basta con mirar a las calles y constatar que "son para los privilegiados y para los turistas". Los demás, lanza Martínez, "son expulsados por ser pobres", algo que "se irá acentuando" con el tiempo hasta "replicar modelos que ya se dan en otros países".
Argumosa 11, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, se ha convertido este viernes en protagonista involuntario de las portadas. Lo ha hecho tras el desahucio ejecutado en un edificio que amenaza con convertirse en símbolo. Cuatro familias han sido desalojadas por la Policía Nacional, después de varios intentos frustrados gracias al apoyo vecinal y asociativo. Ha sucedido, finalmente, pese a las advertencias de la ONU: el organismo internacional había señalado recientemente a través de una resolución que dos de las familias no podían ser desalojadas al no contar con una alternativa habitacional. La historia de Argumosa es, sostienen quienes se agrupan en las plataformas antidesahucios, reflejo de un fenómeno global y advertencia de un escenario que comienza ya a consolidarse.