La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado este lunes que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como la Embajada española en Venezuela "siguen trabajando sin descanso para liberar" a los dos bilbaínos detenidos en ese país acusados de formar parte de un complot terrorista.
Los bilbaínos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, respectivamente, fueron arrestados en Venezuela por su presunta vinculación con una supuesta operación desestabilizadora contra su Gobierno, según afirmó el presidente de ese país, Nicolás Maduro, que tachó de "terroristas" a ambos.
En declaraciones a los medios tras participar en el acto de jura del cargo del recién nombrado subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García, Garmendia ha afirmado que los trabajos para lograr la liberación de ambos arrestados se hacen "con absoluta discreción".
Mientras tanto, ha añadido, "se mantiene el contacto con las dos familias, se las tiene informadas de las gestiones realizadas y se les comunica cualquiera avance".
Garmendia ha insistido en que esa labor diplomática se hace "siempre en la sombra" manteniendo esa cautela, por lo que no ha dado datos respecto a ambos hombres.
El Partido Socialista y Sumar han alcanzado este lunes un acuerdo para desbloquear la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de 500.000 migrantes, según ha adelantado el diario Público y confirmado infoLibre. El Congreso de los Diputados lleva ampliando desde mayo el plazo de enmiendas de una iniciativa legislativa popular que se presentó con el apoyo de 700.000 firmas. Ahora, los dos partidos de Gobierno acuerdan volver a activar su tramitación.
Según Público ambas formaciones han desatascado las negociaciones con la incorporación de una enmienda al texto original, de manera que "se abra un procedimiento de regulatización para aquellas personas que se encontrasen en territorio español antes de diciembre de 2023", en lugar de antes del 1 de noviembre de 2021, como contemplaba el texto original.
"Medio millón de personas están más cerca de ganar derechos. Medio millón de personas que viven y trabajan en nuestro país y que son nuestras vecinas y vecinos. No perdamos ni un minuto más. Contra el racismo, derechos", ha publicado en redes sociales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La Secretaría General de la ONU consideró este lunes que la operación del ejército israelí ayer para incautar y destruir equipos del canal de televesión Al Jazeera en su oficina en Ramala (Cisjordania ocupada), así como el cierre de dicha delegación, responden a un "plan más amplio" del Estado hebreo para limitar la labor de los medios de comunicación.
"Estamos extremadamente preocupados por lo que hemos visto. No es la primera vez que las autoridades israelíes cierran Al Jazeera. Como saben, también lo hicieron en Jerusalén. Creo que esto forma parte de un plan más amplio de limitación de la cobertura mediática y de lo que está ocurriendo en la región", aseguró el portavoz del secretario general —António Guterres—, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Al Jazeera denunció este domingo que soldados israelíes fuertemente armados incautaron y destruyeron equipos en sus oficinas de Ramala, mientras ejecutaban una orden para cerrar la redacción durante 45 días.
Este medio catarí, conocido por su cobertura de los bombardeos a hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de civiles desarmados en Gaza, también informó de que durante el allanamiento los soldados arrancaron un cartel de la periodista Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada hace dos años por un soldado israelí mientras cubría una redada militar en Cisjordania.
La Secretaría General de la ONU pidió este lunes a Israel y a la milicia chií libanesa Hizbulá una desescalada del conflicto que mantienen -agravado en los últimos días- y que se dediquen "todos los esfuerzos" a una resolución por la vía diplomática ante la "alarmante" situación.
"El secretario general (António Guterres) expresa su gran preocupación por la seguridad de los civiles, tanto en el sur del Líbano como en el norte de Israel, así como por el personal de la ONU que se encuentra en esas zonas", declaró el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa desde Nueva York.
La posición del alto representante de la ONU llega en medio de la intensa campaña de bombardeos del Estado judío contra diferentes puntos del Líbano, que se salda ya con al menos 274 muertos, un millar de heridos y miles de familias huyendo de sus hogares.
"El secretario general toma nota de los esfuerzos en curso del coordinador especial de la ONU para el Líbano y de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano de cara a reducir las tensiones, y reitera la necesidad urgente de desescalada", añadió Dujarric.
Todos los partidos del Congreso, excepto Vox, se han adherido este lunes a una declaración política ante el desafío del cambio climático impulsada por la campaña ‘Mandato por el clima’.
El BNG se ha sumado este lunes a la firma de la declaración política ante el desafío del cambio climático que ya habían realizado PP, PSOE, Sumar, EH Bildu, mientras que los representantes de los grupos parlamentarios PNV, ERC, Podemos, Coalición Canaria, UPN y Junts per Catalunya se han adherido pero no han acudido y Vox ha anunciado que no firmará.
La firma se ha realizado este lunes en el Congreso en la tercera y última jornada del programa de formación ‘Mandato por el Clima’, que ha estado dirigida a los grupos parlamentarios y que ha promovido la adhesión a la declaración política.
“Que la mayoría de los partidos políticos están a favor de una acción contra el cambio climático es algo muy potente, pero todo depende de cómo se aplique este acuerdo”, ha afirmado a EFE Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad, que ha añadido que ahora va a haber un “seguimiento y una auditoría sobre las acciones que están tomándose en esta Cámara para que se lleven a la realidad”.
Las familias con hijos a cargo son las más expuestas a sufrir carencia material y social severa, especialmente las monoparentales, según el último informe Focus on Spanish Society, publicado este lunes por Funcas.
La proporción de personas que no pueden permitirse cubrir sus necesidades básicas aumentó del 7,7% al 9% entre 2022 y 2023 en España, que se sitúa en el quinto lugar entre los países con mayores niveles de carencia materia y social severa, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. De hecho, España es uno de los pocos países donde este indicador se incrementó, pese a que entre 2015 y 2023 descendió en la media del conjunto de países de la Unión Europea.
Este informe deja al descubierto que el peso de la carencia material y social severa en España varía significativamente en función del tipo de hogar: los hogares monoparentales, aquellos formados por un progenitor con uno o más niños dependientes, son los que más la sufren, pues afecta a un 18,4 % de los mismos. Les siguen las familias unipersonales de un miembro menor de 65 años (11,8 %) y las familias nucleares (10,2 %), es decir, con dos o más adultos con hijos a cargo.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se reunirá este miércoles en el Congreso con el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, a quien reconoce como el "presidente electo y legítimo" de Venezuela.
El encuentro entre Abascal y González se ha concretado en una conversación que ambos mantuvieron el viernes, ha explicado en una rueda de prensa el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
Garriga, que no ha precisado la hora de la reunión, ha defendido que Vox ha liderado en Europa el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, ya que el eurodiputado Hermann Tertsch fue "redactor, firmante y promotor" de la resolución. Una resolución que, según ha denunciado, el Partido Popular Europeo intentó modificar a última hora con enmiendas para retirar la referencia al carácter "legítimo y democráticamente elegido" de Edmundo González para atraer a algunos votos que "no necesitaba".
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes realizar un requerimiento al Consejo de Ministros para que "cumpla con sus obligaciones" en la atención a los menores migrantes no acompañados, ya que considera que "son su responsabilidad y están obligados a ocuparse".
El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha tomado esta decisión en su primera reunión después de que el viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera de forma cautelar a petición de la Fiscalía el protocolo de acogida de menores aprobado por la comunidad autónoma, al entender que puede perjudicar los derechos de niños "en situación de desamparo patente".
Y lo hace además a 24 horas de que el Consejo de Ministros decida, finalmente, si impugna ese mismo protocolo ante el Tribunal Constitucional por las mismas cuestiones apreciadas por la Fiscalía y por atribuir al Estado competencias que entiende autonómicas.
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), ha explicado en rueda de prensa que, a partir de este requerimiento, el Ejecutivo central tiene 30 días de plazo para presentar alegaciones, y pasado ese plazo los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que consideren oportunas.
El PSOE ha puesto el foco en el PP, al que presionará para lograr su apoyo y poder aprobar la senda de estabilidad que vota este jueves el pleno del Congreso de los Diputados ante el rechazo de Junts, formación con la que, no obstante, los socialistas siguen en contacto, aunque sin negociar nada.
Junts, al igual que el PP y Vox, votará previsiblemente el jueves en contra de la senda de estabilidad, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, pero el PSOE ha optado por fijar la mirada a los populares en lugar de a sus socios de investidura.
"Si el PP vota en contra de la senda, es probable que el Gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos, lo que es seguro es que (Alberto Núñez) Feijóo perderá cualquier oportunidad de presentarse ante España como un político de Estado", ha dicho este lunes en una rueda de prensa la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, en alusión al líder del PP.
La portavoz se ha dirigido a los presidentes autonómicos y alcaldes del PP, así como a los ciudadanos que han votado a favor de esta formación política, como una forma de presión para tratar de lograr el apoyo del principal partido de la oposición con la senda de estabilidad. "Señores del PP, ¿van a permitir que las comunidades autónomas y ayuntamientos pierdan 12.000 millones de euros solo para que el señor Feijóo parezca un líder de verdad, para un postureo en el Congreso, solo para que el Gobierno pierda una votación?", se ha preguntado.
La Fiscalía ha apoyado archivar la causa abierta por el asesinato del edil del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco en 1997 contra tres exjefes de ETA al ver prescrito el atentado, y ha pedido no crear una "jurisprudencia de excepción" para sentarlos en el banquillo, al suponer una "merma del Estado de Derecho".
Cuatro exdirigentes de la banda terrorista -Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Renteria; Soledad Iparaguirre, Anboto; y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri- están procesados en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad como miembros del comité ejecutivo de ETA en el secuestro y asesinato del joven concejal.
Este lunes la Audiencia Nacional ha estudiado en una vista los recursos que interpusieron hace unos meses los tres primeros contra el auto que propone sentarlos en el banquillo al considerar que el crimen ya ha prescrito para ellos por haber pasado más de 20 años -plazo legal de prescripción- entre el atentado y el momento en que se dictó una resolución en su contra.
Las defensas han defendido esta idea y el fiscal Carlos García Berro ha respaldado su tesis en un discurso en el que ha pedido no crear una "jurisprudencia de excepción" ni hacer "interpretaciones imaginativas" en torno a la prescripción cuando "el legislador lo ha dejado muy claro".
El Ejército israelí pidió este lunes a los residentes del Valle de la Bekaa, en el este de Líbano, evacuar en dos horas las zonas cercanas a edificios utilizados por el grupo chií Hezbolá, antes de lanzar nuevos ataques en la zona.
El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, dijo en una rueda de prensa que Israel se prepara "para atacar objetivos terroristas en el Valle de la Bekaa en un futuro cercano".
El portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee, dio dos horas a los residentes de la zona para abandonar las proximidades de los edificios donde Hezbolá almacena misiles y les recomendó alejarse a más de 100 metros de estos lugares o acudir a una escuela cercana.