Díaz ve "margen para el acuerdo" para reducir jornada laboral y espera "buena voluntad" de las partes

La economía española crecerá un 2,4% este año y un 2,1% el siguiente, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantiene así sin cambios sus últimas proyecciones para España, publicadas en junio como parte del informe anual 'Artículo IV'.

De este modo, España se mantiene como la gran economía europea que mejor desempeño tendrá este año y el siguiente, superando con creces el promedio de crecimiento estimado para la eurozona del 0,9% en 2024 y del 1,5% en 2025.

Asimismo, las nuevas previsiones del FMI coinciden con la proyección de crecimiento del PIB en 2024 anunciada este martes por el Gobierno y se sitúa una décima por debajo que el 2,2% pronosticado por el Ejecutivo para 2025.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado este martes la dimisión del primer ministro, Gabriel Attal, después de celebrar un consejo de ministros una semana después de rechazar su salida tras los malos resultados en las elecciones legislativas anticipadas.

"Gabriel Attal ha presentado su renuncia al Gobierno del presidente de la República, quien la ha aceptado en este día", ha indicado el Elíseo en un comunicado en el que afirma que se mantendrá en funciones "hasta el nombramiento de un nuevo gobierno".

Esto se produce después de que el presidente francés haya insistido este martes durante una reunión con su gabinete en una "coalición mayoritaria" para seguir gobernando, a medida que continúan las negociaciones, especialmente con la derecha.

Attal fue elegido el sábado portavoz del grupo parlamentario del partido Renacimiento en la nueva Asamblea Nacional francesa con 84 votos de los 98 representantes tras dimitir el pasado lunes debido a los resultados electorales. Macron no aceptó entonces su salida.

El pleno del Parlamento Europeo que este martes celebra la sesión constitutiva de su décima legislatura ha elegido a los eurodiputados españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE) como dos de los 14 vicepresidentes de la institución para los próximos dos años y medio, primera mitad de la legislatura de cinco años.

Así lo han decido en votación secreta los eurodiputados en Estrasburgo (Francia) durante el primer día de la sesión plenaria que marca el inicio de la décima legislatura europea. El pleno comenzó con la reelección de la presidenta de la Eurocámara, la maltesa popular Roberta Metsola, también por dos años y medio.

Los vicepresidentes componen, junto a la presidencia de la institución y cinco cuestores, la Mesa del Parlamento Europeo que fija las reglas de funcionamiento de la Eurocámara. Los vicepresidentes pueden sustituir al presidente en los debates del pleno y en la representación del Parlamento en ceremonias y eventos si fuera necesario.

González Pons y López han logrado los apoyos necesarios en la primera ronda de votación durante la que han sido elegidos once vicepresidencias, entre ellas tres para el PPE, cinco para los Socialistas y Demócratas (S&D), dos para los liberales de Renovar Europa (RE) y uno para los Verdes.

La junta directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha entregado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe en el que apoya los términos y propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado mayoritariamente por el Parlamento europeo el pasado 13 de mayo.

La entidad ha expresado la importancia de que se asegura el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; y se salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente.

La delegación de la FAPE ha destacado su posición favorable en lo relativo a la protección de periodistas, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el reparto de la publicidad institucional para garantizar su independencia y la necesidad de incentivar la alfabetización mediática para combatir la desinformación.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de exigir al PP "un cheque en blanco" con la reforma de la ley de extranjería "mientras premia a sus socios" que, según ha recalcado, han dicho que "no acogerían a ningún inmigrante en sus comunidades". Así, ha criticado que el Ejecutivo sostenga que las comunidades del PP son "insolidarias" cuando "los insolidarios son los partidos en los que se apoya Pedro Sánchez: ERC y Junts".

Así se ha pronunciado un día después de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria hayan registrado en el Congreso la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de repartir menores no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Estos grupos confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración que se prevé para el Pleno del 23 de julio.

Al ser preguntado si el Grupo Popular apuesta en este momento por votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso, Tellado ha recordado las "reivindicaciones" que ha puesto encima de la mesa su formación y se ha quejado de que el PP haya tenido acceso "oficialmente" al texto "después del registro en esta Cámara".

"Las demandas del PP están encima de la mesa, se las hemos explicado por activa y por pasiva al Gobierno de España", ha declarado Tellado, para destacar que Pedro Sánchez debe "convocar una Conferencia de Presidentes" para acordar con las CCAA las "condiciones para acoger a los menores no acompañados", algo que, a su juicio, "es lo mínimo".

Además, ha dicho que el Ejecutivo tiene que hacer "gestiones ante la Comisión Europea y pedir su ayuda, tal y como ya hicieron Italia o Grecia, para hacer frente a la inmigración ilegal". "Y nosotros lo que le pedimos es que hay que trabajar en los países de origen. Y ese es el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y eso no se está haciendo", ha manifestado, para afirmar que España está "viviendo una crisis migratoria que el Gobierno se niega a reconocer".

La Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la idoneidad de los candidatos pactados por el PSOE y el PP para ocupar cuatro de las ocho plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reservadas para juristas de reconocido prestigio, que han logrado el aval de los dos partidos mayoritarios, Sumar y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Tras cinco horas ininterrumpidas de sesión, y después de que siete aspirantes se sometieran a su examen (tres de ellos son vocales suplentes), la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que preside esta comisión, ha dado por concluido este trámite y ha señalado que de las intervenciones de los miembros de la Comisión se deducía "el parecer favorable mayoritario" de los presentes a dicha idoneidad.

En el momento de la consulta de Armengol a los diputados, estaban en la sala sólo representantes de PP, PSOE, Sumar -que propuso dos nombres para el nuevo CGPJ- y UPN. Y es que Vox y Junts sólo han acudido a la comisión para protestar por el pacto bipartidista y ERC, Bildu, PNV, BNG y Podemos, socios habituales del Gobierno de coalición ni siquiera han acudido a la sesión para distanciarse también del acuerdo.

Los juristas propuestos por los dos grandes partidos para ser elegidos por el Congreso para el futuro CGPJ son José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt Jiménez, letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que el regreso de los dirigentes independentistas "debe ser un punto de inflexión para dar un paso adelante en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado". "Es un conflicto sobre la soberanía. Se genera un nuevo escenario político", ha dicho en la Generalitat durante el acto de recepción a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y al vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra, y estaba previsto que también intervinieran el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó, pero no han asistido.

Aragonès ha defendido que la aplicación de la ley de amnistía culmine con el archivo definitivo de todas las causas pendientes, el fin de las inhabilitaciones y el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Ha subrayado que con esto "se genera un nuevo escenario político en que las diferentes partes, especialmente la catalana, verán recuperada la plenitud de sus derechos para poder defender su propuesta en absoluta libertad".

El presidente ha añadido que esta situación debe facilitar que el Parlament, el Govern y la ciudadanía "en los próximos tiempos puedan avanzar en la resolución del conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado". "Hoy constatamos una gran victoria de país. No es la definitiva ni la última de las victorias que conseguiremos, pero es una gran victoria de país", ha dicho Aragonès, que ha recordado que durante su legislatura se han producido los indultos a presos independentistas, la reforma de la sedición en el Código Penal (CP) y ahora la ley de amnistía.

La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a dos condenados y tres procesados por las manifestaciones tras la sentencia del proceso independentista de 2019.

El primero de los autos consultados por Europa Press declara probado que el 15 de octubre de 2019, sobre las 19.30, los dos condenados participaron en la concentración ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se quemaron contenedores y se lanzaron piedras y botellas de cristal.

Uno de ellos empujó con las manos a varios agentes y, cuando uno de los policías intentó detenerlo, trató de sacarle la defensa que llevaba "retorciéndole los dedos con la intención de menoscabar su integridad corporal" y golpeó a otro en la cara. En otro momento, el otro acusado -que iba con la cara tapada- cogió una valla de seguridad y la lanzó contra un agente, "impactándole en la pierna derecha".

Por estos hechos, fueron condenados a 9 meses de cárcel y multa y a más de 2 años de prisión y multa, respectivamente, como autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. Ahora, la Audiencia de Barcelona absuelve libremente a ambos de los delitos por los que les condenaron, al quedar amparados bajo la ley de amnistía, declara extinguida la responsabilidad criminal y pide que se eliminen los antecedentes penales derivados de esta condena.

En el segundo auto, los tres procesados estaban acusados por hechos del 26 de octubre de 2019 en las inmediaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, donde se había montado o dispositivo policial por una manifestación no autorizada contra el encarcelamiento de varios dirigentes políticos.

La manifestación se produjo sin incidentes hasta las 20.00, cuando un gran número de personas, "movidas por la intención de alterar la paz pública e impedir el normal desarrollo de la convivencia ciudadana", se concentraron ante la Jefatura gritando proclamas contra los agentes y trataron de romper el cordón de seguridad lanzando de vallas, piedras, botellas de vidrio, latas y globos de pintura, entre otros objetos.

Entre ellos estaban los tres acusados, que según la Audiencia tiraron piedras y botellas de vidrio a los agentes, sin que conste que hiriesen a ninguno de los agentes, a excepción de uno que causó lesiones de carácter leve a un policía. El tribunal ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los delitos por los que estaban acusados los tres procesados, extingue su responsabilidad penal y pide que se eliminen los antecedentes policiales que dieron lugar a esta causa.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado "impensable" que la forma en que saludó el jugador de la selección española Dani Carvajal al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fuera una falta de respeto y ha restado importancia al gesto, incidiendo en que lo relevante es que España ha ganado la Eurocopa.

"Yo sinceramente no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto, es impensable", ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Carvajal estrechara la mano a Sánchez con frialdad y sin mirarle durante la recepción que el presidente brindó en Moncloa a la selección de fútbol.

"Además sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa", ha acotado, incidiendo en que "lo más importante es la gesta" que ha conseguido la selección, que ha sumado la cuarta Eurocopa, y que ha trasladado "la mejor versión de España".

Precisamente, Alegría ha iniciado su intervención en la rueda de prensa semanal felicitando a la selección por su victoria frente a Inglaterra. Una selección que ha hecho "vibrar" a los españoles y les ha ilusionado y además "es el claro reflejo" de la sociedad española, "una selección plural y mestiza", ha valorado.

"Lo verdaderamente importante es quedarnos con ese triunfo", ha incidido, subrayando que España es el primer país europeo en contar con cuatro Eurocopas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad desestimar el recurso de amparo que presentó el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez Contreras contra la sentencia de los ERE por la que se le condenó a tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que no se ha vulnerado la presunción de inocencia de Márquez Contreras en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Este es el segundo recurso que el tribunal desestima de todos los estudiados hasta ahora relativos a los 'ERE'. El primero fue el del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, quien fue condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso con malversación.

La ministra Portavoz, de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, ha instado al Partido Popular a apoyar la modificación de la Ley de Extranjería y ha indicado que lo que "se espera y se desea" de esta formación es "una respuesta de altura".

"Deseamos que el Partido Popular apoye esta modificación porque hoy se trata de solidaridad y dar respuesta, si me permiten, de una manera más urgente a la comunidad de Canarias y a la ciudad autónoma de Ceuta, en el 2018 fue en Andalucía", ha respondido Alegría a la prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Alegría ha indicado que el PP "tiene que dejar ya de poner excusas" y ha señalado que ahora ya no tiene la "excusa de la ultraderecha" porque Vox les ha abandonado. "La ultraderecha ha abandonado al Partido Popular ahora nos queda comprobar si el Partido Popular ha abandonado también a Vox".

La portavoz del Gobierno, quien ha insistido en que es el momento de que el PP "se comporte" como un partido de estado y plantee y apoye esta "única solución", la modificación de la Ley de Extranjería, que se registró como proposición de ley por parte del PSOE, Sumar y CC este lunes en el Congreso de los Diputados.

Cuatro de los juristas de reconocido prestigio que han sido elegidos por PSOE y PP para ocupar plaza en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han sometido este martes al examen de idoneidad del Congreso de los Diputados destacando que el hecho de haber sido elegidos como aspirantes fruto de un acuerdo político no influirá en la independencia de sus decisiones.

El primero en someterse al escrutinio ha sido José Luis Pillado Costa, actual presidente del Consello Consultivo de Galicia y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, Costa. Tras exponer su dilatado currículum, ha respondido a preguntas de los diputados que no se siente "tributario" de los grupos políticos que le han propuesto y ha apostillado que nadie le "doblegará" y actuará siempre acorde a su "conciencia y obligaciones".

La segunda en comparecer ha sido la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) y letrada del Tribunal Constitucional (TC), Argelia Queralt, quien en su exposición inicial ha defendido que se ha de realizar un análisis serio sobre el acceso a la carrera judicial porque estudiar para la judicatura es "un privilegio que muchas familias no se pueden permitir" por lo que se ha de "democratizar el acceso a este Poder del Estado".

Otra de las aspirantes, María Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha aprovechado su intervención para apostar por que la carrera judicial vaya hacia una mayor especialización dado que "el conocimiento profundo de una materia ayuda a dar respuesta de más calidad a los ciudadanos".

Por su parte, la fiscal Inés Herreros, quien fuera presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha advertido en su intervención de que la demora de cinco años en la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha ido de la mano de su "descrédito" y del "socavo del resto de las instituciones".

En el día de hoy también han comparecido ante esta comisión de nombramientos los aspirantes a vocales suplentes Antonio Dorado Picón, Marta Bueno Salinas y José Luis González Cussac.

El Gobierno ha apostado por no sacar del contexto de la "gran celebración" por la victoria en la Eurocopa los cánticos de "Gibraltar español" que realizaron algunos de los jugadores de la selección de fútbol así como miles de aficionados después del malestar y las críticas expresadas por el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.

"Si siempre el contexto es importante, en el caso de las manifestaciones y de los cánticos que ayer se produjeron más si cabe", ha defendido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministro, recordando que se produjeron en el marco de "una gran celebración".

"Lo que se pudo escuchar o lo que se pudo cantar" durante la celebración en la plaza de Cibeles de Madrid, ha insistido la portavoz, "hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo". En este sentido, ha recordado que "la política exterior de un país la establece el Gobierno de ese país".

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha señalado este martes que tiene "la sensación de que por fin se ha hecho justicia" después de que el Tribunal Constitucional (TC) le haya dado "la razón" al estimar su recurso de amparo en el relación a su condena por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, al tiempo que ha quedado demostrado, en su opinión, que "no había trama política" en torno a ese asunto.

El también expresidente del PSOE y exsecretario general del PSOE andaluz se ha pronunciado así en unas declaraciones difundidas por el PSOE-A al hilo de la decisión del Pleno del TC, conocida este martes, de exonerar a Chaves parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre los años 2000 y 2001.

Tras esta resolución, Manuel Chaves ha declarado que siente "una enorme alegría y satisfacción", que se extiende a todos sus "compañeros", porque "tenemos razón".

"El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón", ha celebrado el expresidente, que ha aseverado que "no había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada".

"Vinieron a por nosotros, y ahora ha quedado todo desmontado", ha dicho también Manuel Chaves, que ha subrayado igualmente que "siempre" ha "confiado en la justicia", que tiene "valores democráticos", que siempre ha creído "en la democracia, en las leyes, y eso implica respetar las sentencias aunque no te gusten, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Partido Popular", al que "sólo le sirve la justicia cuando le da la razón", ha apostillado para concluir.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la comisión rogatoria que libró Andorra a raíz de la querella presentada en ese país contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por la denominada 'Operación Cataluña'.

En un auto, los magistrados estiman el recurso de apelación que presentaron Rajoy, Montoro y Fernández Díaz contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid de aceptar la comisión rogatoria del Principado.

La Audiencia de Madrid considera que, si bien "el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959), lo solicitado excede de la simple notificación de la querella".

En este sentido, explica que en este caso con la comisión rogatoria se trató de "dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana".

Además, los magistrados sostienen que la "solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado", motivo suficiente "para denegar el auxilio sin mayores consideraciones".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2025, que se eleva ligeramente a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año, con el objetivo impulsar la economía, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.

"Damos un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para el año 2025, que esperamos presentar en tiempo y en forma y, por tanto, tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre del año en curso", ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2025.

Montero ha explicado que esta cifra de 199.171 millones es "bastante similar" a la registrada en el año anterior —solo ligeramente superior—, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos Next Generation EU.

El Gobierno ha revisado al alza en cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,4%, y ha mejorado en tres décimas la proyección para la economía en 2025, hasta el 2,2%.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico, que sustenta el techo de gasto y la senda fiscal para el periodo 2025-2027 aprobada este martes y es el paso inicial para empezar con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

Detrás de esta revisión al alza de las perspectivas económicas se encuentra el mejor comportamiento de las exportaciones y la inversión, así como la buena evolución del mercado de trabajo, que el Ejecutivo espera impulsar por encima de los 22 millones de ocupados al final de la legislatura.

El titular de Economía ha explicado que después de esos crecimientos de 2024 y 2025 se espera un "aterrizaje" del crecimiento, que se situaría en niveles cercanos al 2%.

"Esto que se traslada es en una recuperación muy robusta y por encima de nuestros principales socios. España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas no sólo en el corto plazo, sino también a futuro", ha destacado Carlos Cuerpo.

Además, en un contexto marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, el Gobierno ha diseñado una senda fiscal hasta el año 2027 que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y por recortar la deuda pública al final de la legislatura por debajo del 100%.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado este martes el "compromiso" del Gobierno para "no dar un paso atrás" en la violencia machista, tras los últimos asesinatos confirmados, que han elevado a 27 el número de víctimas.

"Una situación terrible y que, desde luego, nosotros queremos, este Gobierno quiere de nuevo manifestar nuestro firme compromiso para seguir luchando contra la violencia que sufren las mujeres y, por supuesto, no dar un paso atrás en esta materia", ha asegurado Alegría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, Alegría ha explicado que, en las últimas horas, el Ministerio de Igualdad ha confirmado seis nuevos casos de asesinatos machistas en España. Así, ya son 1.271 las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

"El último lo acaba de confirmar la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en la provincia de Barcelona y se suman a los asesinatos de Zaragoza, de Valencia, de Madrid, de Tarragona y de Alicante. Y, por tanto, queremos también enviar nuestro cariño a los familiares de estas mujeres asesinadas", ha asegurado la portavoz para añadir que se trata de una situación "de extrema gravedad".

Sumar ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado

También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Así lo han trasladado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo y el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, respecto a las negociaciones que han mantenido con el PSOE sobre el paquete de medidas de regeneración democrática, que mañana detallará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en el Congreso.

Concretamente, ambas formaciones del Ejecutivo han consensuado elimitar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa.

También impulsarán la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) que en el pasado han motivado condenas contra humoristas, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

Otro caso es un cambio va relativo a potenciar la protección del derecho al honor en caso de instrucciones judiciales "interminables" y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado.

Santiago ha explicado que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe "ningún tipo de prueba", que al final tienen un "claro efecto político" para "desprestigiar" a líderes "políticos, sociales y sindicales".

El también dirigente de IU ha remarcado que aún no está concretado el mecanismo concreto de la reparación, pero a su juicio una vía es que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por José Antonio Griñán Martínez contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenaron por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, a las penas de 6 años y 2 días de prisión, con accesorias e inhabilitación absoluta por 15 años y 2 días. 

El tribunal de garantías ha declarado que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. En consecuencia, ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera.