El desplazamiento de la ruta migratoria desde el Mediterráneo central al occidental tras el cierre de fronteras de Italia hizo que, hasta el 30 de septiembre, el número de llegadas de migrantes y refugiados a las costas españolas creciera hasta un 143,4% con respecto al año pasado. Según el último balance del Ministerio del Interior [que se puede consultar aquí], en lo que llevamos de 2018 llegaron a nuestro país 41.594 personas, 24.507 más que en 2017. Este aumento, además, puso de manifiesto las carencias del sistema español de asilo que, según apuntaron las ONG, no funciona de forma efectiva debido a la falta de gestión adecuada por parte de la Administración. Pero la situación podría agravarse: el próximo 26 de octubre, 92 funcionarios interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones serán cesados de sus puestos, según confirmaron a infoLibre los propios trabajadores y fuentes del sindicato CCOO.
Todos ellos fueron contratados hace tres años, cuando la foto de Aylan Kurdi removió, al menos sobre el papel, las conciencias de los Estados de la Unión Europea, que se comprometieron entonces a acoger a una determinada cuota de refugiados. El recrudecimiento de la guerra de Siria provocó la huida masiva de miles de personas que trataban de llegar a Europa y España, como los demás Estados miembros, prometió acogerles. Para ello se necesitaba el refuerzo de los recursos humanos que llevaran a cabo las funciones de asilo y refugio y, con este objetivo, 92 nuevos trabajadores pasaron a formar parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, que se encarga de llevar a cabo la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración a través de distintos organismos. Así, a cargo de esta institución está, por ejemplo, la planificación, desarrollo y gestión del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes de asilo o la coordinación entre oficinas de extranjería.
En este sentido, según critican los sindicatos, serán despedidos, entre otros, los trabajadores públicos que gestionaron la llegada de los migrantes y refugiados a bordo del barco Aquarius. "Aquarius hay más de uno y los que no son Aquarius llegan también todos los días a nuestras costas españolas", lamentan. Todas estas personas, tras los ceses, no podrán recibir una atención adecuada.
Los despidos de los eventuales se producirán el próximo 26 de octubre. En su lugar, llegarán otros 92 trabajadores pero, según denuncian los trabajadores, serán igualmente funcionarios interinos y, por tanto, temporales. La única diferencia entre uno y otro grupo es, según recuerdan, la experiencia. "La sustitución de unos trabajadores cualificados por otros sin experiencia en migraciones lleva a la absurda situación de cesar y desprenderse de empleados públicos válidos, cualificados, formados y comprometidos", critican. "Asistimos al descabezamiento masivo de la estructura pública de migraciones, con las graves consecuencias que de ello se deriva", añaden, pues recuerdan que, además, 79 funcionarios del Ministerio del Interior correrán la misma suerte en el mes de diciembre. Según informa la institución a este diario, el cese se producirá, igualmente, por el fin del programa temporal para el que fueron contratados. Los despidos se llevarán a cabo tras la convocatoria de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios aprobada por el Real Decreto 6/2018 del 27 de julio, que autoriza la convocatoria de las plazas, añade el organismo.
Los empleados del Ministerio de Trabajo enviaron escritos a la ministra, Magdalena Valerio, así como al subsecretario de la institución, al secretario de Estado de Función Pública y al director general de Función Pública para denunciar su situación. "No nos han contestado", lamentan. infoLibre también se puso en contacto con la institución que dirige Valerio que, de momento, no ha respondido.
92 trabajadores no son suficientes
Josecho Gándara, responsable de acción sindical del sector de la Administración General del Estado de CCOO, va más allá. No sólo hay que subrayar las posibles consecuencias que podría tener la sustitución de funcionarios con experiencia en el sector de la migración por otros interinos a los que habrá que formar en la materia, sino que también hay que tener en cuenta que "la carga de trabajo y las necesidades de la Secretaría de Estado de Migraciones no se cubren ni siquiera con estas 92 personas contratadas hace tres años".
"Estos interinos fueron contratados para dar salida al problema migratorio que provocó la guerra de Siria hace tres años. Pero las llegadas han ido en aumento y el problema siempre ha sido la falta de personal", critica en conversación telefónica con este diario. Por eso, su intención estaba clara. Según detalla, desde el sindicato pretendían conseguir que se reeditara el programa temporal ajustándolo a la nueva realidad y justificando esos puestos de trabajo aludiendo a la necesidad estructural de los mismos, es decir, a su necesidad permanente. "Pretendíamos incluir la necesidad de contratar a otros 92 trabajadores, de tal manera que, ya con 184, se pudieran cubrir adecuadamente las necesidades" de los migrantes, explica.
Y así se iba a producir . Según denuncia, los trabajadores sabían que sus puestos de trabajo se mantendrían pero, de repente, "se produjo un viraje de la Administración" y se enteraron de que, en lugar de eso, "se pretendía hacer efectiva la sustitución de unos interinos por otros". "Lo que se ha traicionado en primer lugar ha sido el diagnóstico. Se dijo que había una necesidad que iba bastante más allá de la plantilla que había hasta ahora", lamenta. "Se va a perder toda la experiencia de esos trabajadores de cara a la ciudadanía", añade.
Ceses contrarios al Tribunal Supremo
Los despidos se producirán, además, pocos días después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el cese de interinos contratados de manera abusiva en la Administración. El pasado jueves, la sección cuarta de la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyó que los ceses de dos funcionarios eran contrarios a derecho porque no se ajustaban a la normativa.
Despedidos los 92 funcionarios encargados de atender la acogida de migrantes
Según establece, el cese de un interino o empleado público eventual sólo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por un funcionario o personal de carrera, cuando vuelva su titular, cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas objeto del nombramiento. Por ello, el Supremo consideró que deben valorarse las funciones que prestaron los trabajadores y si procede, o no, la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas.
En este sentido, y según este criterio, los ceses de los interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones y del Ministerio del Interior podrían estar incurriendo en una posible vulneración de estos fallos, según denuncian los propios trabajadores y CCOO. La interpretación que hace la Administración, según Gándara, es correcta, aunque no la comparten. La Secretaría, explica, "dice que lo que quieren es sustituir empleo coyuntural –es decir, puestos de trabajo que se crearon por una situación de necesidad puntual– por empleo estructural". Hasta ahí, la doctrina del Supremo se respeta.
Sin embargo, el problema viene porque la sustitución se hará por otros 92 funcionarios interinos. "Si esos puestos no se van a cubrir de forma definitiva con funcionarios de carrera, lo lógico sería mantener a los trabajadores que, desde hace tres años, han transformado sus funciones en estructurales", explica. "Jurídicamente, probablemente exista la posibilidad de colocar esos ceses en cuestión porque esas 92 personas están haciendo un empleo estructural que debería ser sustituido por funcionarios fijos", aclara.
El desplazamiento de la ruta migratoria desde el Mediterráneo central al occidental tras el cierre de fronteras de Italia hizo que, hasta el 30 de septiembre, el número de llegadas de migrantes y refugiados a las costas españolas creciera hasta un 143,4% con respecto al año pasado. Según el último balance del Ministerio del Interior [que se puede consultar aquí], en lo que llevamos de 2018 llegaron a nuestro país 41.594 personas, 24.507 más que en 2017. Este aumento, además, puso de manifiesto las carencias del sistema español de asilo que, según apuntaron las ONG, no funciona de forma efectiva debido a la falta de gestión adecuada por parte de la Administración. Pero la situación podría agravarse: el próximo 26 de octubre, 92 funcionarios interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones serán cesados de sus puestos, según confirmaron a infoLibre los propios trabajadores y fuentes del sindicato CCOO.