'El 47', de Marcel Barrena, con 14 nominaciones y 'La infiltrada' de Arantxa Etxeberría con 13, son las favoritas para la 39 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Granada el 8 de febrero.
La Unión Europea dio este miércoles el visto bueno final a la norma que permitirá redirigir fondos europeos regionales y flexibilizará el uso de este dinero para paliar los efectos de catástrofes naturales como la reciente dana en España.
El Consejo de la UE (los Estados miembros) adoptaron hoy el reglamento bautizado como "Restore", que autoriza a redirigir hasta el 10 % de la asignación nacional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para hacer frente a desastres naturales.
Este dinero podrá utilizarse para reconstruir infraestructuras, ofrecer asistencia sanitaria, alimentos, ayuda a pequeñas empresas o para financiar programas de mantenimiento del empleo como los ERTE.
El reglamento prevé que los países puedan financiar el 95 % de esos proyectos con fondos europeos, de modo que solo tendrían que costear con sus presupuestos nacionales un 5 % de los mismos, así como que se pueda desembolsar hasta el 25 % de los fondos disponibles en concepto de anticipo.
El PSOE ha votado este miércoles en el pleno del Senado a favor de la creación de una comisión de investigación sobre la dana de Valencia del 29 de octubre, pese a desconfiar del uso que hará de ella el PP, que ha propuesto esta indagación parlamentaria y tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta para dirigirla. Han votado a favor 245 senadores y en contra solo los cinco del PNV, con ocho abstenciones, de ERC y EH Bildu.
La senadora socialista, Cristina Moreno, avanzó en el debate plenario que desde su grupo "confían muy poco" en el PP, aunque voten a favor porque "sin ninguna duda" hay responsabilidades políticas que investigar, motivo por el que los socialistas en el Congreso han impulsado también que se cree otra comisión de investigación.
Como ejemplo, la senadora del PSOE ha criticado que el propio texto de la propuesta indique que la comisión indague sobre "las distintas administraciones implicadas", en un intento de señalar a "múltiples culpables", según la estrategia del PP de que "cuando hay muchos culpables, al final no es culpable nadie".
El fiscal superior José Francisco Ortiz ha entregado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, la memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2023, sin que haya querido pronunciarse sobre la decisión de este órgano de proponer que continúe la investigación por la gestión de la dana.
Mazón ha recibido el documento en un encuentro en el Palau de la Generalitat, junto a la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, de manos del fiscal, que ha manifestado a los periodistas a su salida que la memoria se ha entregado y será en Les Corts donde explique su contenido.
El fiscal ha afirmado que hoy es el día de presentar la memoria y solo ha acudido al Palau con ese fin, al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana al Tribunal Superior de Justicia valenciano de ayer martes en el que propone la inadmisión de las querellas y denuncias interpuestas contra el president y otras personas para que sean los juzgados de Instrucción los que "continúen la investigación" por la gestión de la dana, que ha dejado 223 fallecidos y miles de damnificados en Valencia.
La jueza instructora de la causa abierta a varios cargos de la Diputación pacense, entre ellos a su presidente, Miguel Ángel Gallardo, y a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha reclamado a esta institución provincial que aporte más documentación sobre el puesto de trabajo y las funciones de este último.
A través de una providencia, la magistrada Beatriz Biedma explica que en las "fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de puestos de trabajo" acometidas por la Diputación en los últimos cuatro años no figura, a diferencia de las demás, el apartado de "descripción de funciones del puesto de trabajo" en el caso de David Sánchez. Por ello, ha instado a la institución provincial que aporte dicha descripciones de funciones de David Sánchez "a la mayor brevedad posible".
Además, advierte de que en la documentación aportada por la Diputación no figura la aprobación definitiva del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo de puestos excluidos del proceso de negociación ni tampoco la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), como "condición para su entrada en vigor y efectos jurídicos”.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que se querellará contra el empresario Víctor de Aldama "por injurias y calumnias" y que está convencido de que "además de las condenas que va a tener", se le añadirá una por las alusiones a su persona.
En declaraciones a los medios en València, el ministro ha calificado de "vileza absoluta" las alusiones del empresario en su reciente declaración en el Tribunal Supremo.
El empresario afirmó en sede judicial que se vio con el ministro en varias ocasiones, en una de ellas en un piso que alquilaba en Atocha, donde había "una serie de señoritas", y que este le pidió, a través de Koldo García, una comisión de 50.000 euros por un contrato para la compra de mascarillas.
Preguntado por el suplicatorio remitido por el Supremo al Congreso para el procesamiento del exministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos, Torres se ha limitado a asegurar que "la Justicia ha de caminar por su cauce".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este miércoles a los miembros de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa, a los que ha llamado "macarras", que la posibilidad de "inocularse" entre las fuerzas de seguridad del Estado es "nula" y afirmado que lo único que buscan es "hacer ruido".
El ministro ha respondido de esta forma en el pleno del Congreso durante su comparecencia a petición del PP para dar cuenta de la gestión de la dana y las relaciones que su departamento ha mantenido con el empresario imputado Víctor de Aldama, que acudió acompañado del máximo responsable de Desokupa, Daniel Estévez, a su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado lunes.
Además esta semana se ha hecho público que la Asociación de Tropa y Marinería española (ATME) ha suscrito una acuerdo de colaboración para formación en protección personal que ha sido desautorizado por el Ministerio de Defensa, como también hizo el Ministerio del Interior con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el pasado verano.
Podemos ha registrado una denuncia ante un Juzgado de Instrucción de Valencia para pedir que se investigue a los responsables de los "223 presuntos delitos de homicidio imprudente" de la dana en esta provincia.
La coordinadora general de Podemos en la Comunidad Valenciana y portavoz adjunta del partido, María Teresa Pérez, ha informado este miércoles en declaraciones a los medios en la puerta del Congreso de los Diputados de la presentación de esta denuncia, a la que ha tenido acceso EFE.
"No pueden quedar impunes esas muertes y todos sabemos, es evidente, y el pueblo además lo ha dicho en las calles con varias manifestaciones, que el culpable, el responsable máximo es el señor Carlos Mazón", ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, del PP, a quien no menciona expresamente en la denuncia.
Al respecto, la responsable de Podemos en la Comunidad Valenciana ha señalado que es la Justicia quien debe determinar quién es el responsable de esas muertes "e imponer la pena que considere más oportuna", ya que considera que no es suficiente con investigar en el Congreso y el parlamento autonómico lo que ocurrió el pasado 29 de octubre.
El PSOE votará a favor del suplicatorio del exministro José Luis Ábalos para que la justicia pueda seguir su investigación sobre el exsecretario de organización del partido.
Según ha confirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el grupo parlamentario socialista votará a favor en el pleno del Congreso cuando se someta a votación el suplicatorio de Ábalos pedido hoy por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
El juez aprecia en la actuación de Ábalos indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado 'caso Koldo'.
"Como hemos hecho siempre, respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor del suplicatorio porque como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final, aclare el asunto y determine las responsabilidades que hay en él", ha dicho López a la prensa en el Congreso.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que "es curioso" que la Fiscalía Superior de esta comunidad, "que depende del imputado fiscal general (del Estado), que depende del Gobierno, haya movido ficha con la dana".
Mazón se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas sobre la decisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana de proponer al Tribunal Superior de Justicia valenciano la inadmisión de las querellas y denuncias interpuestas contra el presidente y otras personas para que sean los juzgados de instrucción los que "continúen la investigación".
"El Ministerio Fiscal entiende que, siendo querelladas o denunciadas varias personas, una aforada y el resto sin ostentar dicha condición, procede acordar la inadmisión de las querellas y denuncias interpuestas, acumuladas en la Causa 55/2024", apunta ese escrito.
Si los juzgados de instrucción "estiman que concurren indicios suficientes en contra de la persona aforada (en alusión a Mazón)", la Fiscalía Superior pide que "eleven Exposición Razonada a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".
El Gobierno ha acordado este miércoles con CCOO y UGT recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, una modalidad de retiro que permite compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión, según recoge EFE.
"Con este acuerdo recuperamos un derecho suprimido con las medidas de ajuste y austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en 2012", ha dicho el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la firma del acuerdo.
En representación de los sindicatos han firmado dicho acuerdo el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, y el coordinador de Área Pública de CCOO, Luciano Palazzo.
López ha hecho hincapié en que con esta medida se elimina "una asimetría injustificada con los trabajadores del sector privado", además de que fomenta "la transferencia de conocimiento entre los trabajadores más veteranos y las nuevas generaciones" y es una manera de facilitar la transición entre la vida activa y el retiro.