Un desastre natural de consecuencias imprevisibles como la dana de Valencia impone tomar decisiones rápidas para afrontar la reconstrucción del territorio afectado. La ley permite en estos casos a las administraciones saltarse los trámites habituales para afrontar las obras necesarias y devolver cuanto antes la normalidad a la población y los territorios afectados. El contexto castastrófico ha permitido a la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Estado contratar a dedo a constructoras para afrontar labores urgentes, como el saneamiento o la reconstrucción de infraestructuras. Muchos de estos contratos de emergencia, algunos de ellos millonarios, han ido a empresas que financiaron al PP en sus dos décadas de mayorías absolutas en la Comunitat (1995-2015) y cuyos nombres aparecieron en los casos de corrupción más sonados de esa época: Gürtel, Taula... Su proximidad a la zona afectada, la disposición de la maquinaria y el personal necesario y la posibilidad de afrontar los trabajos de forma inmediata las han convertido en indispensables para que los Gobiernos central, autonómico y provincial puedan paliar los daños de la tragedia.
El panorama de corrupción generalizada durante los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps y los casos posteriores de corrupción y financiación irregular que se han venido juzgado en los últimos 15 años han puesto el foco estos días sobre Carlos Mazón, el primer presidente del PP tras esa época negra. A las críticas a su incomparecencia durante las primeras horas del desastre, se ha sumado un halo de sospecha por las adjudicaciones inmediatamente posteriores. Su Gobierno ha concedido más de 30 millones de euros para la reconstrucción de la infraestructura hidráulica afectada –colectores, depuradoras, conducciones de agua...– a empresas como Becsa, SAV, CHM y Pavasal, entre otras. Se trata de constructoras cuyos administradores hicieron pagos al PP para sus campañas en casos como Gürtel y Taula. También ha entregado casi 16 millones al grupo Rover (antiguo Rover Alcisa) para la reconstrucción de la sede de Ferrocarrils de la Generalitat en la estación de València Sud, una firma que pagó casi 70.000 euros al grupo popular en el Ayuntamiento de la capital para su campaña de a las municipales de 2007.
Lo mismo ocurre con otras administraciones dirigidas por el PP. Como la Diputación de Valencia, que preside el popular Vicente Mompó. Entre las empresas a las que ha adjudicado directamente la reparación de las carreteras provinciales dañadas, se encuentran Ocide, Pasaval, Becsa, CHM o el Grupo Bertolín, constructoras contratadas también por el procedimiento de emergencia. Pero no solo las instituciones gestionadas por el partido de Mazón contratan con ellas. También el Estado. El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente (PSOE), ha recurrido a estas grandes constructoras valencianas para reacondicionar las grandes vías dependientes de su departamento. El ministro Puente anunció el 12 de noviembre que los kilómetros de carreteras del Estado dañados por la riada fueron 160. Las más perjudicadas fueron la autovía A-7, que recorre toda la costa mediterránea desde Barcelona hasta Algeciras (Cádiz). También la A-3 que une Valencia con Madrid y las nacionales N-330 y N-322 en las cercanías de las poblaciones anegadas de Utiel y Requena.
Puente anunció que el Gobierno había destinado hasta el momento para esos fines 30 millones de euros. Parte de ese dinero fue a parar a CHM Obras e Infraestructuras y Pasaval. El presidente de CHM, Francisco Javier Martínez Berna, y su hermano José fueron condenados por financiar al PP en el caso Gürtel. Pasaval se libró de la condena por un delito electoral al no estar tipificado el delito tras entregar al PP de Valencia 254.400 euros a través de una empresa pantalla. Ese dinero, según la Audiencia de Valencia, sirvió para financiar la campaña de ese partido para las municipales de 2007, según la sentencia de la primera pieza del caso Taula. Un vistazo a la Plataforma de Contratación del Sector Público muestra, además, que, tras la llegada al Gobierno valenciano de Ximo Puig, en 2015, esas compañías siguieron construyendo obra pública pese a sus turbios vínculos con el PP.
Fuentes del PSPV aseguran que las razones que han llevado a Transportes a confiar en ellas son la proximidad a la zona catastrófica, el hecho de contar con los medios materiales y personales para ejecutar los trabajos de reparación y la posibilidad de comenzar con ellos de manera inmediata. "Somos una comunidad pequeña y las constructoras capaces de desarrollar esta labor y ejecutar grandes obras son las que son", indican fuentes del anterior Ejecutivo del Botànic. "Traer empresas de otras partes del país en un momento de urgencia como este no hubiera sido viable", añaden. "Algunas de estas compañías valencianas han dejado las infraestructuras en las que estaban trabajando y han desviado su maquinaria y su plantilla a las obras de emergencia", indican. Su cercanía y el hecho de que hayan participado en muchos casos en la construcción y el mantenimiento de los equipamientos públicos están detrás de que hayan continuado contratando con la administración incluso con los Gobiernos de PSPV y Compromís pese a haber pasado por caja –la caja b– del PP.
Los 20 años que pasó el PP en la Generalitat, en los que también controló los principales ayuntamientos y diputaciones, provocaron en la siguiente década al menos 134 condenas de políticos y funcionarios, pero también de empresarios. La corrupción omnipresente de esos años y el dispendio de dinero público ha provocado las condenas de dos de sus presidentes. Eduardo Zaplana fue sentenciado el pasado 15 de octubre a 10 años de cárcel por cobrar sobornos a cambio de la adjudicación de estaciones de la ITV mientras estuvo en el cargo. Su sucesor, José Luis Olivas también fue condenado por falsear facturas cuando estuvo al frente de Bancaja. Francisco Camps, considerado por la Fiscalía Anticorrupción "el paciente cero" de la trama Gürtel, se ha librado hasta el momento de la cárcel y está pendiente de lo que decida el Supremo, al que el Ministerio Público ha recurrido.
Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Pavasal, Grupo Rover, Becsa y FCC se encuentran entre las grandes constructoras que entregaron fondos al PP, según la sentencia de la pieza A del caso Taula, conocida el pasado julio, aunque ninguno de sus responsables fue condenado por financiación ilegal al no estar contemplado el delito en el Código Penal en 2007, cuando se cometieron los hechos. Directivos de Becsa, CHM Obras e Infraestructuras y Facsa han sido condenados en la trama valenciana del caso Gürtel. Tras el paso de la dana, todas ellas ejecutan en este momento contratos públicos de emergencia.
Un desastre natural de consecuencias imprevisibles como la dana de Valencia impone tomar decisiones rápidas para afrontar la reconstrucción del territorio afectado. La ley permite en estos casos a las administraciones saltarse los trámites habituales para afrontar las obras necesarias y devolver cuanto antes la normalidad a la población y los territorios afectados. El contexto castastrófico ha permitido a la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Estado contratar a dedo a constructoras para afrontar labores urgentes, como el saneamiento o la reconstrucción de infraestructuras. Muchos de estos contratos de emergencia, algunos de ellos millonarios, han ido a empresas que financiaron al PP en sus dos décadas de mayorías absolutas en la Comunitat (1995-2015) y cuyos nombres aparecieron en los casos de corrupción más sonados de esa época: Gürtel, Taula... Su proximidad a la zona afectada, la disposición de la maquinaria y el personal necesario y la posibilidad de afrontar los trabajos de forma inmediata las han convertido en indispensables para que los Gobiernos central, autonómico y provincial puedan paliar los daños de la tragedia.