El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana ha anunciado este martes que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por delitos de corrupción al considerar que está basada "en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él.
En un comunicado difundido a través del despacho de su letrado, Daniel Campos, Zaplana se ha mostrado "decepcionado" por el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia. "A pesar de todo, sigo confiando en la Justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones y, en consecuencia, recurriré a las instancias que sea necesario", anuncia.
Por último, el exministro se congratula por la absolución de quienes cometieron "el único delito" de ser sus amigos o colaboradores y "han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento".
El Congreso de los Diputados celebrará el próximo 30 de octubre un acto en homenaje a las víctimas del franquismo, según ha decidido la Mesa en su reunión de este martes con el apoyo de los miembros de PSOE y Sumar y el rechazo del PP, han informado a EFE fuentes parlamentarias.
Es la primera vez que el Congreso organiza un acto de este tipo con ocasión del día de recuerdo y homenaje a las víctimas, fijado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática de 2022. El Congreso lo hará un día antes para no coincidir con el homenaje que tiene previsto organizar el Gobierno el día 31.
El PP ha rechazado que el Congreso celebre un homenaje de este tipo al no haber antecedentes ni haber dado margen para un debate previo entre los miembros de la Mesa, en la que solo hay representantes del PP, PSOE y Sumar.
En el acto del Congreso intervendrán familiares de víctimas del franquismo, así como la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Además, habrá una mesa redonda sobre la reparación histórica con presencia de historiadores, arqueólogos y colectivos memorialistas, y se representará un fragmento de la obra de teatro Federico, no hay olvido, ni sueño: carne vida.
El Gobierno polaco adoptó este martes la nueva política migratoria ideada por el primer ministro, Donald Tusk, que incluye la suspensión temporal del derecho de asilo para "recuperar el control" de sus fronteras, especialmente la que comparte con Bielorrusia.
Tras la reunión del Consejo de Ministros Tusk dijo en su cuenta de la red social X que ha sido "una decisión difícil, pero muy necesaria y esperada", que tiene como objetivo "recuperar el control" y "garantizar la seguridad" de las fronteras polacas. Además, como ya adelantó el político liberal el sábado, se aplicarán nuevas directrices para la entrada y permanencia al territorio polaco cuando se solicite asilo de algún tipo.
Próximamente se modificarán algunas normas que rigen el acceso al mercado laboral, a los servicios públicos, como la educación y la sanidad, y se cambiarán las leyes para agilizar los procesos de repatriación de personas en situación irregular. Para ello, se reformará la Ley de Protección a los Extranjeros, con cambios que permanecerán vigentes hasta 2030.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado este martes la puerta a la posibilidad de que su partido apoye una hipotética moción de censura de PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Una moción de censura con el PP y Vox es una auténtica fantasía".
En una visita a Sitges (Barcelona), donde se ha reunido con la ejecutiva local de su partido, Turull ha querido zanjar así el revuelo generado por unas declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en las que aseguraba que su partido "no descarta ningún escenario", tampoco el de una moción de censura con el PP, si bien dejaba claro que ahora la prioridad es seguir negociando con el Gobierno para que se cumpla el acuerdo de investidura.
"Lo que ha dicho la presidenta Borràs lo hemos dicho todos", es decir, que los votos de Junts "no puede darlos nadie por descontados", ha señalado. Turull ha insistido en remarcar que los votos de Junts "no están al servicio de ninguna fuerza política": "No estamos casados con nadie", ha añadido.
El grupo chií libanés Hezbolá denunció este martes que el Ejército israelí ha utilizado proyectiles cargados con munición de racimo, prohibida internacionalmente, contra al menos tres zonas ubicadas en el sur del Líbano, uno de los principales focos de la campaña de bombardeos masiva de Israel en el país.
"Hoy, martes 15 de octubre de 2024, entre las 12.30 y las 14.00 horas (9.30 - 11.00 GMT), el enemigo israelí lanzó cohetes cargados con bombas de racimo prohibidas internacionalmente", dijo el departamento de medios de Hezbolá en un comunicado, en el que apuntó que las poblaciones afectadas se sitúan en el sur del Líbano. La formación política y armada indicó que las áreas de impacto fueron Wadi al Hujayr, Jallet Raj y una zona boscosa ubicada al este de la ciudad de Alman.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), las bombas de racimo están prohibidas en todo el mundo porque causan daños a civiles tanto inmediatos como a largo plazo, dejando tras de sí restos sin explotar que actúan como minas terrestres durante años.
El Gobierno ha comunicado al juzgado que el CNI no espió mediante el software Pegasus los móviles de Andreu Van den Eynde, abogado del expresidente de ERC Oriol Junqueras, y del exeurodiputado republicano Jordi Solé, una vez desclasificada la información reservada de los servicios secretos.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, Antonia Coscollola, ha recibido un oficio del Gobierno que niega que los móviles de Van den Eynde y Solé, dos de los afectados por el espionaje masivo al independentismo, fueran espiados por los servicios secretos con Pegasus, un software que comercializa la empresa israelí NSO, en principio solo a Estados.
En la querella que presentó por el ataque a su teléfono, el abogado de Junqueras aportó un informe pericial que confirma que su móvil fue infectado con Pegasus entre abril y mayo de 2020, en pleno confinamiento, cuando asegura mantuvo 16 reuniones sensibles de relevancia política.
El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana ha anunciado este martes que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por delitos de corrupción al considerar que está basada "en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él.
En un comunicado difundido a través del despacho de su letrado, Daniel Campos, Zaplana se ha mostrado "decepcionado" por el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia. "A pesar de todo, sigo confiando en la Justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones y, en consecuencia, recurriré a las instancias que sea necesario", anuncia.
Por último, el exministro se congratula por la absolución de quienes cometieron "el único delito" de ser sus amigos o colaboradores y "han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento".
El PP, en boca de su vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, ha descartado que tenga votos para cambiar el Gobierno a día de hoy, tras señalar Laura Borrás (Junts) que no descartaría apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez.
Ante lo que "queda por salir" en la presunta trama corrupta del caso Koldo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha defendido de nuevo que no queda otra salida que convocar elecciones o que Pedro Sánchez dimita.
"Nosotros a día de hoy no tenemos los votos para cambiar al Gobierno ni queremos plantear futuribles", ha afirmado Alós, que este martes ha comparecido en rueda de prensa para informar de las reuniones mantenidas por su jefe de filas con Cepyme y con el sindicato UGT para abordar políticas de conciliación.
El PP ha puesto el acento en que su ofensiva contra el Gobierno por la presunta corrupción será también de carácter internacional y Feijóo tendrá en su agenda hablar del caso Koldo ante la reunión del Partido Popular Europeo del próximo jueves.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha lamentado este martes que se haya creado una polémica "absolutamente artificial e irreal" sobre la posibilidad de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para migrantes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha enmarcado el estudio de esta infraestructura en la normalidad del trabajo llevado a cabo por el Gobierno, que estudia "cientos" de emplazamientos para dar acogida a estos migrantes y "aliviar las tensiones" en zonas de llegadas como Canarias.
Ha recordado que el aeropuerto en cuestión, cuyo uso actualmente es marginal para algunos vuelos particulares, es "100 % privado".
Sobre la falta de comunicación con el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, cuyo presidente ha reconocido hoy que no conocía la propuesta del Gobierno, Alegría ha informado este martes que la Secretaría de Estado de Migraciones ya se ha puesto en contacto con la Consejería correspondiente para informarle sobre este asunto.
Los ministros de Sumar han presentado objeciones en el Consejo de Ministros a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven aprobada este martes, entre ellas que la anterior edición de esta ayuda "no está funcionando", ya que la han pedido solo el 0,6 % de los jóvenes que podían solicitarla, según sus datos.
Entretanto, en el Congreso, su portavoz, Íñigo Errejón, ha elevado la presión sobre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que ha advertido de que su comparecencia ante el pleno el próximo día 23 es un "verdadero parteaguas", que llega "con la paciencia de la sociedad española absolutamente agotada".
Sumar ha criticado que la respuesta de la ministra a la multitudinaria manifestación del domingo en Madrid por el derecho a la vivienda se base en "cheques" y "bizum" y Errejón le ha pedido que sea consciente de la "ola creciente de movilizaciones populares sin precedentes por el derecho a la vivienda" que hay en marcha.
"La ministra no puede venir al pleno el día 23 con excusas, a pedir solidaridad a los grandes propietarios y a los fondos financieros, ni a anunciar otro bizum más a los caseros, tiene que venir a aportar soluciones", le ha reclamado Errejón.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha instado este martes al PP a que vayan "al juzgado y no a las ruedas de prensa" si tienen información sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y ha recalcado que "la corrupción es absolutamente incompatible" con su formación.
En una rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, el socialista se ha referido a una entrevista en Catalunya Rádio de este martes al portavoz del PP, Borja Sémper, en la que ha asegurado que su partido dispone de "información" sobre los "casos de corrupción acechan al PSOE y al Gobierno" y ha vaticinado que "todo se va a terminar por saber".
"Cuando lo han explicado ha sido peor, porque Borja (Sémper) ha debido decir que ellos tienen informaciones de algunos empresarios, pues que vayan al juzgado y no a las ruedas de prensa, con algo serio, no con esa información", ha afirmado López, quien ha remarcado que "la cuestión es hasta dónde está dispuesto (el PP) a llevar la antipolítica" y su intención de "destruirlo todo".
En esa línea, López ha cuestionado la "decencia política" que el PP ha argumentado para interponer la querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional: "Eso pasa por no ir a los tribunales con una información de un mal periódico, el PP que tiene casi 30 causas abiertas, en base a indicios y pruebas y no en base a noticias de un diario digital".
"La actitud del Partido Popular es la de tener muy poca vergüenza, por decir alguna. Ya no solo copian los discursos y las políticas de la extrema derecha, ahora copian también los métodos (...) y ponen una querella al Partido Socialista en base a una información de un digital obtenida, según parece, de una voz distorsionada y lo utilizan para ir a los tribunales sin ningún sonrojo", ha dicho.